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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Organizaciones pro derechos humanos de la región demandaron del Estado cumplir con la obligación de establecer acciones de búsqueda de personas, así como su investigación y el compromiso de reparar de manera integral a las víctimas.
En un pronunciamiento recuerdan que la “desaparición forzada” fue utilizada históricamente como práctica sistemática para “infundir miedo”, por diferentes regímenes fueran estos militares o cívicos, y que fueron permitidos ya sea, por acción u omisión.
“Contextos como conflictos armados, violencia social, estatal, contra poblaciones en situación de discriminación y en las migraciones nos hablan de personas desaparecidas a través de la voz de familias que durante muchos años les buscan en países como El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México y Colombia”, señalaron.
De esta situación consideraron se “vuelve urgente la necesidad de atender de inmediato y de forma integral a las víctimas y familiares de ellas”, apegados de conformidad a los derechos establecidos en tratados internacionales como la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Y en consistencia con la Organización de Naciones Unidas (ONU), que declaró el 30 de agosto como Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, consideraron de manera urgente erradicar la desaparición forzada en nuestros países desde la prevención, protección a derechos humanos y eficientes políticas nacionales y regionales en su conjunto.
“Que se elaboren participativamente en los países de la región políticas nacionales para la búsqueda de personas desaparecidas, que integre los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, aprobados por el Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada en su 16º período de sesiones en abril de 2019, que se basan en instrumentos internacionales relevantes y que toman en cuenta la experiencia de otros órganos internacionales y de varios países en todo el mundo”, manifestaron.
Asimismo, exigen el respeto a la dignidad de las víctimas y sus familias. Y que el desarrollo de las normativas a considerar en esta materia, por su impacto, deberá ser diferenciados en las mujeres, niñez y adolescencia, así como otros grupos poblaciones en situación de discriminación o desventaja. Y la participación de las familias a conocer los avances de la búsqueda, que esta sea integral y con la misma efectividad que una investigación criminal.
“Que se fortalezca la institucionalidad respecto al acceso a la información pública en materia de personas desaparecidas, y que se cree un registro único y confiable sobre personas desaparecidas en cada país. Esto implica la apertura de archivos militares y de seguridad en países donde en el marco de conflictos armados el Estado incurrió o incurre en la desaparición forzada como una táctica de contrainsurgencia”, señalaron.
En cuanto a la legislación sobre la búsqueda, las organizaciones señalan que debe contener un enfoque de dignidad humana en materia de “Datos Genéticos e Identificación”, así como la reforma y adaptación de legislación penal y civil a nuevos casos de desapariciones, incluyendo a las organizaciones de familiares y sobrevivientes de la desaparición forzada y contar con las experiencias interinstitucionales que ya existen.
