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La Esperanza/AFP
por Noe Leiva
Familiares e indígenas oraron por la protección de la naturaleza, al cerrar la conmemoración del segundo aniversario del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, por el que fue encarcelado este sábado como «autor nintelectual» un ejecutivo hondureño y ex militar egresado de una escuela militar estadounidense.
En el área verde con árboles de eucalipto de un centro social fundado por la asesinada coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), siete sacerdotes jesuitas oficiaron una misa campesina con alegres cánticos. Una celebración en memoria de la llamada «guardiana de los ríos y de la lucha de los pueblos».
«Berta nos llena de alegría para seguir con su lucha(…) anticapitalista, antipatriarcal y antirracista», proclamó el jefe de los jesuitas hondureños, Ismael Moreno, durante el oficio.
A la misa, concelebrada en la comunidad de La Esperanza, 110 km al oeste de la capital, asistieron unas 200 personas, según los organizadores.
El sacerdote oró por «los ríos, los mares, los bosques, los animales, las selvas, las montañas y muchas mujeres y hombres que como Berta han amado el planeta como nuestra casa común, hasta defenderla con su vida».
«Berta vive, la lucha sigue y sigue», «sangre de mártires, semillas de libertad», coreaban los presentes. En pancartas colgadas de los árboles y en un estrado se leían leyendas como: «Berta a dos años de su siembra», «Despertemos humanidad, ya no hay tiempo».
Al recibir el premio Goldman de los ambientalistas 2015 en San Francisco, California, Cáceres hizo un vehemente llamado a defender la tierra de la destrucción antes de que sea «demasiado tarde».
Moreno destacó este sábado que Cáceres era una luchadora de la etnia lenca que, como «articuladora de procesos», impulsó la integración racial y el movimiento social hondureño, así como también a nivel latinoamericano y mundial.
«Se bajaba del avión desde Europa pero volvía a la montaña» a reunirse con su gente, resaltó.
Nueve personas han sido capturadas como supuestos autores materiales del asesinato. Entre los detenidos hay al menos cinco vinculadas con la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).
La ambientalista, que murió a los 44 años, encabezó bloqueos de calles en protesta por la construcción por parte de DESA de una represa del proyecto Agua Zarca en el río Gualcarque, que baña el montañoso territorio de las comunidades lencas.
Detenido egresado de West-Point
El viernes, la fiscalía capturó a Roberto David Castillo Mejía, un ingeniero y ex oficial hondureño graduado en la escuela estadounidense de West-Point en 2004. Presidente de DESA, es la primera persona en ser señalada de autor intelectual del crimen.
«Ella lo dijo en vida, el que capturaron ayer, David Castillo, un exmilitar graduado en West Point y presidente de DESA», había amenazado con «asesinarla», aseguró a la AFP Gustavo Cáceres, hermano de la ambientalista.
La fiscalía informó este sábado en un tuit que el juzgado dictó «detención judicial» para el sospechoso y que la presentación de pruebas será el 9 de marzo.
En un comunicado emitido la noche del sábado, DESA calificó como «injusta la detención» de Castillo, al asegurar que sus ejecutivos están «totalmente desvinculados del desafortunado hecho que terminó con la vida de la Sra. Berta Cáceres».
Esta decisión judicial «se desprende de las presiones internacionales y campañas de desprestigio de diversas ONG hacia la empresa», argumentó.
Pero Gustavo Cáceres sostuvo que «hay suficientes elementos probatorios para que este descarado se pudra en la cárcel» y que hay otros culpables del asesinato en el Congreso, en el gobierno central y en DESA.
La dirigente indígena fue asesinada entre la medianoche del 2 y la madrugada del 3 de marzo de 2016 por pistoleros que entraron a su casa en la comunidad de La Esperanza.
«La asesinaron tres días ante de su cumpleaños», lamentó durante el oficio Austra Berta Flores, madre de la ambientalista. «La llevamos al cementerio el 4, el día que ella vino a este mundo a dar tanta riqueza, tanta sabiduría y la entregamos a la madre tierra».
La ambientalista tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington, debido a las amenazas.
