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Ciudad de Guatemala/AFP
Un juez penal giró una orden de captura en contra del diputado y expresidente del Congreso de Guatemala, Luis Rabbé, por supuestos actos de corrupción durante su gestión el año pasado, informó la Fiscalía.
La orden contra Rabbé, cuyo paradero se desconoce, fue emitida por el juez penal Wálter Villatoro por «la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado por sustracción», dijo a periodistas la vocera de la Fiscalía, Julia Barrera.
Precisó que la medida fue solicitada por el Ministerio Público (Fiscalía) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un ente avalado por la ONU que apoya el fortalecimiento de la justicia en el país.
Rabbé (independiente) perdió la inmunidad a mediados de agosto pasado en el marco de un escándalo de corrupción en el Congreso, que desde que estalló en mayo causó la detención de tres exdiputados y la renuncia de dos legisladores opositores.
Tras perder su inmunidad, Rabbé abandonó del país a pesar de que el Congreso le negó un pedido para ausentarse y desde entonces se desconoce su paradero.
El diputado, quien presidió el Congreso entre enero de 2015 y enero de 2016, dijo en una carta que salió del país porque estaba «realizando entrevistas y reuniones con personas en el extranjero en vista del acoso y persecución política» en su contra.
«Se presume que en ese periodo (del mandato de Rabbé) se realizaron un gran número de contrataciones que al menor escrutinio presentan una serie de irregularidades evidentes e ilegales», afirmó la portavoz de la Fiscalía.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad gestiona «la alerta internacional ante la Policía Internacional (INTERPOL) para lograr su ubicación y captura», puntualizó Barrera.
De acuerdo con la investigación, el diputado habría autorizado nombramientos para integrantes de la junta directiva del Parlamento bajo algunas irregularidades, como que algunos no cumplían con el perfil para el cargo, y creó al menos 164 plazas ficticias y esos salarios fueron cobrados mensualmente.
Asimismo, autorizó la contratación de 42 plazas para su servicio.
Por un caso similar, se encuentra en prisión preventiva desde octubre otro expresidente del Congreso, Pedro Muadi, acusado de la supuesta creación de 15 contratos fantasma a través de una empresa privada para el Órgano Legislativo cuando lo presidió en 2013.
