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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
La acción de mandar al archivo un grupo de 30 expedientes sobre minería metálica y declararlo “tema cerrado” por la Comisión Legislativa de Medio Ambiente y Cambio Climático no termina de convencer a los movimientos ambientalistas, que consideran que luego de seis meses esos documentos pueden ser abiertos, luego de ese lapso de tiempo.
Los representantes de las organizaciones CRIPDES, ARPAS, ADES, UNES y UCA, expresaron su cautela ante la decisión de la nueva presidenta de la comisión legislativa Marta Batres, del partido ARENA, que junto a los otros partidos de derecha avalaron la decisión, ante la existencia de la Ley de Prohibición de Minería Metálica en el país.
“Nuestra preocupación es que permanece allí, la Fundación El Dorado y, ciertamente, sabemos que son fachada de la Pacific Rim y Oceana Gold. Por eso pedimos nuevamente al Ministerio de Gobernación a desinscribirla, porque trabaja por una actividad económica que está prohibida en el país”, expresó Vidalina Morales de ADES.
El planteamiento de las organizaciones, al hacer una lectura en retrospectiva del pasado 4 de marzo, da cuenta que la correlación de fuerzas de la derecha legislativa puede revertir la ley de prohibición y otras que afectan al gran Capital y transnacionales.
“Nos parece interesante el movimiento de la comisión legislativa, porque nosotros hemos venido poniendo en la mente de la población que la reversión de la ley puede suceder. Y ellos creen que con mandar al archivo los 30 expedientes nos queda borrado y eso no es así, porque ellos podrán recibir nuevas iniciativas de ley que lleguen”, acotó Rodolfo Calles, de CRIPDES.
Como sociedad civil organizada en el tema de medioambiente, Andrés McKinley, de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas (UCA), fue enfático en afirmar que el gobierno deberá dar pasos concretos en la implementación de manera concreta de esta ley, que protege los recursos naturales.
“El Ministerio de Economía tiene que trabajar mucho más que solo archivar o negar nuevas solicitudes, su papel debe trascender, según el artículo 2, de la normativa, hay un período de gracia, para los mineros artesanales (güiriceros), y ahí es donde debe trabajar con esas comunidades y de manera participativa y multidisciplinaria, descubrir e implementar nuevas opciones de sobrevivencia y poner fin de una vez, a la actividades mineras”, explicó.
Para McKinley de no atender esta situación en menos de un año este grupo de personas podría pedir una prórroga o, lo más grave, una “reforma” a ese marco jurídico, y luego abrir una puerta que dé posibilidades a las mineras de introducirse de nuevo al país.
Luis González, de la UNES, recalcó que mientras exista oro en el subsuelo salvadoreño, las multinacionales mineras podrán realizar su “lobby político”, además del antecedente del candidato presidencial del partido ARENA Carlos Calleja, quien mantiene vínculos con empresarios mineros como Carlos Slim y Frank Giustra.
“Pedimos que se aborde este tema, hay investigaciones sobre los impactos que las empresas mineras han causado en la cuenca del río Lempa y el lago de Güija, por presencia de químicos y metales pesados. A pesar de las negligencia de los gobiernos vecinos con la minería transfronteriza, el Estado salvadoreño debe trabajar por la seguridad de la población”, consideró.
Leonel Herrera, de ARPAS, externó que existen dos “puertas” de entrada a la minería metálica en el país, la primera a partir de una reforma de ley, por parte de los mineros artesanales y la segunda, por la actividad que desarrolla sin control la Fundación El Dorado.
“Si la Fundación El Dorado es una instancia que busca promover una actividad económica, entonces no es una institución sin fines de lucro, entonces no entendemos esa negligencia del Gobierno, de no proscribirla, porque ya no puede promocionar esa actividad económica”, sostuvo.
Las organizaciones agregaron que estarán vigilantes de las acciones de la nueva Asamblea Legislativa, para que den cumplimiento a las leyes que dan protección a la población y sus recursos naturales.
González explicó que el intento de la derecha legislativa de reformar la Constitución, en el tema de la extensión de tenencia de la tierra, es un “amago” de devolver la “concentración del territorio” en pocas manos.
“Debemos de poner atención al ingreso de un anteproyecto de ley de zonas económicas especiales, que es réplica de una ley similar en Honduras de Ciudades Modelo, donde lo que ocurra, en esa extensión de territorio, el Estado tendrá muy poca o nula intervención porque esa zona tendrá un régimen que regula de forma independiente y esto podrá aplicar a: privatizar un río, una montaña y claro una veta de minería u otras cosas. Ese tipo de leyes no debemos dejar que avancen o sean aprobadas”, puntualizó González.
