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El Servicio Social Pasionista, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad “José Simeón Cañas” y CRISTOSAL instaron a la Comisión de Seguridad Pública tomar en cuenta a las organizaciones de derechos humanos en el análisis de la situación de la seguridad pública y los centros penales.
La petición surge luego que el Ministerio de Justicia propusiera la integración de las medidas extraordinarias en la Ley Penitenciaria.
Las organizaciones de derechos humanos mostraron su descontento con las medidas propuestas, entre ellas, la suspensión de visitas total o parcial por tiempo indefinido de acuerdo a criterio de la dirección de cada centro penal. Cuando la visita sea permitida esta será siempre controlada por custodios y sin contacto físico.
Las medidas extraordinarias son implementadas desde abril de 2016, que si bien indicaron que han desarrollado iniciativas legítimas y necesarias, han demostrado su naturaleza violatoria de derechos humanos, sostienen.
Según la fuente, la reforma también contempla que se dé potestad al juez o jueza y a los tribunales competentes a realizar audiencias sin que la persona imputada se encuentre presente, si se cuenta con la presencia del abogado defensor, obligando únicamente a brindar una reproducción de la audiencia a la persona imputada en las siguientes 72 horas luego de celebrada.
Además de instar a la Asamblea Legislativa a rechazar la propuesta, llamaron a la comunidad internacional de derechos humanos a estar vigilantes de las acciones del Estado salvadoreño.
