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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
Al menos veintiocho organizaciones de la sociedad civil extendieron una carta abierta al fiscal general de la República, Raúl Melara, para que la Fiscalía General de la República (FGR) ejecute su rol de promover acción penal contra funcionarios que vulneren la Constitución de la República y las leyes secundarias.
Las organizaciones expusieron que algunas de las medidas adoptadas en el marco de la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19 son violatorias de derechos fundamentales y principios democráticos. El reiterado incumplimiento de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional ha derivado en violaciones de derechos fundamentales de ciudadanos residentes en el territorio nacional, así como de aquellos que quedaron fuera del mismo al decretar la emergencia sanitaria por la pandemia y cerrar las vías de entrada al país, manifestaron las instituciones.
“Es necesaria la labor protagónica y efectiva por parte de la fiscalía, como organizaciones respaldaremos todas las acciones de investigación y los procedimientos que sean realizados por la FGR siempre y cuando estén en garantizar seguridad jurídica a la República y hacer que se acaten las órdenes judiciales que tutelan derechos fundamentales”, reza la misiva dirigida al fiscal general este miércoles. La sociedad civil organizada ha denunciado en varias ocasiones en el marco de la emergencia sanitaria que las acciones de prevención y combate a la enfermedad no pueden significar una vulneración de derechos, por lo que funcionarios y empleados podrían ser procesados por estas vulneraciones.
Desde el pasado mes de mayo, el Ejecutivo ha limitado la libertad de circulación en todo el territorio nacional mediante decretos, lo cual según la Constitución debe hacerse mediante una ley emitida por la Asamblea Legislativa, asimismo, han existido denuncias, desde el inicio de la cuarentena domiciliaria, de retenciones arbitrarias y abusos de parte de agentes de autoridad.
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) señaló en mayo pasado que la emisión recurrente de decretos ejecutivos con los mismos vicios de inconstitucionalidad, son una táctica para evadir el control de constitucionalidad, en la medida que se es declarado inconstitucional uno; se emite otro con exactamente las mismas disposiciones.
