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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Organizaciones de mujeres y de derechos humanos pidieron al Estado salvadoreño, en el marco de la Emergencia Sanitaria por la Pandemia del COVID-19 tomar medidas “urgentes” a fin de descongestionar los centros de reclusión y, en cumplimiento del derecho a la no discriminación, que otorguen la libertad a mujeres encarceladas de “manera injusta”, por haber tenido emergencias obstétricas.
En su comunicado, la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Women’s Equality Center (WEC), el Centro de Derechos Reproductivos (CCR) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresaron su preocupación por el avance de la pandemia que vulnera a esta población por encontrarse en una infraestructura carcelaria inestable.
“La crisis sanitaria por COVID-19 ha expuesto la gravedad de problemas estructurales que afectan a El Salvador, como las severas deficiencias de su sistema penitenciario. En ese sentido, organismos internacionales de derechos humanos ya han señalado que las cárceles pueden ser un foco de transmisión del virus y que, por tal motivo, es necesario que Estados como El Salvador tomen medidas para descongestionar las prisiones, otorgándoles la libertad a personas en condiciones vulnerables”, recomendaron.
Asimismo, señalan que es de amplio conocimiento que estos centros de detención no cuentan con las condiciones de salubridad apropiadas para evitar contagios. Así como, la dificultad para el acceso al agua potable y, por las mismas condiciones de hacinamiento entre las internas, no se puede generar el distanciamiento social y mucho más difícil contar con servicios de salud oportunos, con el agravante de que hay testimonio sobre trato cruel e inhumano.
La petición de las organizaciones surge por las declaraciones de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien solicitó investigar las presuntas violaciones a los derechos humanos en el contexto de las medidas gubernamentales para responder al COVID-19, y recordó a los Estados respetar los derechos humanos de la población carcelaria y evitar amenazas de salud pública, poniendo en libertad a la población carcelaria en detención sin motivos jurídicos suficientes.
“Ese es el caso de las mujeres que están encarceladas arbitrariamente en El Salvador. Recordemos que en marzo pasado el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU concluyó que en este país ocurren detenciones arbitrarias a mujeres que han tenido emergencias obstétricas, las cuales son víctimas del marco normativo salvadoreño vigente que es discriminatorio pues restringe los derechos humanos y la dignidad de las mujeres al criminalizar el ejercicio de sus derechos reproductivos y las conductas, que son el resultado directo de la falta de acceso a servicios de salud. Esa situación se agrava mucho más en el contexto de la pandemia por COVID-19”, señaló.
Citando diversas experiencias de la región y el continente, las organizaciones de mujeres y de derechos humanos reseñan que sobre la protección de las mujeres en condiciones similares los Estados le han aplicado medidas especiales en su protección sanitaria. En El Salvador muchas de las salvadoreñas encarceladas de “manera injusta”, indicaron, tienen hijos menores de 12 años que demandan cuidados y que muchas ya cumplieron un tercio de las condenas que les impusieron sin ser culpables.
“Como Estado integrante de la Organización de Estados Americanos y de las Naciones Unidas, El Salvador no solo debe alinearse con las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos; sino que debe seguir el ejemplo de las naciones que han dado pasos para reducir la población penitenciaria como medida para contener la expansión del COVID-19. Urge otorgar libertad a las personas que cumplan con los requisitos señalados, permitiéndoles buscar un lugar que garantice las condiciones adecuadas de salud para prevenir el contagio”, recomendaron.
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