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Organizaciones demandan aplicación de recomendaciones del GAFI

Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

Un grupo de organizaciones sociales sin fines de lucro (OSFL) demandaron del Estado salvadoreño la correcta aplicación de la recomendación #8 del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), relacionado a “prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva”.

El llamado de las OSFL se da en el marco de la visita “in situ” que realizará el GAFILAT al país en fechas próximas, para continuar con la evaluación mutua de los marcos institucionales y legales que haya implementado El Salvador en materia de prevención de estos graves delitos.

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental regional que aglutina a 17 países de América del Sur, Centroamérica, América del Norte y el Caribe y trabaja en la prevención y combate de el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento en la proliferación de armas de destrucción masiva.

Por lo que las organizaciones sociales sin fines de lucro presentaron una serie de consideraciones para el GAFILAT, en el momento de realizar su evaluación, con la que comparten plenamente los objetivos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y respaldan su “Enfoque Basado en Riesgo” (EBR) que se constituye en el núcleo de las evaluaciones del GAFI.

Igualmente, expresaron su apoyo a medidas gubernamentales que contrarresten los riesgos del uso indebido de las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL) para financiar el terrorismo o el lavado de dinero de una forma eficaz, selectiva y proporcionada pero cumpliendo en “ línea con los estándares del GAFI”.

“Independientemente de evaluaciones de organismos internacionales y/o multinacionales, el Estado está en la obligación de adoptar medidas de todo tipo para el combate del financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero”, señalaron.

“Que la correcta aplicación de la Recomendación 8 del GAFI tiene como condición una evaluación de riesgo del sector de OSFL, a fin de garantizar que las medidas establecidas sean específicas y proporcionadas al tipo de riesgo identificado, logrando así el objetivo de prevención, sin perjudicar el logro de los legítimos objetivos de las organizaciones”, acotaron.

Asimismo, advirtieron la “discusión y aprobación de una Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, que consideraron podría elevar riesgos a las organizaciones sociales sin fines de lucro, “por la discrecionalidad que se otorga al fiscal general de la República” en este proyecto y que incluye, además, un poder para imponer obligaciones a las OSFL, que no están sujetas en la ley.

“Lamentablemente, las OSFL locales no hemos sido convocadas, ni hemos participado en el proceso de evaluación de riesgo que debe realizar el Estado, con lo cual no se cumple con la Recomendación 8 referida, que plantea una participación representativa de la sociedad civil”, indicaron.

“Que esta evaluación mutua representa una oportunidad para que El Salvador pueda revisar su normativa vigente e implementar adecuadamente las distintas recomendaciones, particularmente la Recomendación 8 y su nota interpretativa”, sugirieron.

En su recomendaciones, las OSFL agregaron que esta visita podrá servir también para “mantener en observación a El Salvador”, ya que consideran que en la actualidad debido a la “poca participación de los sectores obligados” y la falta de evaluación basada en el riesgo, el actuar del Estado salvadoreño no se encuentra sujeta a los estándares dados por el GAFI.

“Por lo antes expuesto, manifestamos a ese equipo evaluador el interés en opinar sobre la implementación de la Recomendación 8 a nuestro sector, así como la disposición de compartir un informe construido a partir del análisis de la percepción y experiencia práctica de las OSFL salvadoreñas participantes, para evaluar y entender los actuales desafíos que enfrentan en esta materia”, concluyeron.

 

Como firmantes de las Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro (OSFL) están: FESPAD, CRISTOSAL, Acción Ciudadana, Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, Mesa por el Derecho a Defender Derechos; FUNDE, Colectiva de Mujeres Periodistas, APES, Líderes con Orgullo, IMU, MODES y la Iglesia Luterana Salvadoreña.

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