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Durante los últimos cinco años, purchase El Salvador registró importantes avances en el tema de la transparencia en la gestión pública y la persecución a la corrupción con la creación de una Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción, que ha promovido el uso de la Ley de Acceso a la Información Pública para que la población pueda ejercer su derecho a conocer datos referentes al trabajo de instituciones públicas y al de aquella privadas que reciben fondos públicos.
A esto se le sumó la promoción de la denuncia de actos de corrupción, promovida durante el gobierno del Presidente Mauricio Funes. Sin embargo, casos de malversación de fondos del Estado permanecen sin ser procesados judicialmente, otros se han dilatado lo suficiente como para que los delitos estén a punto de prescribir, o no se han otorgado condenas “justas y significativas”, aseguraron Saúl Hernández de Oveja Negra, y Raúl Durán del Movimiento Contra la Corrupción de El Salvador. En la entrevista Agenda Ciudadana de Televisión de El Salvador (TVES), ambos representantes detallaron que ya se han presentado solicitudes en conjunto a la Asamblea Legislativa y a la Fiscalía General de la República para exigir que actúen en conocidos casos donde funcionarios públicos se han visto involucrados.
Ellos señalaron que diferentes organizaciones de la sociedad civil como Iniciativa Social Para la Democracia (ISD) se han mantenido vigilantes del cumplimiento de esta ley y del desempeño de las autoridades competentes, realizando informes que reflejan que el gobierno salvadoreño se ha esforzado por impulsar la apertura de oficinas de atención y respuesta, colaborando en la capacitación a instituciones sobre el tema del acceso a la información.
Ministerios como Obras Públicas, Medio Ambiente, y Salud han recibido buenas calificaciones de parte de la Subsecretaría por la rápida adaptación a la ley de acceso, mientras que las alcaldías y la Universidad de El Salvador fueron señaladas como las más renuentes a abrir oficinas de respuesta, y la Asamblea Legislativa por no brindar información solicitada.
Sin embargo, en relación al combate a la corrupción afirman que aún no se observa una postura firme por parte de todas las autoridades competentes.
“No se ha visto un papel contundente del Fiscal General de la República en el caso de Francisco Flores. La actuación pasiva y retardada del fiscal nos preocupa; exigimos que este caso se procese lo más pronto posible, que se resuelva antes de que prescriban los delitos que se pueden alegar”, aseguró Hernández de Oveja Negra.
