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Rebeca Henríquez
Samuel Amaya
@DiarioCoLatino
Vidalina Morales es una mujer campesina y activista ambiental quien tiene entre los logros de sus luchas, por medio de la organización social, la aprobación de la Ley contra la Minería Metálica. A 103 kilómetros de San Salvador, esta lideresa de la comunidad Santa Marta, en Cabañas, relata cómo el régimen de excepción ha afectado a las juventudes y, personalmente, a su familia, luego de la captura arbitraria contra uno de sus hijos.
La tarde del miércoles 17 de mayo de 2023, el hijo de Vidalina, Manuel Gámez Morales, de 33 años en ese entonces, fue capturado por agentes policiales en la cancha de fútbol de la comunidad. “Allí fue capturado, engañado”, recuerda ella. Al joven le informaron que sería llevado al puesto de la Policía, porque le iban a “hacer unas preguntas”.
Ella relata ahora, más de un año después, que al momento de la captura “le hicieron lo típico” en una captura arbitraria, en el marco de esta medida que dejó de ser excepcional y se convirtió en una norma, desde marzo de 2022: lo golpearon y lo ultrajaron.
“Lo golpearon, lo humillaron, porque desde que lo capturaron, posterior al traslado de la comunidad hacia Sensuntepeque, le venían diciendo que él era pandillero. Humillaciones de ese tipo”, cuenta.
La también presidenta de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES) asegura que su hijo, como muchos jóvenes capturados arbitrariamente bajo el régimen, es inocente. Pero, además, infiere que su labor como activista pudo ponerlo en la mira de las autoridades, pues fue el único capturado esa tarde.
“Justamente por la mañana de ese día, de la captura de mi hijo, yo regresaba de San Salvador de una entrevista que tuve en la YSUCA. Entonces, hay una situación que puede confirmar, yo sin mucha equivocación, que estaban siguiendo mucho mi activismo, lo que estaba desempeñando en función de la libertad de los compañeros”, expresó Vidalina.
Los compañeros a quienes se refiere son los cinco líderes comunitarios de Santa Marta, quienes son procesados desde enero de 2023 por los supuestos delitos de asesinato, privación de libertad y agrupaciones ilícitas, en el contexto de la guerra. La defensa, sin embargo, sostiene que la Fiscalía carece de pruebas y continúa a la espera del sobreseimiento definitivo.
La captura de Manuel impactó la vida de Morales, pues asegura que fue un golpe en lo más íntimo como madre. “Para mí ese día no existía nada más que no fuera mi hijo, pero en esa debilidad que uno siente también saca fuerzas y yo dije, bueno, es el momento de sacar esas garras de leona fiera. Y yo sí lo dije, lo sentí, se lo dije a una compañera, porque si como madre me toca defender a mi hijo, lo voy a hacer…”, narra.
Recuerda que cuando supo la noticia perdió el control, pues asegura que fue un golpe a su moral. “Eso es lo que justamente pretenden cuando suceden estos casos, es bajar la moral a las personas que de alguna manera hacemos estos activismos en defensa de los territorios. Eso fue muy fuerte para mí”.
El régimen de excepción, que a la fecha registra más de 80 mil capturas, ha sido punto de crítica y preocupación de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, pues entre las capturas se han cometido arbitrariedades, como capturas de personas inocentes, así como graves agresiones a derechos humanos.
Según las autoridades, se ha liberado a más de 7 mil personas, ya que no se les encontró vínculos con pandillas, según manifestaron, en su momento, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, y el vicepresidente de la República, Félix Ulloa.
Diario Co Latino, vía solicitud de información pública, consultó a la Fiscalía General de la República y al Ministerio de Seguridad sobre los detenidos hasta el 15 de julio de 2024, así como las personas liberadas por no tener vinculaciones con pandillas en el mismo periodo. Sin embargo, la respuesta fue que “no hay información generada” al respecto.
Pronta liberación, fruto de la organización
Manuel pasó privado de libertad desde las 4:00 de la tarde de aquel 17 de mayo hasta las 6:00 de la tarde del día siguiente. La presión social y el respaldo a la lideresa de parte de otros activistas, liderazgos comunitarios y organizaciones sociales, nacionales e internacionales, consiguió que el joven inocente fuera liberado 26 horas después.
Vidalina asegura que en esas horas experimentó, como toda madre a quien le capturan a su hijo de forma injusta, momentos de angustia, preocupación e indignación; pero también pudo experimentar lo que ella cataloga como “el nivel de acuerpamiento”, como fruto de la organización social.
Señala que está consciente de que la pronta liberación de su hijo no habría sido posible sin el respaldo de su comunidad, de la organización que representa y de las redes de apoyo. Algo que no poseen todas las madres a cuyos hijos han capturado de manera arbitraria.
“Estábamos justamente en una reunión para ver qué acciones íbamos a desarrollar como comunidad Santa Marta, teníamos nuestros teléfonos apagados y, luego, cuando encendemos los teléfonos, veo el mensaje que me manda un amigo de él, diciéndome que ya estaba liberado. Entonces para mí fue una cosa muy grande, eso es lo que más espera la familia: un mensaje de este tipo que le dé esa fuerza, esa vida que una necesita para enfrentar esos momentos”, recordó Morales.
Luego de ese episodio, Manuel tuvo que acudir a la unidad de salud debido a los golpes que recibió durante la captura. Estos golpes fueron profundos, sin dejar marca externa, en el lado izquierdo de su pecho y pasó una semana con dificultades para respirar.
