Organizaciones de mujeres lanzan el “Observatorio Manuela”

Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

En seguimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), organizaciones de mujeres y derechos humanos, hicieron el lanzamiento del “Observatorio Manuela”, el cual busca convertirse en una herramienta esencial de consulta y seguimiento de la sentencia de la Corte IDH, y fortalecer la lucha contra la criminalización de las emergencias obstétricas en El Salvador.

“Este día acompañamos el lanzamiento del Observatorio Manuela, para dar seguimiento de la sentencia histórica que fue emitida por la Corte IDH (2021), en respuesta a una denuncia presentada en nombre de Manuela y su familia, junto a varias organizaciones colitigantes”, explicó Alejandra Burgos.

La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, en conjunto con el Centro de Derechos Reproductivos lanzaron el “Observatorio Manuela”, lanzaron el observatorio, a fin de impulsar desde la sociedad civil la fiscalización social y ofrecer información pública sobre el estado de la Sentencia emitida por la Corte IDH.

“El Estado fue condenado y encontrado responsable por la Corte IDH de las graves afectaciones que sufrió Manuela. El Estado violó sus derechos contemplados en la Convención Americana de Derechos Humanos, y otros contemplados en la Convención para la Erradicación de todas Formas de Violencia en la Convención Belem Do Pará, que reconoce que todas las personas deben vivir libres de discriminación y de una Vida Libre de Violencia para las Mujeres”, explicó.

Asimismo, el colectivo denunció el incumplimiento de la sentencia de la Corte IDH, que ordenó una serie de medidas como reformas estructurales a los sistemas de salud y justicia, a fin de dejar de criminalizar a las mujeres con emergencias obstétricas.

“En el caso de Manuela el Estado fue condenado a reparar el daño de Manuela, de sus hijos y sus padres. En ese sentido la importancia de este Obsevatorio que dará seguimiento al cumplimiento de la sentencia y el ejercicio de la ciudadanía también, de hacer contraloría ciudadana del actuar del Estado”, indicó Burgos.

“En la sentencia hay llamados importantes como la educación integral en materia sexual y reproductivos y aplicar las medidas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sobre las complicaciones obstétricas y personas gestantes, que pide al gremio médico no criminalización a mujeres en su etapa gestacional. Es preocupante porque vemos que esto no se ha cumplido en el contexto del régimen de excepción, como la compañera Dina Hernández, que actualmente se encuentra privada de libertad a pesar de tener ya una orden de libertad”, prosiguió Burgos.

Observatorio Manuela herramienta de fiscalización social 

“Esta herramienta permitirá a las personas tener acceso a esta información pública y que conozcan el estado de la implementación de la sentencia (CIDH)”, dijo Esteban Madrigal, asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos.

“La población podrá conocer no sólo el estado de la implementación de la sentencia, sino tener acceso a la información, sobre todo, las medidas de carácter estructural -como le llamamos- al que se suman medidas de reparación y medidas de no repetición”, afirmó.

“¿Esto qué significa?, que son medidas para hacer cambios a nivel estructural de la política pública y legislación, con el fin de que los hechos como los que sufrió Manuela no vuelvan a ocurrir a ninguna otra mujer y no sean criminalizadas por emergencias obstétricas”, señaló Madrigal.

Para el asesor legal del Centro de Derechos Reproductivos, el hecho de que la población o investigadores sociales tengan acceso a información sobre la sentencia de la Corte IDH, les permitirá medir en tiempo los avances de cumplimiento o los obstáculos y desafíos que enfrenta su implementación.

“La sentencia de Manuela, más allá de reparar a las víctimas, lo importante es que las sentencias de la Corte IDH buscan generar cambios en la sociedad, y eso, pues, también hace que la sentencia sea para todas las mujeres. Y conociendo su contenido se verá cómo el Estado avanza”, aseveró.

“Es importante recordar que los Estados ante los mecanismos de seguimiento, de supervisión de derechos humanos de la CIDH o la Corte IDH fueron creados por los propios Estados, que cuando firman convenios o tratados se someten a la jurisdicción de estos organismos. Y ¿Qué significa? que se someten a ser fiscalizados, revisados y que estas instancias puedan emitir informes o sentencias”, reiteró Madrigal.

En el caso de El Salvador, aclaró el abogado, las sentencias son de “obligatorio cumplimiento”, y deben de implementarse por el Estado que ha sido condenado ante una denuncia. Y, que, al haber suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el principal instrumento de la Corte IDH, está obligado a rendir cuentas.

“Hay cuatro medidas que consideramos fundamentales para generar estos cambios, primero, es la implementación de los protocolos de la Atención a Emergencias Obstétricas y el Secreto Profesional, aplicándolo al sistema de salud y a todas las instancias del sistema de justicia y ejecutivo”, expresó.

“Segundo, se debe implementar una educación integral en materia de sexual, esto también lo ordena la Corte IDH, y hemos visto en este país algunas posiciones del Estado que quiere retroceder en todo lo relacionado a la educación sexual integral, para ejercer derechos y el respeto de los derechos de las mujeres en particular”, prosiguió Madrigal.

Otra de las recomendaciones, mencionó las “capacitaciones” a funcionarios del sistema de salud y justicia, ya que no es sólo implementar los protocolos ordenados por la Corte IDH, sino que conozcan y apliquen los derechos en materia sexual reproductiva.

“Esto es fundamental, que los y las funcionarias del sistema de salud y judicial, comprendan cuáles son los estándares de derechos humano que deben respetar, sobre todo, cuando hay mujeres que enfrentan emergencias obstétricas u otras emergencias que puedan afectar su vida”, puntualizó Madrigal.