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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Aprobar la Ley de Minería en El Salvador fue calificado como un “atentado” por las organizaciones ambientalistas que se presentaron en las afueras de la Asamblea Legislativa para exigir a los diputados que no derogaran la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, ya que sería un grave retroceso en materia de derechos ambientales y también humanos por las afectaciones que traería la explotación de la minería.
Organizaciones como la UNES, ReVerdes, Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua, la Comunidad Santa Marta y otras desarrollaron un plantón desde la mañana de este lunes frente a la Asamblea para hacer conciencia a los parlamentarios de los peligros que significa ejecutar la explotación minera. Este plantón se dio, luego que el viernes entrara oficialmente una pieza de correspondencia llamada “Ley General de Minería Metálica”, la cual se “estudió en solo dos horas y medias del sábado y se aprestaba aprobar en el pleno este lunes, todo de forma exprés y sin consulta a la población, mucho menos de los afectados que lucharon por décadas para la Ley de Prohibición de la Minería en 2017.
La Ley de Prohibición de la Minería “representa una invaluable victoria de las comunidades rurales en el país por sobre los intereses de las corporaciones mineras que tanto daño hicieron a la salud de la población, el agua y los demás bienes naturales”.
Las organizaciones manifestaron que, con la nueva Ley General de la Minería Metálica, “bajo el argumento de ser el Estado el único autorizado para explorar, explotar, extraer y procesar los productos de la minería metálica” se pretende ocultar la creación de asocios públicos-privados con corporaciones mineras que tengan participación directa en el ciclo extractivo y que no se necesitará la aprobación de la Asamblea Legislativa a través de otorgamiento de una concesión. Lo anterior vulnera lo establecido en el Art. 103 de la Constitución de la República el cual establece que el subsuelo es propiedad del Estado y que, para su explotación, dado su valor estratégico, se necesitará la autorización de la Asamblea Legislativa.
Dicha propuesta de Ley, en ningún artículo establece la necesidad de someter un proyecto minero al respectivo Estudio de Impacto Ambiental y posterior entrega de Permiso Ambiental.
La organizaciones sociales y medioambientales manifestaron que a pesar de la aprobación de la Ley General de Recursos Hídricos, que prometió una adecuada gestión de las cuencas hidrográficas y justicia en el acceso al agua de la población, “poco o nada se ha hecho para alcanzar este objetivo, el cual se vuelve un sinsentido entrando a competir un proyecto minero en la utilización del agua disponible en el país”. También, la nueva Ley de la minería en ningún artículo habla de la participación ciudadana, sobre todo de las comunidades afectadas que serán desplazadas y privadas de sus medios de vida por los proyectos mineros, ni se establece ningún tipo de consulta ciudadana a través del ejercicio del derecho a la consulta, libre previa e informada, “estableciendo con esto claramente que no es de interés del gobierno de Nayib Bukele el escuchar a la población y a sus necesidades más básicas”.
