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Rosario Rivas
Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino
Una Delegación Vasca compuesta por miembros del Gobierno Vasco, Parlamento Vasco y organizaciones vascas de derechos humanos y cooperación, visitaron el país para constatar de primera mano las violaciones a los derechos humanos.
La Fundación Paz y Solidaridad de Euskadi recomendó, entre otros aspectos, el cumplimiento del marco internacional y regional de derechos humanos y las recomendaciones y sentencias que emanen del mismo.
Así, como la finalización del régimen de excepción para la restitución de los derechos y garantías constitucionales de la población y la protección de las personas defensoras de derechos humanos y sus organizaciones y colectivos, garantizando el pensamiento crítico y la oposición política, entre otras.
La delegación estuvo en el país del 25 al 30 de enero, para dar seguimiento a la situación de las personas y colectivos que han participado en NARE-Programa Vasco de Protección para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos.
El objetivo de la misión fue realizar un seguimiento a la situación personal y organizativa de las personas acogidas en Euskadi en los años 2023 y 2024 y visibilizar el apoyo institucional y organizativo vasco a sus procesos en defensa de los derechos humanos
Entre las reuniones que mantuvieron están con organizaciones a las que pertenecen dos de las personas acogidas en NARE: Colectiva Las Incómodas Feministas y la Mesa Permanente por la Justicia Laboral, organizaciones sindicales, movimiento feminista, organizaciones de defensa de la población LGTBIQ+, organizaciones de derechos humanos, periodistas, defensoras ambientales y del territorio, víctimas del régimen de excepción, madres buscadoras e instituciones académicas.
Asi como también hubo reuniones con organismos internacionales, cuerpo diplomático e instituciones del país a las que se les trasladaron las principales demandas, preocupaciones y propuestas recogidas previamente. También con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Embajada de España, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el Consejo Nacional de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Otras instituciones del Estado no atendieron el llamado.
“Mostramos nuestro apoyo y solidaridad con todas las organizaciones sociales con las que hemos mantenido encuentros”, dijeron y además, “reconocemos su legítima defensa de los derechos humanos, la vida digna y la lucha contra la impunidad”
Y dejaron claro su “preocupación” por el mantenimiento del régimen de excepción que inició el 27 de marzo de 2022 y ha contado, a la fecha de este comunicado, con 34 prórrogas.
Para la delegación, la medida diseñada para perseguir a las pandillas está siendo instrumentalizada para criminalizar a la sociedad civil organizada y supone un debilitamiento sistemático y continuado de la democracia y el Estado de derecho, y supone la suspensión de toda garantía constitucional.
