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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Alejandro Díaz, del equipo jurídico de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, no dudó en señalar que “en este caso la instrumentalización del sistema de justicia y el uso abusivo del poder en contra de los líderes de Santa Marta ha sido evidente”.
“Reiteramos que existió una mala utilización del sistema judicial, porque en los casos de crímenes del conflicto armado presentados, el Estado y la Fiscalía General de la República (FGR) no han investigado ni llevado a la justicia muchos de los casos que se han presentado desde hace mucho tiempo atrás”, expresó.
Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, junto a una veintena de organizaciones del movimiento social y los pobladores de Santa Marta y ADES, se hicieron presentes ante la Cámara de lo Segundo, Sección del Centro Cojutepeque, para entregar una carta solicitando a este tribunal la ratificación del “fallo de absolución” de los ambientalistas de Cabañas.
En la carta señalan que “El Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque resolvió que la Fiscalía General de la República (FGR) no pudo demostrar la existencia del delito de lesa humanidad ni de crimen de guerra, tal como lo define y caracteriza el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI)” .
Y agregan: “Este tribunal deberá en próximos días resolver sobre el recurso del ente fiscal que presentó contra la resolución del Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque que declaró extinguida la acción penal por prescripción”.
Los favorecidos por el tribunal fueron Fidel Dolores Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez y, Pedro Antonio Rivas Laínez García, miembros directivos de ADES y líderes comunitarios y defensores de derechos ambientales de Santa Marta.
Las organizaciones consideran que el fallo judicial fue apegado a derecho, ya que cumple con principios de legalidad, debido proceso y aplicación de justicia, por lo que solicitaron, en colectivo, ante la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque”, la ratificación del veredicto. A la vez, rechazaron la apelación presentada por la Fiscalía contra sus compañeros.
Alejandro Díaz agregó que el caso de los cinco ambientalistas de Cabañas se encuentra presentado por Tutela Legal “MJH” en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuya denuncia es en razón a la persecución a los líderes del medio ambiente y defensores de derechos humanos.
“El Estado debe y es su obligación respetar el trabajo, la trayectoria y todo el esfuerzo que han hecho para liberar al país de la minería metálica, estos cinco ambientalistas. Y es así como, nos sumamos a este esfuerzo por su libertad”, indicó Díaz.
Personas Defensoras son perseguidos políticos
Gloria Anaya, del Colectivo de Derechos Humanos “Herbert Anaya Sanabria”,
reiteró la adhesión de su organización por la defensa de los ambientalistas de Cabañas, tras reconocer su esfuerzo de estar “en pie de lucha contra la minería metálica” en el territorio nacional.
“Sabemos que este caso es meramente político, de persecución de defensores y defensoras de la Madre Tierra en el país. Por esto exigimos a este gobierno que respete la independencia judicial y que en este caso se haga verdadera justicia y se declaren totalmente inocentes a nuestros héroes de Santa Marta”, manifestó.
“Así también, exigimos como víctimas de graves crímenes de Lesa Humanidad, que el Estado proceda a esclarecer y aplicar justicia en casos verdaderos como las masacres de El Mozote, El Sumpul. Y el caso de mi padre Herbert Anaya Sanabria, quien fue un defensor de derechos humanos y que fue secuestrado, torturado y asesinado un 26 de octubre de 1987”, reseñó Anaya.
Anaya afirmó que muchas organizaciones de defensa de derechos humanos y Memoria Histórica han estado exigiendo la verdad y justicia de sus seres queridos y de comunidades completas que fueron masacradas o desaparecidas.
“De esos son miles de casos de lesa humanidad, y por estos casos exigimos que haya una verdadera justicia y que se respete la independencia judicial para que se pueda procesar a los indiciados en el caso de El Mozote o el caso de los Periodistas Holandeses, procesos que están retardados”, agregó Anaya.
“En estos procesos sabemos que algunos jueces y juezas han estado actuando de manera ética y en función del cumplimiento de la Constitución, han sido despedidos y perseguidos como el caso del Juez Guzmán (Masacre El Mozote), así como otros jueces y juezas que trabajan con dignidad”, alegó Anaya.
Comunidad Santa Marta y ADES pide el cese de la persecución
Peter Nataren, directivo de ADES, expresó su agradecimiento en nombre de la comunidad Santa Marta y ADES por el apoyo solidario de más de 20 organizaciones que llegaron ante la Cámara de lo Segundo Sección del Centro Cojutepeque.
“Nosotros como comunidad Santa Marta y ADES, y organizaciones sociales, esperamos que con esa claridad con la que se ha argumentado y presentado esta carta ahora a la Cámara de lo Penal de Cojutepeque, ratifique este fallo que dio el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque”, indicó.
“Esperamos que se respete esa audiencia en donde por más de cinco días, la Fiscalía General de la República no pudo demostrar el ¿Por qué estaba demandando?, o ¿Por qué estaba pidiendo una condena de los cinco compañeros de la comunidad Santa Marta y ADES? , por eso esperamos que la Cámara de lo Penal defina este proceso que ha sido muy atropellado para los derechos humanos de los ambientalistas”, argumentó Nataren.
Asimismo, hizo hincapié que existen muchas personas que están detenidas siendo inocentes y que hay otras comunidades y grupos poblacionales que están exigiendo en estos momentos un país en libertad y apegado al Estado de Derecho.
“Ahora, nosotros como comunidad Santa Marta y ADES pedimos la libertad de nuestros compañeros. Que el proceso cumpla con el principio de justicia y esperamos que la Cámara de lo Penal ratifique el fallo del Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, y no le dé largas a un caso tan amañado que presentó la Fiscalía y el gobierno de El Salvador”, puntualizó Nataren.
