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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Las organizaciones ambientalistas de Guatemala y El Salvador han cerrado filas contra el proyecto de la mina Cerro Blanco, de la empresa BlueStone Resources, de capital canadiense, dado el impacto irreversible que vivirán las comunidades transfronterizas, ya sea por la sobreexplotación del recurso hídrico y/o por la contaminación química de sus suelos de cultivo.
Tras el “Foro Tejiendo Resistencia ante la Mina Cerro Blanco” y el lanzamiento de Campaña de denuncia contra la mina transfronteriza Cerro Blanco, diversos colectivos ambientalistas, de derechos humanos, de mujeres, Pueblos originarios, religiosas y las comunidades, acordaron trabajar en común acuerdo para crear oposición frente a megaproyectos inviables con la vida del ser humano y el medio ambiente.
El Salvador, como indica un informe presentado por las organizaciones es “agua dependiente”, ya que sus principales ríos que lo abastecen no nacen en su territorio como el Lempa, si no en Guatemala. Y han podido verificar que existen 42 proyectos mineros que amenazan directamente las cuencas transfronterizas, y el más grave es Cerro Blanco, a tan sólo 113 kilómetros de distancia de territorio salvadoreño.
Pedro Cabezas, de la Alianza Centroamericana frente a la Minería (ACAFREMIN), expresó que la reunión de los colectivos pretendía en un primer momento, la actualización del caso de la Mina Cerro Blanco, luego de la Consulta Municipal de Vecinos, realizada en septiembre de 2022, en Asunción Mita, Guatemala, que permitió libremente a las comunidades expresar el “NO” a la minería metálica” en el sus territorios.
“A partir de esa consulta de vecinos quedó claro -para nosotros- que la empresa minera canadiense, pese a la negativa de las comunidades, la trabaja en colusión con el gobierno de Guatemala, para imponer ese proyecto a las comunidades”, sostuvo.
“Y esto nos abre un nuevo escenario de resistencia y lucha que tiene tres espacios: el primero en El Salvador, en donde todavía debemos seguir insistiéndole al gobierno intervenir en el cierre de esta mina y junto al gobierno guatemalteco lograr que ese proyecto deje de operar”, manifestó.
Cabezas agregó que el segundo escenario es en Guatemala, cuyas comunidades enfrentan las acciones de la empresa minera, luego de los resultados de la consulta popular que rechazó el proyecto y cómo está la situación en comunidad frente a las autoridades ante la petición de cierre de la mina Cerro Blanco.
“El tercer escenario es en Canadá. Sabemos que la empresa trabaja con financiamiento canadiense y con el apoyo de su gobierno; entonces, estamos desarrollado una alianza con organizaciones sociales canadienses para montar una campaña pública contra esta empresa en Canadá, con la presentación de un informe”, agregó.
“Es un estudio donde reportamos al gobierno canadiense y le explicamos cuales son las violaciones de derechos humanos que la empresa (BlueStone Resources) ha hecho y cuales son las irregularidades que envuelven la obtención de permisos ambientales de la mina. Y nuestras demandas desde las comunidades para el cierre de la mina por su potencial contaminación a los territorios guatemalteco y salvadoreño”, reafirmó Cabezas.
La mina Cerro Blanco afecta a 40 comunidades agrícolas de Asunción Mita, Guatemala, y Metapán, en El Salvador, cuyos pueblos originarios antes de la conquista española crearon una cultura hídrica que terminó aportando al mundo saberes y conocimientos ancestrales, los que ahora están desechando como basura, explicó Julio González del Colectivo Ambientalista Madre Selva, de Guatemala.
González relacionó los aportes de la región centroamericana, y su diversidad de “productos de la tierra que ahora son parte de la seguridad alimentaria mundial”. Y que como “cuna del maíz“, junto a los conocimientos heredados en astronomía, medicina y agricultura, continuaban siendo 500 años después invisibilizados y sin participación social.
“Somos hermanos y compartimos cultura y bienes naturales. Y en ese sentido somos testigos del grave desequilibrio ambiental que se ha provocado a partir de la imposición de modelos económicos en donde no existe la consulta ciudadana y la participación social para decidir que modelo de desarrollo, actividades políticas y económicas que queremos”, indicó.
“Y la minería irrumpe en la región transfronteriza como Cerro Blanco, que es un aviso de la gran necesidad que tenemos de contar con verdaderas evaluaciones ambientales para saber qué nos depara el futuro y tener un ordenamiento territorial estratégico que nos diga que se puede edificar o no en esta región”, consideró González.
Un estudio de Raquel Aldana y Randall S. Abate (2016) , sostuvo que el proyecto minero, de continuar durante 12 ó 15 años, que es la vida útil estimada para Cerro Blanco, vendría a generar “variaciones de presión en los mantos acuíferos”, lo que afectaría a las comunidades y a las mujeres, en especial que se dedican a la provisión y acarreo de agua.
Las mujeres como población más afectada junto a la niñez en la región, fue retomada por Nelly Silva, del Movimiento Ecofeminista de El Salvador, quien argumentó que desde el año 2008 han venido “poniendo el dedo en el renglón” a los gobiernos de El Salvador y Guatemala frente a la amenaza que depara la operatividad de la mina Cerro Blanco para ambas naciones.
“Para las mujeres, ya sea las guatemaltecas y salvadoreñas, es preocupante que estén invisibilizando la posibilidad de poner un alto a estos proyectos extractivos. Creemos que estos proyectos van a provocar otras situaciones como las migraciones y más violencia para la mujer”, argumentó.
“Y queremos saber que intereses existen detrás de todo este silencio, que intenciones existen para que no haya ninguna funcionaria de Cancillería que este diciéndole al Canciller de Guatemala, que dialoguen sobre esta situación y tampoco observamos presidentes de ambos países reunirse para dialogar y poner alto a la mina Cerro Blanco”, expresó Silva.
Sumado a la preocupación por el silencio de las autoridades gubernamentales alrededor de la Mina Cerro Blanco, Ariela González, de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica en El Salvador, advirtió que era “alarmante” para el movimiento ambientalista salvadoreño las señales administrativas de gobierno del presidente Nayib Bukele, que van encaminados a reactivar la minería metálica en El Salvador, pese a existir una ley de prohibición.
“Nos preocupa, porque sabemos de las condiciones ambientales de nuestro país y prácticamente de las condiciones de cantidad y calidad de agua en el territorio nacional. Y no haber salido aún de la crisis hídrica de estos últimos tres años”, indicó.
“Y hemos visto cómo esta amenaza ha ido tomando relevancia, que van unidas a estas manifestaciones de las autoridades ambientales de país, que se han quedado pasivas en referencia a manifestar una postura clara y concreta sobre la prohibición de la mina o advertir de las consecuencias nefastas que ha dejado la minería en el país”, reconoció.
Las organizaciones ambientalistas demandaron de ambos gobiernos iniciar un “diálogo” y cuyo fruto sea la firma de un Tratado que permita el cuido y la defensa de aguas transfronterizas, y la prohibición de la minería en estas zonas en que se comparten cuencas hídricas y fronteras.
Asimismo, que este tratado incluya el respeto a la “autonomía de los pueblos, al legitimar las decisiones que se toman en los territorios como lo hicieron las comunidades de Asunción Mita, que rechazaron por libre determinación la actividad de la minería metálica con un NO ( 7 mil 481 votos) y un Sí (904 votos) de un universo de 8 mil 500 personas.
