Gabriela Sandoval
@Gabriela_Sxndo
Colaboradora
El Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, bajo la dirección de la Jueza Mirtala Portillo de Cruz, emitió una orden de captura contra el doctor Rubén Zamora y el ex presidente Cristiani por el delito de encubrimiento personal en el caso de la masacre del Mozote, sucedida hace 42 años, y cuyos responsables fueron exonerados por la Ley de Amnistía de 1993. Pruebas documentales indican que Rubén Zamora, siendo vicepresidente de aquella Asamblea Legislativa no respaldó ni fue firmante de la Amnistía, por lo tanto, no participó en el supuesto delito de encubrimiento personal del que se le acusa.
Documentación existente sostiene que Rubén Zamora no fue signatario ni apoyó la Ley de Amnistía en 1993, por lo tanto, no participó en el supuesto delito de encubrimiento personal que se le imputa. “Es una orden de captura inconstitucional, ilegal e inmoral”, afirma Ronal Umaña, de Resistencia Ciudadana, una de las organizaciones de la sociedad civil a la que pertenece Rubén Zamora.
La Resistencia Ciudadana, el Bloque de la Sociedad Civil, Movimiento Auténtico Salvadoreño (MÁS), Mesa de Trabajo para una Pensión Digna y la plataforma de Abogados Salvadoreños, que se manifestaron esta mañana en el corazón de la capital, consideran esta orden de captura como evidencia de la persecución política implementada por la actual administración, liderada por Nayib Bukele, contra la sociedad civil que se opone a las violaciones constitucionales y se pronuncia en contra de intentos ilegítimos de reelección.
Ronal Umaña, de la Resistencia Ciudadana afirma que «La dictadura busca silenciar la voz de la oposición”.
En el mismo contexto, hacieron un llamado a la prensa nacional e internacional, a la Organización de Estados Americanos (OEA), la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y los países de la comunidad internacional para que se pronuncien ante el deterioro del sistema constitucional y la violación de los derechos humanos por el gobierno de Nayib Bukele.
Las organizaciones de la sociedad civil pidieron al juzgado levantar la orden de captura por ilegal, al ser inconstitucional.
El artículo 125 de la Constitución señala que ningún diputado puede enfrentar la justicia por lo que opina o vota en el Parlamento.