Gloria Silvia Orellana @DiarioCoLatino “ Nos sorprendió la resolución de la jueza porque fue totalmente inesperado, porque teniendo un requerimiento tan pobre –es una aberración jurídica el requerimiento fiscal- y lamentamos que a partir de esto mandaran a nuestros compañeros a la cárcel”, dijo Carlos Flores, del Foro del Agua. “Porque no son solo estos 6 compañeros de Santa Marta los que están viviendo el problema, es Santa Marta, es Victoria (municipio) y es El Salvador los que estamos perdiendo la justicia, estamos frente a una resolución de una jueza que no tiene fundamentos”, agregó Flores. Alfredo Leiva, habitante de la Comunidad Santa Marta e integrante de ADES, manifestó: “queremos externar nuestro malestar por la decisión de la jueza de mantener retenidos a nuestros compañeros con pruebas débiles, lo que nos lleva a la conclusión que esto tiene un trasfondo político, y dejamos claro que no estamos de acuerdo y vamos a seguir luchando hasta que nuestros compañeros queden en libertad”, indicó. Mientras, el abogado de la defensa, Denis Muñoz, señaló sobre la audiencia inicial, que fue un auto de instrucción con detención provisional para 6 meses. “Algo importante que quiero mencionar es que a la fecha, no se le ha resuelto a la parte acusadora el tema si existe o no la reserva legal, por esto estamos aquí, dando la postura de la defensa. Y el fallo de la jueza, nos pareció muy sorpresivo, decepcionante y desconcertante porque no existe fundamentación sobre la base de los hechos que se les han atribuido y si existen son contradictorias entre sí mismas”, señaló. “No se ha hecho justicia de momento, y si hay una presunción de culpabilidad en contra de ellos, como se está palpando en el contexto del proceso. Y vamos a presentar pruebas en el devenir del proceso. Claro, nos queda la oportunidad de solicitar una audiencia para revisión de medidas para lograr la libertad de las personas detenidas y el recurso de apelación de las mismas”, acotó Muñoz. Igualmente, señaló que “existe un desorden en el proceso” que incluso no saben a qué centro penal serán trasladados los líderes comunitarios, porque la División de Seguridad Fronteriza ya no quiso recibirlos y en este momento se encuentran en el Centro Judicial de Soyapango. Sobre el proceso, Muñoz señaló que la causa tiene que ver si están en presencia de un “delito de lesa humanidad o crimen organizado o no”, y que como defensa durante la argumentación presentada en la audiencia es que no se encuentran ante ningún delito de lesa humanidad o crimen de guerra. “Dejamos clara la postura de esta defensa. El testigo ofertado que era la prueba más contundente de parte del ente acusador de lo que contó –dijo que le contaron- otras personas y no dijo quién era y en otro momento del cuestionamiento dijo que le constaba y cuando –le pregunté yo- dijo que no le constaba, entonces, son incongruencias del testigo. Cómo es posible que se sostenga una detención provisional con un testimonio de una persona que no sabe lo que dijo”, argumentó Muñoz. “Estamos seguros y seguras que este proceso judicial, este caso responde a una estrategia del gobierno para revivir la minería metálica, cuando hablamos de ADES y Santa Marta, no hablamos de cualquier comunidad…hablamos de la columna histórica de la lucha antiminera”, argumentó, Dalia González, de ReverdES. Y es que, la comunidad Santa Marta, en el municipio de Victoria, Cabañas, se ha distinguido nacional e internacionalmente por su lucha y resistencia a la minería metálica, desde cuando la minera canadiense Pacific Rim/Oceana Gold, intentó explotar metales preciosos en San Isidro Cabañas. Asimismo, la comunidad Santa Marta se encuentra integrada en su mayoría por personas que fueron exiliadas de manera forzosa luego de un operativo militar salvadoreño en marzo de 1981, que dio origen a una “Guinda” hacia Mesa Grande, campo de refugiados en Honduras. Posteriormente, volvieron a repoblar Santa Marta, en octubre de 1987. Ante la detención de sus líderes comunitarios, la población de Santa Marta ha reiterado un sesgo de las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) en cuanto a los crímenes de guerra, porque anteriormente han interpuesto diversas denuncias de hechos de lesa humanidad cometidos contra los pobladores de Santa Marta, sin que fructifiquen las investigaciones de la fiscalía para deducir la responsabilidad o capturas mientras investigan de los militares implicados en los vejámenes de personas desarmadas. “Enfrentamos una maquinaria mediática del gobierno, que suele colocar sus calificativos o que publican lo positivo para ellos versus los testimonios de pobladores que comparten no solo la historia de su repatriación sino también su empeño de superación como pobladores”, dijo Leonel Rivas.