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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Héctor Carrillo, director de Acceso a la Justicia de FESPAD junto a representantes de otras organizaciones pro derechos humanos, informó sobre la solicitud a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, para declarar el 30 de agosto como el “Día Nacional de las Víctimas de Desaparición Forzada”, como medida del Estado salvadoreño en resarcimiento de la “Memoria Histórica” y la dignificación de víctimas y garantizar la no repetición de hechos acaecidos en el conflicto armado salvadoreño.
“Queremos que se retome en el pleno legislativo la solicitud que las organizaciones de derechos humanos, familiares y víctimas del conflicto armado han venido haciendo de manera reiterada, que el 30 de agosto sea designado como el Día Nacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que esta población ha esperado año, tras año. Y, hasta ahora, no hemos visto un compromiso legislativo”, señaló Carrillo.
Sobre los compromisos del Estado salvadoreño, Carrillo agregó que la resolución (65/209), de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el año 2010, declaró el 30 de agosto el “Día Internacional de las Víctimas y de Desapariciones Forzadas” y retomando que este delito ha sido reconocido como crimen de Lesa Humanidad, reconocido en muchos países, exhortaron a cumplir con esta disposición de la ONU, y así aprobarlo con mayoría simple (43 votos) del pleno legislativo.
“Hasta el momento, el pleno legislativo no ha tomado la palabra a las víctimas y esto además de representar un golpe a la Memoria Histórica, es un incumplimiento de compromisos internacionales que tiene el Estado salvadoreño, como la resolución de la ONU, que no ha sido retomada por El Salvador, que se suma a la negativa de la institucionalidad del Estado a atender a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos del conflicto armado y lamentamos que el jueves (27 de agosto) de sesión plenaria este tema no tuvo mención. Ahora esperamos que la comisión Política sea consecuente como ha dicho con la Justicia Transicional, y retome nuestra petición”, señaló.
Miguel Montegro -de la CIHD- reseñó que luego de la firma de los Acuerdos de Paz, en enero de 1992, que puso fin al conflicto de los años ochenta, se contabilizaba alrededor de 8,000 personas desaparecidas a nivel nacional y, como tal, debe llevar un proceso de dignificación para las víctimas y sus familiares, quienes aún recuerdan y guardan esperanzas, luego de esos hechos de violencia.
“¿Dónde están?, ¿dónde están sus cuerpos? son las preguntas de los familiares que piden el esclarecimiento y esperamos que la Asamblea Legislativa de respuesta y designe el 30 de agosto como el Día Nacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que precisamente la ONU ha hecho señalamientos para que los Estados miembros reconozcan esa fecha como signo de respeto a las víctimas. Y solo esperamos que los diputados, que se han venido oponiendo por años, por fin den sus votos, abordando el tema con mucha seriedad y así cumplir con el anhelo de muchos padres, madres, hijos o hijas y otros familiares”, indicó.
Asimismo, citaron la resolución de la Sala de lo Constitucional (CSJ), emitida el 13 de julio 2016, que estableció en su contenido “la garantía de no repetición de las violaciones a derechos humanos”, que en opinó Montenegro implica las múltiples obligaciones del Estado salvadoreño con miles de víctimas del conflicto armado, que han estado ignoradas por varias décadas.
“Yo tengo familiares capturados y desaparecidos. Y conozco también de los procedimientos en los cuerpos de seguridad (Policía Nacional, Policía de Hacienda, Guardia Nacional), donde fueron sometidos y que muchos fueron seleccionados para hacerlos desaparecer y otros enviados a las cárceles de nuestro país totalmente torturados; -así que creo- que por el bien del país, que tanto dolor ha tenido, creemos que es urgente que los señores diputados que han puesto obstáculos, pues aprueben este día 30 de agosto como el Día Nacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, porque no es una súplica, es un derecho”, reiteró.
“Esperamos por lo anterior que esta misiva sea leída en el pleno legislativo en la próxima sesión plenaria y esperamos que se hagan las gestiones necesarias para que sea incluida en la discusión de la declaratoria planteada en el pleno”, reafirmó Héctor Carrillo.
