Organizaciones de la Sociedad Civil piden a países invocar Carta Democrática de la OEA y al Estado salvadoreño restaurar el orden constitucional

Redacción

@DiarioCoLatino

Organizaciones de la sociedad civil enviaron este día a las diferentes delegaciones diplomáticas con representación en El Salvador, una carta donde solicitan convocar de inmediato al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, para activar el procedimiento previsto en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana.

También solicitan en la misiva “al Estado de El Salvador que se restaure el orden constitucional a las condiciones previas al golpe, a través de la ejecución de una serie de acciones por parte de la Asamblea Legislativa”.

Entre estas, las organizaciones piden que se “rechace las renuncias suscritas por los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General de la República por haberse emitido en condiciones irregulares”

Asimismo, piden “que reconozca la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 1-2021, emitida en la noche del 1 de mayo de 2021, y que declaró inconstitucional la decisión de destituir a los magistrados”.

Por otra parte, estas agrupaciones solicitan al Estado  “que derogue los decretos legislativos número 3, “mediante el que se nombraron nuevas personas como magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia” así como el Decreto Legislativo Número  4, a través del  cual se destituyó al Fiscal General de la República y el  Decreto Legislativo número 5 mediante el que se nombró a una nueva persona como Fiscal General de la República”.

Piden además “que las posteriores elecciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia se realicen cumpliendo con lo ordenado en la Constitución, las leyes, y los principios de independencia judicial y separación de poderes”.

Entre las organizaciones firmantes se encuentran Fusades, Funde, DTJ, Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), Acción Ciudadana y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional-Sección El Salvador (IIDC). Entre los firmantes del documento se encuentran el exmagistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González.