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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Seis años han pasado desde la aprobación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en el país. Y tampoco hemos dejado de luchar para que ese marco jurídico siga vigente desde el año 2017”, dijo Vidalina Morales, presidenta de ADES, organización integrante y fundadora de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica en El Salvador.
“Hemos luchado también exigiendo al Estado salvadoreño la remediación ambiental o cierre técnico de los pasivos mineros del oriente del país y por esto presentamos una propuesta de Reglamento de la ley, pero no han dado ninguna respuesta a la fecha”, agregó Morales.
ACAFREMIN, la Mesa Nacional Frente a la Minería y el Movimiento Ecofeminista de El Salvador y comunidades se pronunciaron en el marco del sexto año de aprobada esta ley de prohibición minera, reconocida alrededor del mundo por ser la única, y primera en el mundo.
No obstante, las comunidades afectadas y organizaciones comunitarias y ambientalistas temen que el gobierno del presidente Nayib Bukele aspire a revertir dicha ley, porque en los mercados internacionales la industria minera supuestamente es fuente de divisas extranjeras.
Asimismo, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica reafirmó que en El Salvador no se ha abordado la problemática minera heredada por gobiernos permisivos y empresas irresponsables desde el enfoque del impacto que esta industria tendría en los territorios.
A manera de resumen histórico, Morales manifestó que las comunidades en los territorios de Cabañas y Chalatenango, acumulan experiencias satisfactorias como el logro de la prohibición de la minería metálica, pero también, cuentan con momentos graves de represión contra la población que terminó con el asesinato de líderes ambientalistas como: Marcelo Rivera, Ramiro Rivera, Dora Sorto y su bebé de 8 meses de gestación (2009) como acción de amedrentamiento a la resistencia comunitaria.
“Y parece que esta situación se repite, en este año 2023. Nos preocupa la situación que estamos enfrentando en el departamento de Cabañas, ya que nuestra organización ADES, que integra la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, que ha venido luchando y mantenido la resistencia contra la minería y denunciando a estas empresas estamos siendo criminalizados”, acotó.
Ahora nuestra organización enfrenta indicios de criminalización puesto que nuestro director ejecutivo Antonio Pacheco y nuestro asesor jurídico Saúl Rivas, se encuentra en prisión desde el pasado 11 de enero y otros tres líderes de la comunidad Santa Marta, una comunidad histórica que ha luchado por alcanzar mejores condiciones de vida de sus pobladores”, denunció Morales.
Igualmente, Cidia Cortes, bióloga e investigadora Ambiental, explicó que en la ley, el gobierno cuenta con un instrumento que le da elementos estratégicos para realizar estudios de cuencas hidrográficas y argumentos consistentes para el cierre de la minería metálica para siempre en el país.
“Cuando hablamos de la cuenca no solo se trata del río San Sebastián, que es el caso que hemos venido estudiando, si no también, todas las cuencas y los ríos San Sebastián, Guascorán, y el Grande de San Miguel, que llegan al océano, actualmente todos tienen y plomo; entonces, lo oportuno es un estudio para eliminar esos elementos”, sugirió.
“Y la remediación de estos ríos y cuenca, el gobierno tiene que hacerla con la gente, porque son los afectados en su salud. Tenemos una cantidad enorme de personas que están apareciendo por la parte del río San Sebastián (Santa Rosa de Lima, La Unión) que conviven donde está la mina. Hay gente que está muriendo por insuficiencia renal (IRC)”, acotó Cortes.
En cuanto al río Lempa, la bióloga señaló que en las aguas de ese caudal se encuentran otros elementos derivados de los agroquímicos empleados en la industria del monocultivo de la caña de azúcar, que no solo arrebata la fuente de abastecimiento de consumo humano en la ciudad si no la afectación del medio ambiente.
“Hay otro problema que es la minería de fronteras porque tenemos proyectos mineros que vienen de Guatemala, como la mina Cerro Blanco, donde llevamos una lucha de 7 años para que ese proyecto no se instalé, porque de darse caerán todos los desechos en el río Lempa y el lago de Güija”, adivirtió la bióloga.
“Hay proyectos en Honduras por el lado de Victoria que solo está a una distancia de 10 kilómetros y nosotros hicimos un estudio del río Mocal que trae desechos y no sabemos si es de minería porque no logramos verla, pero de los estudios de agua y sedimento -si sabemos- que trae arsénico y plomo, y este río desemboca en el río Lempa”, refirió Cortes.
Una de las “amenazas internas” que rondan al país, manifestó Pedro Cabezas, activista de ACAFREMIN, es la falta de cumplimiento de las demandas que han venido presentando las organizaciones ambientalistas con el cierre de la minería artesanal que existe en San Sebastián en Santa Rosa de Lima.
“No hay acciones de remediación, todavía sigue el río San Sebastián con su drenaje ácido -producto de la minería- en décadas pasadas y los gobiernos que no han tomado en estos últimos 6 años de prohibición minera, acciones a implementar y las alternativas económicas para que los mineros artesanales dejen de contaminar”, dijo.
“No existe tampoco justicia para los compañeros que fueron asesinados debido a la represión de la empresa minera, es decir, no se han llevado a los tribunales a los autores intelectuales de estos asesinatos y por ahora existe una serie de amenazas (estado de excepción) que van aumentando a nivel nacional”, consideró Cabezas.
Asimismo, llamó la atención de las amenazas de la minería en la región, al comentar que “Centroamérica es una región minera y se está convirtiendo en un destino de las empresas mineras globales”, y que varios estudios han determinado que Honduras, Guatemala y Nicaragua, naciones que rodean a El Salvador, tienen un porcentaje entre el 40 a 60% de territorios concesionados a proyectos mineros.
“Estamos hablando de más de la mitad del territorio nacional de los países que nos rodean que tienen proyectos mineros. Solo entre ellos existen entre 250 a 300 concesiones mineras y todas estas concesionadas a empresas multinacionales que vienen de los Estados Unidos, Canadá, Europa , Colombia y Rusia, y son quienes están presionando para que estos gobiernos permitan la extracción minera en sus territorio”, sostuvo
En cuanto a los manejos del tema minero en el país, Cabezas, señaló que en los últimos dos años han atestiguado que el gobierno salvadoreño está cediendo a esta presión de las transnacionales mineras, en el supuesto que la “la minería es fuente de divisas extranjera para nuestros países”, señaló el representante de ACAFREMIN.
“Acciones como unirse al Foro Intergubernamental de Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible, una organización fachada de las empresas mineras y se reformó la Dirección de Minas e Hidrocarburos por la Dirección General de Hidrocaburos y Minas, ¿Cómo haces eso, si existe una ley de prohibición de la minería metálica?”, se preeguntó Cabeza.
Ante esta situación, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador, ACAFREMIN y el Movimiento Ecofeminista de El Salvador, exigieron de manera “urgente” la implementación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, indicó Ariela González, abogada de FESPAD.
“Pedimos que se tome en cuenta la Propuesta para un nuevo Reglamento de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, presentada en noviembre de 2022 por la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador, para evitar que la contaminación del agua siga ocurriendo”, agregó González, de FESPAD.
“A la Asamblea Legislativa dar iniciativa y aprobar al reforma al artículo 117 de la Constitución de la República, para prohibir la minería metálica en todas sus modalidades, para no dejar posibilidad alguna a las empresas mineras de hacer cuentas alegres con los bienes minerales de El Salvador y garantizar los derechos humanos ambiental del pueblo salvadoreño”, puntualizó González.
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