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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Neri del Carmen Cisneros es una activista que integra el Foro Nacional de Salud (FNS), procedente del cantón Las Granadillas, en el municipio de Santa Tecla, La Libertad, está convencida de que la actual legislatura, de “manera urgente”, debe aprobar la Ley General de Aguas; “esto es una prioridad”, replica en su marcha hacia el palacio legislativo.
“Nosotros tenemos agua racionada, porque tenemos que ir a los vertientes para tenerla, no hay cantareras y menos en las casas. Son 30 minutos para llegar y otros 30 minutos para regresar a la casa; la directiva está luchando para una Junta de Agua y lograr acercar un poco el servicio a la comunidad. Para mí sería vital que esta ley permita que tengamos agua todos los hogares, porque es una exigencia de hace años”, dijo Cisneros.
El Día Mundial del Agua fue adoptado en junio de 1992, en la Conferencia de las Naciones Unidas (ONU) sobre Medio Ambiente y Desarrollo, con el fin de que los Estados miembro estimulen, apliquen y creen conciencia sobre la sustentabilidad del planeta.
Es así como los colectivos dentro de la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares; Alianza Nacional contra la Privatización del Agua; Mesa por la Soberanía Alimentaria, Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica y el Foro del Agua marcharon junto a las comunidades para exigir la aprobación de una Ley General de Aguas y Saneamiento.
La marcha se da a un año de la crisis del agua de febrero de 2020, cuando se generó el desabastecimiento de 2.1 millones de personas del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), luego de que ANDA sirviera agua con mal olor, sabor y turbia, a la población usuaria. Situación que fortaleció el argumento de las organizaciones ambientalistas, derechos humanos, iglesias y academia de la necesidad de una normativa que regule el uso, cantidad y mejore este bien público en el país.
“Esta Ley General Agua no puede ser solo para unos pocos, nosotros que somos la mayoría no podemos quedarnos sin agua. Vamos por agua al río La Providencia y el río Asuchillo, pero ahora el problema que tenemos con estos ríos es que los están contaminando unas empresas, es la Sula, que ya lo denunciamos, y un laboratorio que tiran desechos a las quebradas y todo eso fluye por los ríos, nos quitan la oportunidad de obtener agua limpia; entonces, necesitamos una ley para corregir esto”, agregó Neri Cisneros.
Morena Murillo, del Foro Nacional de Salud, reiteró la demanda impostergable de reconocer que el agua es un bien público y natural, que pertenece a la población y no puede ser sujeto a la privatización o una explotación abusiva por intereses económicos.
“Exigimos que se apruebe esta ley, porque han pasado cinco legislaturas y no se han aprobado y queremos que los diputados hagan un último esfuerzo y la aprueben, no hay excusas. Durante 15 años hemos venido exigiendo a la Asamblea Legislativa, en donde han existido muchos obstáculos y tropiezos de los partidos políticos que defienden intereses económicos y empresariales. Y han buscado siempre limitar la participación de la ciudadanía que estamos en contra de que ingresen los grupos de poder económico en la gestión del agua, como cañeros, embotelladores de agua y la agroindustria que lucran con este bien natural”, explicó.
Mientras, Amalia López, del Movimiento de Mujeres de Santo Tomás, señaló que existe un “doble discurso oficial”, en relación a la Ley General de Aguas, al señalar que los permisos ambientales están siendo extendidos por el Ejecutivo, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), y hablan del respeto humano del agua.
“Tenemos un comisionado del agua que anda repartiendo víveres y no se ha reunido con las organizaciones que hemos estado por 15 años trabajando por el derecho humano al agua. Claro, se escucha bonito en el discurso pero no hay, en realidad, acciones concretas para acercarse a nuestras organizaciones, que hemos trabajado y pueden calificarnos que no queremos reunirnos, pero siempre hemos sido prodiálogo y que cumpla las normas de un derecho humano”, sostuvo.
Según el Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), las condiciones ambientales del país están “altamente degradadas” y que solo ese aspecto incide en la calidad de vida de la población.
