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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Las organizaciones que conforman la Alianza Nacional El Salvador en Paz, 15 de septiembre 2021, se concentraron en el Salvador del Mundo para mostrar su descontento con las acciones tomadas por el gobierno y dieron 30 días de plazo para que restablezca el orden constitucional en el país, cuya ruptura inició el 1 de mayo cuando asumió la nueva Asamblea Legislativa y destituyó al fiscal general de la República y los magistrados de la Sala de lo Constitucional.
Santos Melara, coordinador de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, destacó que le dan al gobierno un plazo de 30 días para cumplir un pliego de exigencias, entre las que está la restitución del fiscal general de la República; la reincorporación laboral de los más de 40 mil despedidos de las alcaldías en todo el país, así como de la Asamblea Legislativa, FGR, sector judicial y otras instancias públicas.
Asimismo, enfatizó que es necesaria la restitución de jueces y magistrados; regresar el 8% del Presupuesto General de la Nación a la Ley del Fodes para las alcaldías; respeto a separación de poderes; derogación de la Ley Alabí y Ley Bitcoin; restituir el respeto de la libertad de organización y movilización, y revertir la resolución emitida por la Sala de lo Constitucional sobre la reelección del actual presidente.
“Le advertimos presidente que el pueblo aglutinado en la Alianza Nacional El Salvador en Paz 15 de septiembre, no vamos a tolerar sus pretensiones de reformar la Constitución de la República, la nacionalización del sistema de pensiones; entorpecer las relaciones internacionales con los países amigos que resguardan y cobijan a nuestros compatriotas; la aplicación al canon de cobro por la extracción a las juntas de agua. No vamos a permitir más despidos en lo que resta del año 2021”, recalcó.
Según Melara, otra de las exigencias es la resolución inmediata para que la seguridad pública esté al servicio de la sociedad salvadoreña, a fin de encontrar y evitar más desapariciones; mayor diligencia investigativa en los casos denunciados por las familias afectadas. Así como aprobación del presupuesto 2022 por $333.9 millones para el Instituto Nacional de Veteranos y Excombatientes, que incluye 200 dólares de pensión.
“Demandamos la reversión del alto costo de los productos básicos de la canasta como son frijoles, arroz, azúcar, energía, agua, gasolina, etc. Presidente Bukele, le reiteramos nuestra firme decisión de otorgarle 30 días de plazo para que cumpla las reversiones planteadas, y que tome en cuenta nuestras exigencias”, manifestó el coordinador de la Alianza.
Los representantes de la Alianza señalaron que en dos años y meses del ejercicio presidencial, la controvertida y desajustada conducta política de Nayib Bukele ha mostrado un giro insospechado que ha sorprendido también a la comunidad internacional, que está siendo testigo de la rara gestión de un gobierno altamente polémico, con sorprendentes niveles de corrupción, evidentes síntomas de autocracia y tendencia dictatorial.
“Este 5 de noviembre del 2021, en que históricamente conmemoramos los 210 años del Primer Grito de Independencia, nos encontramos reunidos quienes formamos parte del 75% del pueblo insatisfecho y descontento con el gobierno de turno, que provenimos de distintos sectores de la sociedad civil, quienes nos sentimos mentidos, engañados, burlados, agraviados, atropellados y amenazados por el desgobierno de Nayib Bukele”, afirmaron.
Para las organizaciones, las acciones Bukele y su gobierno están sembrando en el país un creciente ambiente de incertidumbre social, económica y política, propiciando con ello un acelerado proceso de atrofiamiento y desmontaje democrático, el quiebre del estado de derecho y la desarticulación jurídico-institucional del Estado que tantos esfuerzos le ha costado a la sociedad salvadoreña para mejorar, armonizar y garantizar su convivencia social y coexistencia medioambiental.
A la vez, los efectos del acelerado proceso de atrofiamiento político del país, fomentado por el gobierno, se han extendido desbocadamente a otras áreas vitales de la realidad nacional, como son la seguridad ciudadana, la estabilidad laboral y la seguridad de la propiedad privada. Asimismo, ha violado la forma de gobierno republicano, democrático y representativo prevalecido en el país, al tiempo que ha irrespetado la independencia de poderes de los órganos del Estado y la Constitución de la República.
Las organizaciones reiteraron que el hombre quien en su papel de candidato a presidente se desgarraba las vestiduras y le prometía a la población que combatiría frontalmente la corrupción, en tan sólo dos años como presidente de la República se ha convertido en más de lo mismo, otro descarado protagonista del mismo mal con el que acusó a los presidentes anteriores.
También denunciaron que la Policía Nacional (PNC) instaló retenes en varias carreteras, para impedir la participación de quienes viajaron del interior del país.
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