Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Hemos celebrado este foro y marcha por las principales calles de la ciudad, para conmemorar una gesta cívica y democrática ocurrida aquí en el municipio de Asunción Mita, departamento de Jutiapa Guatemala”, dijo María del Carmen Sifuentes, integrante de Laudato Si y la Resistencia Miteca.
“Estamos contentos y felices de haber logrado construir una resistencia pacífica en contra de la mina Cerro Blanco, aunque sabemos que hay cosas no se presentan tan buenas en el panorama político”, agregó.
La Consulta Municipal de Vecinos, que permitió a la población de Asunción Mita y otras aldeas, a decir “No” al proyecto minero Cerro Blanco, de la empresa transnacional de origen canadiense BlueStone Resources, sucedió el 18 de septiembre de 2022.
En la conmemoración se reconoció la labor de “Marichu”, como le llaman cariñosamente a la maestra jubilada, contra la minería, a pesar de la presión política y económica de la transnacional minera, que no ha cesado por la actualización de su permiso con la modalidad de mina a “cielo abierto”.
Ingrid Hausinger, máster en Geología, modelaje ambiental y coordinadora de la Fundación Heinrich Böll de El Salvador presentó a la población de Asunción Mita, en mayo de 2022, el estudio sobre Cerro Blanco y el impacto de convertirse en una mina a cielo abierto. Esto significaría la creación de un “hoyo gigante, que tendría 1, 200 metros de largo por 650 metros de ancho y más de 200 metros de profundidad”.
La maestra Marichu reconoció también el apoyo que el Ejecutivo, a cargo del presidente Bernardo Arévalo, pero la incertidumbre persiste porque sobre las “políticas de extractivismo”, se están enmarcando en la elección de las nuevas cortes en Guatemala.
“Allí hay candidatos fuertes y peligrosos que han sido señalados a escala internacional como corruptos. Nosotros nos preguntamos cómo esa gente de esa calaña, estará en las altas cortes en Guatemala, desde donde pueden revertir leyes para favorecer a esas empresas transnacionales”, manifestó.
“Esta es nuestra preocupación como población, pero también, seguiremos en esta resistencia, siempre estar alertas al informar, concientizar a la gente para que no nos vayamos a dejar meter ese proyecto minero”, alegó Sifuentes.
Guatemala y El Salvador deben dialogar por Cuencas Compartidas
“Lo que menos queremos es perjudicar la calidad de vida, la calidad del agua de los salvadoreños, al compartir estas cuencas transfronterizas. Y estamos concientes que si esta empresa opera será un desastre ecológico”, indicó Sifuentes.
Sifuentes dijo que esto podría originar una “confrontación binacional”, lo que era innecesario si ambos gobiernos buscaban un acuerdo con un Tratado de Aguas Transfronterizas.
“El presidente Arévalo de León, hijo de un gran expresidente de Guatemala, hizo muchas reformas en el pasado. Ahora, el presidente ha estado luchando contra ese pacto de corruptos que no lo ha dejado definitivamente hacer de este gobierno lo que queremos y exigimos la población guatemalteca”, comentó.
“Porque está la sombra de esa persona en el Ministerio Público (María Consuelo Porras), no va a dejar avanzar ni tampoco a penalizar a las personas responsables de la licencia que había concedido el expresidente Giammatei, a sólo 5 días antes de que su mandato presidencial expirara”, denunció Sifuentes.
No obstante, reiteró que como población de Asunción Mita y los pueblos aledaños, seguirán exigiendo no sólo revocar la licencia de actualización de mina subterránea a mina a cielo abierto, que ha solicitado la empresa minera si no la clausura definitivamente.
“Es momento que el gobierno de El Salvador se ponga a trabajar con el gobierno de Guatemala, con los ministerios de relaciones exteriores, para dar señales, por la protección del agua, y la cuenca Ostúa-Lago de Güija- Río Lempa, que es la fuente de agua de más de 3 millones de salvadoreños”, expresó.
Contaminación del río Lempa, un problema de salud
Pedro Cabezas, representante de ACAFREMIN, manifestó: “Nosotros como organizaciones ambientales salvadoreñas, desde que inició esta lucha hemos alertado sobre las implicaciones que el proyecto Cerro Blanco tiene para la seguridad del país en cuanto al acceso al agua y la vida”.
El ambientalista es también de la opinión que si el proyecto de mina a cielo abierto llegara a realizarse, la principal contaminación afectará al río Lempa, que abastece de agua a las dos terceras partes de la población del Gran San Salvador.
“Por esto creemos que el gobierno de El Salvador debe tomar cartas en el asunto y dialogar con el gobierno de Guatemala, incluso, otros gobiernos del área que también tienen proyectos en sus países y compartimos fronteras. Y así desarrollar soluciones a la población, garantizando la viabilidad del país a largo plazo, el acceso al agua y la sostenibilidad de la comunidad”, afirmó.
“La reacción del gobierno salvadoreño ha sido ambigua, dependiendo de los gobiernos, hubo un diálogo, como en el gobierno del FMLN, donde pudimos sentarnos con el Ministerio de Medio Ambiente y Relaciones Exteriores para plantear nuestras preocupaciones, aún con la PDDH, pero con el gobierno actual hubo un cambio, en donde no hay relación directa con los grupos sociales u organizaciones ambientalistas”, declaró Cabezas.
A esto se suma la “lentitud administrativa”, agregó Cabezas, en cuanto a conformar un equipo multidisciplinario para buscar medidas a corto y mediano plazo y evitar una tragedia en los bienes naturales y los habitantes de ambos países.
“El gobierno ha anunciado -a partir de la presión pública-, cuando se tomó el permiso de la BlueStone Resources, para actualizar su licencia de explotación a cielo abierto. Allí, reaccionó el Ministerio de Relaciones Exteriores, y se convocó al Embajador de Guatemala a reunión para que explicará lo de ese proyecto”, señaló.
“También, se dio un pronunciamiento por parte de Cancillería, diciendo que había preocupación por esto, y había un diálogo con el gobierno de Guatemala. Y el MARN que haría monitoreo de las aguas del lago de Güija, pero, no son señales significativas contra esta contaminación”, acotó Cabezas.
El llamado de los colectivos ambientalistas, Iglesia Católica y organizaciones populares, en la conmemoración del segundo aniversario de la Consulta Municipal de Vecinos, es aunar esfuerzos y continuar en la resistencia social y la defensa de los derechos humanos.
“Esta defensa debe ir más allá del proyecto Cerro Blanco, porque hay más de 48 proyectos mineros que están afectando a El Salvador en el lado de Guatemala y Honduras. Como organizaciones sociales proponemos un tratado a nivel regional que proteja las cuencas transfronterizas, porque no está solo en juego la población salvadoreña, sino los habitantes de toda la región”, puntualizó Cabezas.