Asimismo, reiteran en su informe que este tema no ha tenido la atención que realmente demanda, lo que ha ocasionado que la tasa de disposición de agua dulce sea la más baja “per cápita” (por persona) en el continente americano. Y que el 95 % de los ríos del territorio presenten altos niveles de contaminación ambiental, con una calidad del agua mala (Informe FONAES).
La dilatación para aprobar la Ley General de Aguas radica en el interés que tienen muchos sectores económicos sobre el recurso, aunque la prioridad debe establecerse en el consumo humano, opinó Omar Flores de FESPAD.
“La industria cañera utiliza mucha agua para desarrollar su cultivo; las empresas urbanísticas como Valle El Ángel pretenden explotar mantos acuíferos subterráneos en la zona Norte de San Salvador. Y están los proyectos de represas en ríos sobre uno de los más importantes como el Sensunapán, Sonsonate, que son intereses económicos fuertes que están de por medio”.
“Y desde la sociedad civil está la propuesta de la regulación porque estamos hablando de un derecho humano; es una lucha de muchos años, desde 2006, la Asamblea Legislativa tuvo en sus manos, la primera iniciativa de ley, para iniciar la discusión y aprobar este derecho. Pero 15 años después no tenemos consensos y creemos que porque estos intereses económicos han estado representados en distintos períodos legislativos”, explicó.
Las organizaciones de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua consideraron que a la gestión pública del agua se debe sumar la participación comunitaria, a partir del principio de “no lucro”, y beneficios en igualdad de condiciones para el acceso al recurso hídrico.
“Estamos a 24 días de que esta composición de la Asamblea Legislativa se vaya con esa deuda, pese a los avances que ha tenido la comisión legislativa de Medios Ambiente y Cambio Climático, en estos últimos años. De la nueva legislatura esperaríamos que retomen la Ley General de Aguas y que no anulen los consensos logrados del marco legal. Ya hemos tenido experiencias de legislaciones anteriores que ha dejado de lado algunos artículos consensuados de distintas expresiones organizativas y expresiones parlamentarias en distintos años y no quisiéramos que pase de nuevo”, agregó Omar Flores.
Sobre la relación histórica de la mujer y el agua, Carolina Amaya, de la UNES, consideró que dadas las condiciones de país, esta vinculación obedecía a una imposición social y económica de roles que asigna el sistema patriarcal.
“Es ese rol de cuido de la familia, de cuido a la comunidad, de cuido a los hombres, y para hacer esas tareas de cuido necesitan para realizar el aseo, preparación de alimentos y salud de su núcleo, necesita del agua y, claro, también lo refuerza el sistema capitalista porque cuando la industria cañera le corta el agua, ellas no pueden cumplir con esas tareas, entonces hace que las mujeres desarrollen esa ecodependencia con los bienes naturales. Y sean las mujeres las más afectadas cuando se da una intervención mal gestionada del agua en sus territorios o puede privatizar el agua”, puntualizó.
Concluye marcha en Asamblea
La concentración llegó hasta las afueras de la Asamblea Legislativa donde exigieron ser escuchados. Ante ello elementos de seguridad pusieron una barricada para impedir el paso. Sin embargo, los recibió el diputado del PCN, Reynaldo Cardoza y Dina Argueta del FMLN. Ambos concordaron que el agua es importante para el desarrollo de la vida.
La Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua junto a los diputados presentaron dos piezas de correspondencia en la ventanilla de la Asamblea. La primera es para que se retome la discusión del anteproyecto de Ley General de Aguas y la segunda es para que se apruebe la Ley Declaratoria para el Régimen Especial de la Cuenca del Río Lempa.
El diputado Reynaldo Cardoza señaló que las organizaciones “tienen razón en andarse asoleando y desvelando, no importarles el qué les pueda pasar en el camino con tal de defender el tema del agua”. El legislador instó a los diputados que conforman la comisión de medio ambiente y cambio climático para que retomen con el estudio, así como la aprobación en el Pleno Legislativo.
Mientras que Dina Argueta sostuvo que defender el agua no solo es tarea de las organizaciones, sino que es una obligación de todos. La parlamentaria añadió que en lo que falta de la actual legislatura se puede avanzar lo más posible en la discusión de la Ley de Aguas, ya que si no se aprueba, al menos en la legislatura entrante tendrá ese avance y no comenzar de cero.
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