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@GloriaCoLatino
“Le pedimos al Fiscal (Douglas Meléndez) que se muestre parte de este caso, sovaldi buy cialis que lo retome para hacer justicia”, cialis dijo Madre Guadalupe Mejía, mind de CODEFAM, al conocerse la deportación del exministro de Defensa, Guillermo García a territorio salvadoreño.
Un tribunal de justicia civil en Estados Unidos juzgó y condenó al ex-jefe militar, por la supuesta vinculación a múltiples casos de violación a derechos humanos, durante el conflicto interno de la década de los años ochenta.
Con una petición de justicia y verdad, las organizaciones que aglutinan a la Comisión Pro Memoria Histórica de El Salvador, exigieron la apertura de los casos interpuestos ante la Fiscalía General de la República para brindar reparación a las víctimas sobrevivientes y familiares por las acciones criminales de los militares salvadoreños.
La orden de deportación de José Guillermo García fue ejecutada por la Junta Migratoria de Apelaciones, luego de haber sido vencido en juicio y condenado a pagar 54 millones de dólares a las víctimas.
Entre los casos más emblemáticos en que se relacionan al exmilitar José Guillermo García y Mauricio Vides Casanova se encuentra el asesinato de las tres monjas Dorothy Kasel, Ita Ford, Maura Clarke y la misionera laica Jean Donovan todas de nacionalidad estadounidense.
Ese 2 de diciembre de 1980, cuando el conflicto armado iniciaba de lleno, las religiosas de la orden Mariknoll fueron perseguidas, capturadas, ultrajadas y asesinadas, por miembros de la temida Guardia Nacional (GN), y luego fueron enterradas en la calle vieja a San Pedro Nonualco, La Paz. Así como otros crímenes de guerra afirmaron las organizaciones Pro-Memoria Histórica.
“Nos han violado tantos derechos humanos de mujeres, niños y hombres… es tiempo que se haga justicia y que retomen el caso de estos militares… pedimos que el nuevo Fiscal Meléndez investigue a fondo, así como, ha dicho ser el -fiscal del pueblo- entonces queremos que aplique la justicia y luego, buscar la reconciliación, porque no la hay en este momento por la impunidad”, afirmó.
Mientras, la exmagistrada Mirna Perla, del Colectivo Herber Anaya Sanabria y el Movimiento 5+ , a no dar trato preferenciales a reconocidos “genocidas” que están señalados en el informe de la Comisión de la Verdad, cuando deberían guardar prisión al llegar al país.
“Aquí no se ha hablado de la masacre de la Guacamaya que fue en octubre de 1980, donde arrasaron con toda esa población al Norte de Morazán, queremos que estos exmilitares sean identificados como son… responsables de la violación de derechos humanos que en forma sistemática enlutaron a El Salvador”, acotó.
Sobre la niñez y adultos desaparecidos, Perla agregó que deberían ayudar a las organizaciones sociales para encontrarlos y contribuir con información fidedigna de los miles de casos de desparecidos que son expedientes documentados y que han sido presentados a organismos judiciales internacionales.
“Lil Ramírez era una abogada brillante que se destacó por ser mujer luchadora que se destacó por pedir justicia en El Salvador y que quedó en la Guardia Nacional desde 1977, y en la época que el ex ministro José Guillermo García asumió ese cargo, ella estaba todavía ahí y lo podemos constatar con gente que vino de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, explicó.
