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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Hacemos la denuncia oficial del intento de captura de miembros del MOVIR , el día 7 de julio, luego de finalizada una actividad pública, en donde estábamos denunciando las capturas arbitrarias, los muertos en los centros penales por falta de atención médica o por torturas”, denunció, Samuel Ramírez, integrante del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR).
Las organizaciones de derechos humanos Tutela Legal “Dra.María Julia Hernández”, IDHUCA y el SSPAS, acompañaron la denuncia de dirigentes del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), luego de un seguimiento e intento de captura de sus líderes.
Posterior a esa concentración Ramírez relató que se percataron de una presencia y movilización inusual de la PNC, en la actividad del MOVIR, con vigilancia por personas vestidas de civil, la presencia militar en la zona y un intento de bloquear la Plaza Salvador del Mundo para desarrollar la actividad pero que la presencia de los familiares afectados lo impidió.
“Fue un intento de captura real, nos persiguieron desde el Parque Cuscatlán, -una patrulla- y nosotros íbamos en un microbús, éramos 10 integrantes del MOVIR, nos adelantaron con el carro y nos ordenaron bajar del vehículo y alcance a escuchar a uno de los policías decir -ya los tenemos- creemos que era un mando estratégico policial”, narró.
“Nos hicieron muchas preguntas y buscando excusas para capturar a cualquiera de nosotros; preguntaron si alguien del grupo había sido liberado recientemente, -aunque consideramos que alguien que fue liberado es porque comprobaron su inocencia- y no deberían seguir tratándolo como delincuente; luego que si el microbús tenía permiso para llevar gente, en fin, buscando excusas para capturarnos”, refirió Ramírez.
No obstante, la presencia de periodistas en el momento de la captura, agregó Ramírez, permitió, la documentación de vídeos y fotografías de lo que estaba ocurriendo entre la PNC y los dirigentes del MOVIR. Y pese a las disculpas posteriores por uno de los agentes de la PNC, decidieron denunciar este caso de intimidación.
“Nos estaban fichando, y quiero denunciar que la estrategia del régimen es primero fichar a la gente, su nombre y dirección para posteriormente completar una captura. Eso es lo que ocurre con personas capturadas en sus lugares de origen. Y agradecemos a las organizaciones de derechos humanos que apoya a nuestro movimiento que no defiende criminales, sino inocentes”, reiteró Ramírez.
Verónica Reyna, directora del SSPAS, extendió su mensaje de apoyo y respaldo al MOVIR, a la que sumó la denuncia pública a esta acción de intimidación, amenaza y posible detención a personas que integran el MOVIR.
“Queremos señalar claramente que esta es una agresión directa del Estado a activistas, a personas defensoras y víctimas del régimen de excepción, que están denunciando los abusos que comete la Policía Nacional Civil, los centros penitenciarios, custodios como las torturas y muertes en donde señalan al Estado”, dijo.
“Esa agresión no puede verse aislada de esas acciones de defensa de derechos humanos que MOVIR está realizando de manera constante, en ese sentido queremos anunciar que este caso lo estamos documentando y va a ser divulgado a distintos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos para que esta información se le de seguimiento para que a las personas del MOVIR no se les intimide más”, agregó Reyna.
Las organizaciones exigieron al Estado salvadoreño dar cuenta sobre el estado de salud física y psicológicamente de las personas capturadas, que son inocentes, así como informar sobre su paradero a sus familiares y abogados para preparar argumentos de probatoria de inocencia de estas víctimas.
Gabriela Santos, del IDHUCA, enfatizó que era “lamentable como el Estado se ensaña con personas víctimas que se ha conformado justamente por falta de información del Estado hacia las personas detenidas y que esta situación revictimiza a esta población.
“No sólo no brinda información -ahora- vemos un acto de persecución, y ahora también el Estado reprime y amenaza esa denuncia y exigencia de algo que ellos tienen la obligación de cuidar y proteger la integridad de estas personas”, manifestó.
“Queremos enfatizar que vamos a seguir acompañando a estas personas víctimas a sus derechos humanos y se trata de personas inocentes que han sido detenidos arbitrariamente. Y esto trata de padres, madres, hermanas, tíos y abuelas que están en un búsqueda constante de cómo están sus familiares, que sólo buscan información y es indignante el comportamiento del Estado”, subrayó Santos.
Para Ovidio Mauricio González, coordinador de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, recordó que “es un derecho la libertad de expresión”, al referirse al derechos de los integrantes del MOVIR a buscar información de sus familiares ante el Estado salvadoreño.
“Esto ha hecho MOVIR , validar ese derecho a la libertad de expresión y buscar información en Medicina Legal, sobre las personas fallecidas del régimen, ese es un derecho que tienen, y del Estado la obligación es dar esa información. Claro, se niegan porque eso empaña su campaña electoral”, opinó González.
Hay un número indeterminado de personas inocentes que fallecieron bajo custodia del Estado, por falta de alimentos, por falta de atención de salud a personas con enfermedades crónicas, y al final han terminado con un diagnóstico de colapsos, cuando realmente fueron vapuleados ilegalmente, dencia.
“No son sólo 173 muertos, es una cifra oscura que el Estado ha mantenido en silencio y las personas que integran el MOVIR quieren saber dónde están enterradas sus familiares, en esas fosas comunes que podemos llamarles -clandestinas-, esa persecución nos lleva a los setenta y ochenta, en donde este gobierno no se diferencia en nada a los gobiernos de esa época”, sostuvo González.
“Parece que esto que vivimos no le importa a nadie”, resumió así, Luisa Hernández, los seis meses sin su hija detenida por agentes de la Policía Nacional Civil, recién llegada al país luego de cumplir con una visa de trabajo en Estados Unidos. “Es injusto porque sólo vino a engrosar las estadísticas de personas inocentes capturadas”, y ya lleva 6 meses de detención arbitraria.
“Yo doy la cara por mi hija, porque el MOVIR sólo defiende personas inocentes, tenemos documentación y moralidad; no defendemos personas que deben a la justicia o la sociedad. Mi hija tenía dos años de trabajar de esa manera y la capturaron. Ahora, quiero que me expliquen cómo fue posible que con su récord limpio, quieran hacerla pasar por delincuente, eso es indignante”, señaló.
“Es lamentable que digan estadísticamente que van 70 mil delincuentes detenidos, cuando sabemos que allí van miles de personas inocentes que no le deben nada a la justicia. No sé a dónde recurrir porque he ido a todos lados y hasta ahora ni siquiera sus arraigos me han querido aceptar. La policía cuando la detuvo dijo que sólo le harían unas preguntas en la delegación y han pasado 6 meses de esto, nos tienen sumergidos en esta desgracia”, concluyó, Luisa Hernández.
