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Ovidio Mauricio González, coordinador de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”. Foto Diario Co Latino/Gloria Silvia Orellana

Organizaciones consideran que la migración evidencia el deterioro de derechos humanos en la región

Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino

“Al migrante se le debe dar facilidades junto a un análisis de esta situación para dar respuestas adecuadas”, dijo Ovidio Mauricio González, coordinador de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, en referencia a la situación que está viviendo la caravana de migrantes hondureños que cruzaron el río Suchiate, en desafío a la medida del gobierno mexicano de cerrar la frontera entre Ciudad Hidalgo, Chiapas.

“Si hablamos de El Salvador, según las autoridades ya no se habla de problemas de pandillas (violencia), que los homicidios han reducido y hay días que reportan cero homicidios; entonces, ¿por qué se va la gente? Es el problema económico y así lo dice mucha gente y documentan muchos estudios; entonces, los gobiernos deben atender esta situación, pero sin violencia”, consideró.

El tema se abordó en el marco del encuentro “Los nuevos ciclos sociopolíticos en Centroamérica y su impacto en la vigencia de los Derechos Humanos”, que ha reunido a diversas organizaciones de derechos humanos, con el fin de evaluar el fenómeno de las rupturas y continuidad en el contexto político centroamericano, entre otras temáticas.

Mientras, Mercy Ayala, del área de investigación del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de Honduras señaló que desde la génesis, caravanas que salieron desde el 2018, se marcó un antes y después en materia de movimientos de migración irregular hacia los Estados Unidos.

“Sabemos que el origen de esos movimientos migratorios fue Honduras, muchas de las personas que integran las caravanas han salido coordinándose, muchas -si recordamos- post el proceso electoral del país en el año 2017, con la reelección presidencial ilegal que se dio, generó violencia y en el año 2018 tuvieron mayor relevancia estas caravanas; y la última, la más reciente, que es la que se encuentra todavía en camino, salió de San Pedro Sula, en Honduras, el 15 de enero pasado. Arrancamos el 2020 con esta caravana, pese a las restricciones migratorias, a pesar de que Estados Unidos ha radicalizado las medidas y a pesar del muro físico y ahora militar en México, que impide a los migrantes hondureños y hondureñas”, explicó.

Los representantes de las organizaciones pro derechos humanos de Guatemala, Honduras y El Salvador, conocido como el Triángulo Norte -reconocidos como “países expulsores”- luego de negociación bilaterales con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se han convertido en “países seguros”, a fin de evitar que los migrantes centroamericanos pidan asilo al país del norte.

“Las crisis políticas, económicas, sociales y culturales provocan este flujo y éxodo migratorio, que tiene que ver con la violencia como la hemos vivido en recientes años en nuestro país (Honduras), como el Golpe de Estado de 2009, que marcó toda una década de crisis que ha consolidado una dictadura en el país, a cargo del Partido Nacional”, expresó Ayala.

Los insumos y experiencias que serán compartidos por las organizaciones pro derechos humanos -durante dos días- culminará con una síntesis y conclusiones de la jornada, en la preparación de agendas nacionales y regionales en materia de dignidad y justicia para los pueblos.

“Vamos a abordar temas como la migración, medio ambiente y grupos de exterminio, que violentan los derechos humanos; abusos de poder como lo ocurrido con Marlin Sierra de la CENIDH, perseguida por el régimen nicaragüense, y se canceló la personería jurídica de su organización. Es una situación que podría ocurrir en el país, con la Ley de Organizaciones de Derechos Humanos que ha sido promulgada por nuestra Asamblea (Legislativa), con el cuento de fiscalizar el lavado de dinero, para intervenir una organización de derechos humanos”, expuso.

Asimismo, mencionó los problemas que enfrenta la población al carecer de una Ley General de Aguas y Saneamiento, que vulnera la garantía a su acceso, a la calidad, siendo una agua sana y cantidad para el consumo humano y doméstico.

“Muchas veces estos ciclos que impactan la vigencia de los derechos humanos se deben a que los gobiernos no responden a los intereses de la población, sino que a intereses particulares o de sectores de poder, por esto se vuelve cíclico y lo que pasó allá en Nicaragua en los años setenta, que fue una persecusión a la población, pues se está dando nuevamente en el 2020, que puede ser fuerte en algunos momentos, en todos los países”, puntualizó.

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