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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó el 10 de diciembre de 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sildenafil con el objetivo de establecer un marco jurídico internacional para proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Hoy se cumple un aniversario de dicha Declaración, pharm en ese contexto la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica de El Salvador y la Concertación Monseñor Romero, coincidieron en que el Estado Salvadoreño tiene una deuda pendiente con las víctimas del conflicto armado en materia de Derechos Humanos.
Miembros de las organizaciones antes mencionadas basaron su afirmación en los Artículos 3 y 5 de la Declaración, ya que estos establecen que “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona” y que “Nadie será sometido a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
Las organizaciones externaron que hace falta el conocimiento de la verdad y la justicia en los casos de las masacres de El Mozote, de los jesuitas y sus colaboradoras y el asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. “El caso de la masacre El Mozote fue judicializado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de ser responsable de este crimen de lesa humanidad, hasta hoy solo se hicieron unas iniciativas en orden de la reparación, pero falta lo fundamental que es la justicia y la sanción a los autores materiales e intelectuales”, expresó Fredis Sandoval, miembro de la Concertación Monseñor Romero.
Miembros de las organizaciones coincidieron en que uno de los aspectos que limitan que el Estado Salvadoreño brinde justicia a estos y otros crímenes es la aplicación de la Ley de Amnistía.
Por lo que exigen a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declare inconstitucional la mencionada ley. “Como muestra de la separación de la impunidad”.
Sandoval externó que la derogación de la Ley de Amnistía “significaría un avance en varios niveles, primero a adecuar la ley salvadoreña a la Convención Americana de Derechos Humanos, segundo a romper esa actitud enquista de impunidad y tercero a hacer efectiva la función jurídico-constitucional de la CSJ”.
Las organizaciones dijeron que la derogación de la mencionada ley no desestabilizaría a la sociedad salvadoreña, ya que otros países (Argentina) derogaron leyes similares sin generar conflicto social.
PDDH coincide
En tanto, el procurador para la defensa de los derechos humanos David Morales coincidió esta mañana con las organizaciones, de que la deuda más grande del Estado, en casos como el de El Mozote, es por el acceso a la justicia.
“No tenemos investigaciones efectivas. La Ley de Amnistía sigue aplicada indebidamente, inconstitucionalmente. En el caso existen nuevas diligencias fiscales pero me parece que no son suficientes en la medida que no se ha requerido que la amnistía sea anulada y que se retome el juicio que fue archivado hace varios años”, expresó Morales.
Agregó que en el caso del programa de reparaciones ordenado en una sentencia internacional de la Corte Interamericana, como Procuraduría, han constatado que se ha avanzado en algunas reparaciones, pero otras caminan demasiado lento.
“Entre ellas está el empuje de un programa de desarrollo integral para las comunidades de El Mozote y sitios aledaños, lo cual es responsabilidad del Ejecutivo; pero la deuda más grande es el acceso a la justicia”, recalcó.
Las declaraciones del procurador fueron ofrecidas en el marco de la presentación de un video contra la homofobia y transfobia, presentado como parte de la conmemoración del día internacional de los Derechos Humanos, en presencia de la Procuraduría, así como la Oficina para América del Alto Comisionado de Naciones Unidas y el Sistema de Naciones Unidas en el país.
En el video se reflejaron las situaciones que impiden el pleno goce de los derechos humanos de este sector de lesbianas, gays, bisexuales transexuales e intersexuales, en El Salvador.
Durante la actividad se reveló que en el país se registran al mes siete casos de crímenes de odio. Estos casos, según la representante regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Rosa Quintana, se han desbordado desde el año 1999 y a la fecha se registran 200 casos.
En este sentido, señaló que los desafíos que tiene el sector es luchar contra la impunidad y los feminicidios.
En este sentido, se destacó que el país logrará alcanzar mayores niveles de desarrollo humano en la medida que sus instituciones nacionales, organizaciones sociales, sector privado y la población profundice sus niveles de respeto a la diversidad e inclusión de todas las personas.
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