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Organizaciones ambientalistas rechazan intento de reactivar minería métalica

Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

Cada 14 de septiembre las comunidades de Chalatenango celebran la primera victoria sobre las empresas mineras extranjeras, quienes buscaban metales preciosos en las montañas de este departamento al Norte de San Salvador.

ACAFREMIN, CCR y CRIPDES, junto a las comunidades de Chalatenango, se pronunciaron luego de realizar la “Caminata al Altar de la Virgen de la Resistencia”, enclavado en el cerro Los Urbina, municipio de San José Las Flores, Chalatenango.

El cerro Los Urbina, durante el conflicto armado de los años ochenta fue escenario de masacres cometidas contra la población civil por el Estado salvadoreño. Y que posteriormente, también fue marco de la lucha social de las comunidades contra las empresas mineras extranjeras; pero encontraron a una ciudadanía organizada decidida a proteger su medio ambiente y la salud de la población para las actuales y futuras generaciones.

En su pronunciamiento colectivo reseñan que en los primeros años de la década de 2000, Au-Martinique, empresa de origen canadiense, obtuvo las concesión de exploración minera por parte del gobierno salvadoreño, abarcando los municipios: Nombre de Jesús, Potónico, San José Las Flores, Nueva Trinidad y Arcatao, en Chalatenango.

“Como es típico de las empresas mineras, Au Martinique, buscó el apoyo de las organizaciones comunitarias ofreciendo empleos, proyectos de desarrollo para las comunidades y crecimiento económico para todos, pero se encontró con un movimiento social unificado junto a Concejos Municipales e iglesias que se movilizaron por varios años para frenar la instalación de ese proyecto”, afirmaron.

En el año 2005 las comunidades de Chalatenango realizaron, por primera vez, la peregrinación al cerro Los Urbina, donde se encuentra la Virgen de la Resistencia, para celebrar el retiro de la empresa Au Martinique, como símbolo de la lucha social porque era allí, que tenía la minera el centro de la concesión.

“A partir de la lucha de las comunidades de Chalatenango, organizaciones territoriales como CCR y CRIPDES, han sido parte de la fundación de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica en El Salvador, que se convirtieron en un referente clave de movilización social a nivel nacional, para lograr la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, que fue aprobada de manera unánime por al Asamblea Legislativa”, afirmaron.

“Entre los años 2014 y 2017, comunidades organizadas de Chalatenango lideraron también la campaña para declarar a estos cuatro municipios libres de minería a través de consultas populares, a través de las normas del Código Municipal. Como comunidades es una tradición de lucha contra proyectos extractivistas”, declararon.

No obstante, señalaron su preocupación por recientes medidas que ha venido adoptando el gobierno del presidente Nayib Bukele, las que consideran como “señales de su intención de derogar la Ley de Prohibición de la Minería Metálica”, acotaron en sus declaraciones.

“Expresamos nuestra indignación por la detención de los cinco líderes como de la comunidad de Santa Marta y ADES, quienes han sido referentes de la lucha anti minera en el departamento de Cabañas. Creemos que su detención es un acto de intimidación orientado a desmovilizar comunidades organizadas de Cabañas ante una eventual derogación de la prohibición minera. Y pedimos su libertad definitiva ”, indicaron.

“El Estado salvadoreño, además, tiene deudas pendientes a partir de la prohibición minera vigente desde 2017, por lo tanto, como comunidades y organizaciones sociales en Chalatanango, aglutinados en el CCR, CRIPDES, la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica en El Salvador y la Alianza Centroamericana Frente a la Minería, reiteramos que el gobierno respete la prohibición minera”, acotaron.

Asimismo, demandaron el cierre técnico y remediación ambiental de 15 pasivos mineros, que identificó el Ministerio de Economía.

 

Además, piden justicia y reparación para familiares y víctimas de la violencia minera y la negociación de un Tratado de Aguas Transfronterizas para evitar contaminación por proyectos mineros en zonas fronterizas.

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