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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Cada 3 de diciembre se conmemora el “Día Internacional Contra los Plaguicidas”, y un grupo de organizaciones y comunidades del área rural del país, se presentaron ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) para exigir el cese y abuso del uso de plaguicidas en los monocultivos que afectan a las comunidades y empeoran la salud de los campesinos y campesinas.
Cada 3 de diciembre se conmemora la tragedia de “Bhopal”, India, en donde más 25 mil personas perdieron la vida y otras 500 mil han sido afectadas de forma permanente, como resultado de una fuga de gas tóxico en una fábrica de plaguicidas propiedad de la empresa estadounidense Union Carbide.
Las organizaciones Campaña Azúcar Amarga, UNES, CRIPDES, ARUMES, Voces en la Frontera, ECOS, CORDES, ACAFREMIN, Foro del Agua, Mesa por la Soberanía Alimentaria y FESPAD, se unieron a las comunidades para reiterar su denuncia en el abuso que hace la agroindustria de productos agroquímicos que son sumamente tóxicos en el país.
Las organizaciones exigen al gobierno del presidente Nayib Bukele un control más estricto con estas sustancias que no solo contaminan los suelos, aire y agua, sino también cobra la vida de la población más vulnerable.
En El Salvador, afirmaron las organizaciones, el uso indiscriminado de agrotóxicos ha provocado daños irreparables a la salud de la población y graves consecuencias para el medio ambiente, incluyendo la fauna, la flora, los bosques y las fuentes de aguas superficiales así como subterráneas que abastecen a la población.
“Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) más de $55 millones de dólares en agro tóxicos son importados al país cada año. Informes de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), indican que 80 mil toneladas de esos fertilizantes y 4, 300 toneladas de plaguicidas son importadas cada año y utilizados en procesos de agricultura”, dijo Alejandro Labrador, del equipo técnico de la UNES.
“Eventualmente, descargan esos agroquímicos en el suelo, agua y aire afectando la calidad de vida de población. En El Salvador cada vez se fortalece más la vinculación científica entre los agrotóxicos, principalmente el glifosato, con la Enfermedad Renal Crónica (ERC) y la Insuficiencia Renal Crónica por causas no tradicionales (IRC). Y cada año el Ministerio de Salud (MINSAL) reporta la incorporación de al menos 15 mil nuevos pacientes con este padecimiento”, acotó.
La Insuficiencia Renal Crónica, por causas no tradicionales y la Enfermedad Renal Crónica, agregó Labrador, se ha convertido, además, en la segunda causa de muerte hospitalaria para hombres y la tercera para mujeres, alcanzando el 12.6% del total de fallecidos en hospitales.
“No obstante, la Asamblea Legislativa no avanza en la discusión y aprobación del decreto de prohibición de la Ley sobre Control de Pesticidas, Fertilizantes y Productos de uso Agropecuario, donde se establezca la prohibición del registro, importación, fabricación, comercialización, distribución, uso y manejo de 53 compuestos activos de agroquímicos tóxicos”, agregó.
“Desde septiembre 2013 el proceso fue abandonado, cuando, la Asamblea Legislativa, luego de aprobar el Decreto 473, el ex presidente Mauricio Funes por presiones de las empresas vendedoras de tóxicos y los productores de caña de azúcar, le hicieran observar este decreto y no volviera a abordalo por ninguna de las siguientes legislaturas, incluyendo la actual, esta incluso en 2021 mandó todos los archivos a la basura”, expresó Labrador.
Las organizaciones y pobladores han reiterado que entre los agroquímicos más peligrosos utilizados en El Salvador se encuentra el Glifosato, un madurante que ha sido vinculado a enfermedades mortales como el cáncer y la Insuficiencia Renal.
Este madurante ha sido prohibido en más de 15 países alrededor del planeta y su uso será prohibido definitivamente en la Unión Europea a partir del 2023.
“En los Estados Unidos la empresa transnacional Monsanto, dueña de la patente del Glifosato, ha sido condenada a pagar 80 millones de dólares por daños a personas que adquirieron cáncer por el uso de Round Up. Mientras otros países avanzan en la regulación y prohibición de agrotóxicos, y nos preocupa que en El Salvador, y este gobierno siga dando incentivos a la industria azucarera para la expansión del parque cañero”, lamentó.
“Les permite que sigan negociando tratados de libre comercio para poner la producción de azúcar como la principal carta de venta de nuestro país. Por esto rechazamos que la Asamblea Legislativa reconozca con el Día Nacional del Productor de Caña, cuando es un sector responsable por el uso de indiscriminado del agua y la destrucción ecosistemas, y que utiliza prácticas letales para la salud de las personas como la fumigación aérea y la quema de caña, que crea incendios que empobrecen los suelos”, acotó Labrador.
Las organizaciones sociales demandaron del gobierno en especial del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que fortalezca el monitoreo de las malas prácticas de la industria cañera y que mejore la aplicación de las leyes vigentes.
“Queremos que el MARN emita sanciones ante las omisiones o inobservancias de lo establecido por el ordenamiento jurídico salvadoreño. Además, el ministro (Fernando López) debería iniciar un diálogo con la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, con organizaciones ambientalistas y de salud para retomar reformas de ley orientadas a prohibir agrotóxicos”, reiteró.
A “La Asamblea Legislativa le invitamos a decretar la prohibición inmediata de los agrotóxicos, que generan un problema de salud pública en nuestro país. Y, a la población en general, todos los sectores sociales a nivel nacional e internacional, a sumarse a nuestra -Campaña Azúcar Amarga- para que el Estado salvadoreño reconozca la epidemia que sufre por la falta de atención a este grave problema de salud pública”, puntualizó Labrador.
