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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Un total de 15 organizaciones civiles llegaron a la Asamblea Legislativa para presentar una propuesta de ley especial para la facilitación del mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).
En esta propuesta se plantea que se reconozca la instancia internacional con autonomía financiera y operacional independiente, objetiva, neutral y transparente, establecida para coadyuvar con el Estado salvadoreño en la prevención, investigación, persecución y sanción de los actos de corrupción y otros delitos conexos. Antonio Aguilar Martínez, de la Fundación Cristosal, dijo que las organizaciones están interesadas en el fortalecimiento de la institucionalidad del Estado encargada de la investigación, persecución y sancionamiento de la corrupción.
“Estamos impulsando una ley especial para facilitar el mandato de la CICIES así como también un decreto de reformas al Código Procesal Penal”, dijo.
El objetivo es habilitar legalmente a la CICIES o a organismos internacionales similares para que se constituyan como parte querellantes dentro de los procesos penales que se impulsan en el ámbito de la corrupción y a la superación de la impunidad.
Las organizaciones piden que a través de un decreto legislativo se dote a la CICIES de las condiciones y facilidades para desarrollar su mandato para que dicha Comisión pueda hacer un trabajo eficiente, objetivo, una labor más contundente y de mayor impacto hacia la institucionalidad del Estado.
Todo esto, tomando en cuenta el acuerdo magno que sostuvo El Salvador con la Organización de Estados Americanos (OEA) el 26 de noviembre de 2019.
Al aprobarse estos marcos normativos que las organizaciones presentaron, la CICIES tendría en el país una mayor independencia. Y la esencia de la misma sería apolítica.
Actualmente, la Comisión Internacional está amparada en un acuerdo Ejecutivo por lo cual se ve limitada a su actuación, es por ello que las organizaciones piden a los parlamentarios que se emita un decreto para que tenga mayor actuación y, sobretodo, transparente.
Aguilar dijo que con esto se le dotarán herramientas que tendría facultades para interponer denuncias, avisos en la FGR.
De igual forma podría actuar como querellante para los caos en el marco de su competencia.
Para esto último se requiere una reforma al Código Procesal Penal, incluídapor las organizaciones en sus peticiones en la propuesta.
Además, se debe establecer una comisión ad hoc que facilite un proceso de debate y análisis abierto, inclusivo y ágil del presente proyecto de ley.
Aguilar señaló que “en ningún momento las propuestas pretenden sustituir la labor de los organismos constitucionales como la Fiscalía General de la República”, ya que la CICIES actualmente tiene una labor de ser un apoyo a las instituciones públicas, principalmente con la FGR. La redacción y la elaboración del documento respeta la labor del Fiscal General de la República, para que sea un instrumento que mejore la institucionalidad del Estado, indicó Aguilar.
Loyda Robles, de FESPAD, agregó que la Asamblea Legislativa está por terminar su mandato por lo que esperan una respuesta efectiva.
La corrupción “es un flagelo que afecta directamente los derechos económicos, sociales y culturales de la población, si no lo vemos así, estamos segados y no estamos viendo esa afectación directa que se tiene.
Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, instó a la Asamblea Legislativa para que estudien objetivamente el proyecto y que lo aprueben.
También hizo un llamado al presidente, Nayib Bukele, para que no vete el producto que pueda surgir de este estudio porque “la intención es darle más fuerzas al mecanismo que el mismo Ejecutivo promovió”.
Mario Ponce, Presidente de la Asamblea Legislativa, Rodolfo Parker, del PDC, Leonardo Bonilla, independiente, y Margarita Escobar, de ARENA, dieron su firma para que pudiera iniciar el debido proceso.