Las agresiones fueron confirmadas por un delegado de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que acompañó el caso, pues ella y el muchacho acudieron a una unidad de investigación de la Policía Nacional Civil (PNC) para interponer la denuncia.
Sin embargo, les solicitaban el nombre completo del agente agresor, el cual desconocían en ese momento, y un año después siguen sin tener respuesta sobre el caso. Pero sus sospechas sobre la relación de la captura con su labor social siguen vigentes.
“El mismo agente que le golpeó, después que él salió, lo enfrentaba a cada rato y le decía ‘bueno y vos quién sos, solo porque sos hijo de esa vieja que anda ahí gritando que es ambientalista; solo por eso te han soltado’. Insultos de esa naturaleza”, dice.
Sin derecho a defender derechos
“Yo creo que aquí la que se ha visto afectada es la labor de defensa de derechos humanos, de toda naturaleza. Aquí no podemos obviar que ha habido una lucha desde las mujeres, juventudes, desde las organizaciones”, dice Vidalina, quien además apunta que la medida gubernamental también genera miedo en la población para manifestarse y exigir sus derechos.
Según Ismelda Villacorta, directora de fortalecimiento en la institucionalidad del Estado, transparencia y anticorrupción de la Fundación de Estudios para la aplicación del Derecho (FESPAD), actualmente la labor de la defensa de los derechos humanos se desarrolla en un contexto de “alto riesgo”, caracterizado por amenazas, criminalización, intimidación, discriminación, campaña de desprestigio y descalificaciones por parte de funcionarios del Estado.
FESPAD, que forma parte de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos (MDDD), sostiene que los discursos de odio y estigmatización, que son replicados por personas afines o seguidores del Gobierno, se han traducido en ataques digitales, acoso y amenazas a la integridad física.
Además, la ausencia de un marco jurídico que reconozca, proteja y garantice el derecho a defender los derechos humanos facilita las afectaciones a la integridad personal y al trabajo de las personas defensoras.
En el Informe de Agresiones contra Personas Defensoras y Periodistas 2023, publicado en mayo de este año, la MDDD da cuenta de que, en los últimos cinco años, El Salvador ha implementado un modelo de gestión de la seguridad pública sustentado en la suspensión de derechos, primero por la COVID-19 y, luego, por el régimen de excepción.
Esto, según los análisis, ha significado en términos prácticos una crisis de derechos humanos materializada a través de un patrón de detenciones arbitrarias masivas, desaparición forzada de corta duración, crisis del sistema carcelario, malos tratos, tortura y muertes bajo custodia del Estado.
Informes de organizaciones de sociedad civil apuntan que el régimen de excepción ha impactado en el trabajo de organizaciones y personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Al menos 34 defensores de derechos humanos han sido detenidos a lo largo del régimen. Entre ellos destacan comunicadores de medios comunitarios, defensores del medioambiente, representantes del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas y sindicalistas.
La Mesa por el Derecho a Defender Derechos es un espacio de articulación que tiene la finalidad de promover el reconocimiento y la protección de la labor de las personas defensoras y del derecho a defender derechos; en su más reciente informe, comprende el análisis de 226 casos de agresiones contra personas defensoras y periodistas ocurridas en el año 2023.
En el histórico del registro de casos de agresiones contra personas defensoras y periodistas, se detalla que en 2020 se registraron 100 casos; en 2021, 185 casos; en 2022, 182 casos y en 2023, 226 casos. “Esto estaría constituyendo un escenario de mayor riesgo para el ejercicio de los derechos humanos”, sostuvo la mesa en su informe.
Sobre las capturas de mujeres, particularmente, la representante de Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, reveló que la organización ha contabilizado al menos 14 mil mujeres capturadas en el contexto del régimen de excepción. Asimismo, aseguró que al menos la mitad de ellas son inocentes.
Pero, además, en este contexto, y haciendo énfasis en la organización social, Escobar, también defensora de derechos humanos, reconoció que la mayoría de personas que están a la cabeza de las luchas son mujeres. Aunque, en la mayoría de los casos, son víctimas de acoso por las denuncias y exigencias que realizan.
En ese mismo tema, Ismelda Villacorta sostuvo que “los ataques o vulneraciones no solo afectan directamente a las personas defensoras de derechos humanos, sino que estos también alcanzan a sus familias y a las personas que les rodean. Este entorno hostil genera un clima de miedo e inseguridad que puede disuadir a otras personas de involucrarse en la defensa de los derechos humanos, debilitando así el tejido social y la capacidad de la comunidad para resistir abusos”.
Planteó, además, que las actividades de las personas defensoras de derechos humanos son esenciales para el funcionamiento de la democracia; pues, su labor actúa como un contrapeso necesario contra los abusos de poder y garantiza que los derechos de todos los ciudadanos sean respetados.
Vidalina Morales tiene claro que la organización social es fundamental en la defensa de los derechos; pero, además, asegura que, aunque ha habido un avance, es importante que la participación activa de las mujeres incremente, y que puedan asumir puestos clave en la toma de decisiones.
“Muchas de las luchas que se han librado en este departamento (Cabañas) han sido acompañadas desde las mujeres. La lucha ambiental en este departamento tiene rostro de mujer”, expresó.
Aunque sostiene que su labor representa una vulnerabilidad para su familia, en el contexto del régimen, Vidalina sigue firme en su trabajo en la defensa de los territorios y de los derechos humanos, con el respaldo de su familia, y asegura que la denuncia y la organización social deben fortalecerse.
