Organizaciones abogan por ley que garantice el derecho a la vivienda

Alma Vilches
@AlmaCoLatino

La Plataforma Nacional por el Hábitat, MOVITIERRA y FESPAD pidieron al Estado crear junto a la población, políticas públicas orientadas a proteger el derecho al agua y emita una ley que garantice el derecho humano a la vivienda, tomando en cuenta a los diferentes sectores, incluidos la juventud, pues no son espectadores, sino también actores esenciales de la solución.

Esta solicitud se dio en el Día Mundial del Hábitat, que se celebra cada primer lunes de octubre, la fecha fue acordada desde 1985 por todos los países que integran la ONU, con el objetivo de transformar y mejorar la estructura de las ciudades y los pueblos, así como garantizar el derecho básico de las personas a una vivienda adecuada.

Ana Cerna, representante del Movimiento Occidental por el Hábitat (MOHA), manifestó que desde 2008 han trabajado en dar a conocer la Ley de Vivienda elaborada desde las comunidades vulnerables, las cuales son afectadas por la necesidad de una vivienda.

Cerna dijo que dicha ley surge con el objetivo de favorecer aquellas personas quienes no gozan de un sueldo fijo o suficiente para subsidiar una vivienda o poderla pagar, sin embargo, el documento fue presentado en varias ocasiones ante el gobierno y el Ministerio de Vivienda, pero ha sido engavetada.

“Hemos hecho recolección de firmas, levantamiento de información en comunidades y una campaña con una casa móvil, dando a conocer a toda la población de Occidente que hay una ley, la cual queremos que sea reconocida, para que podamos acceder a una vivienda la cual es muy necesaria.

Para Ricarda Villanueva, de MOVITIERRA El Salvador, es necesario que las familias sin casa tengan la oportunidad de una vivienda subsidiada, la Constitución de la República señala que toda persona sin un lugar donde vivir, el gobierno debe buscar la forma de cómo asistirlas.

“Nuestra lucha es que las comunidades asentadas en tierras del Estado también sean tomadas en cuenta, y tengan un amparo del gobierno para poder subsidiar su vivienda, ya que son muchas comunidades a nivel nacional, en esta situación”, sostuvo.

Según Teresa Hernández, de la Dirección de Cultura y Derechos Humanos de FESPAD, desde el año 2010 ya existen propuestas populares para garantizar el derecho a una vivienda y hábitat adecuado, pero luego de14 años ninguna de estas ha sido implementada, al contrario, fueron archivadas por la Asamblea Legislativa.

Hernández, consideró que las medidas propuestas por el actual gobierno en materia de vivienda no están orientadas a garantizar los derechos de las mayorías populares.  El pasado 23 de septiembre, la Asamblea Legislativa aprobó las Disposiciones Especiales para la Promoción y Otorgamiento de Incentivo Fiscal para el Fomento del Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios en Altura, la cual promueve un estímulo fiscal del Impuesto Sobre la Renta, es decir, que no pagarán la renta, por un plazo de 15 años, los empresarios que construyan edificio de hasta 35 pisos, lo cual únicamente beneficiará a los sectores empresariales y no a los sectores populares, los más necesitados con las viviendas.

En 2009, se aprobó la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles, contemplada en el Decreto Legislativo 23-2009, el cual se ha convertido en un instrumento violatorio del derecho a una vivienda adecuada y digna.

Desde 2017 al 2021 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) registró 1,726 procesos que se activaron como parte de dicha ley; en los años 2023 y 2024 se iniciaron 385 y 427 procesos respectivamente.

“La ley se ha convertido en la herramienta perfecta para desalojos forzosos como el ocurrido a inicio de este mes en Intipucá, municipio de La Unión, algo preocupante en un país donde miles de familias aún no cuentan con escrituras. Según el Ministerio de Vivienda, para el año 2022 se registraron 92 asentamientos humanos irregulares”, sostuvo Hernández.

Hernández indicó que la Encuesta de Hogares de Uso Múltiple de 2022 reveló que de cada 10 familias 6 habitan en viviendas inadecuadas, es decir, un lugar vulnerable y sin servicios públicos, ya que las personas no cuentan con los recursos para acceder a una casa construida con los materiales adecuados.

Las organizaciones pidieron al sistema de justicia evitar ordenar desalojos forzosos cuando el Estado no ha dado opciones habitacionales; asimismo, que la Asamblea Legislativa derogue el Decreto Legislativo 23-2009, por promover desalojos de familias.