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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
La Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica se sumó a la peticionó la “nulidad del caso contra de los cinco líderes ambientalistas de Cabañas”, en “defensa del derecho a un ambiente limpio, saludable y sostenible”. Los ambientalistas fueron encarcelados el 11 de enero del presente año, un acto que ha trascendido en la Comunidad Internacional.
“En medio de un fuerte dispositivo policial y militar que irrumpió la comunidad San Marta y las oficinas de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES), una de las organizaciones fundadoras de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica en EL Salvador, que se opone desde hace 20 años a la exploración y explotación de oro y plata en el territorio”, recuerda el comunicado de la Mesa.
La Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica reitera la posición oficial del Sistema de Naciones Unidas (ONU) contenida en la “Declaración sobre Defensores de los Humanos”, que entre sus aspectos más relevantes exige que los “Estados deben proporcionar apoyo y protección a las personas defensoras por la labor que realizan”.
La ONU también identificó a los defensores de derechos humanos, como individuos o grupos que actúan en la “promoción, protección o lucha” por la protección y realización de derechos humanos fundamentales de los pueblos por medios pacíficos.
“La MNFM, a partir de esta información, demandamos públicamente anular la acusación penal, revertir el proceso judicial y/o cerrar definitivamente el caso, tomando como referencia que le caso de los líderes ambientalistas de Cabañas no tiene fundamento jurídico, se puso en riesgo su salud y se registraron situaciones incongruentes en todo el proceso judicial”, acota.
“La acusación penal es improcedente debido a la Ley de Reconciliación Nacional, aprobada el 23 de enero de 1992 y puesta en vigencia nuevamente por la Sala de lo Constitucional (2016) cuando derogó la Ley de Amnistía. Y está demostrado que el caso contra los cinco es una manipulación del Sistema Judicial, para perseguir a defensores ambientalistas para anular o debilitar la resistencia antiminera, dadas las intenciones gubernamentales de reactivar esta nociva industria extractiva, pese a la prohibición”, acota.
Similar reacción expresó, la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador que se sumó a la exigencia de “cerrar el proceso penal” contra los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES, y exigió al Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque admitir la solicitud presentada por el representante legal de los ambientalistas para cerrar el proceso judicial, en el marco de la Ley de Reconciliación Nacional, que bajo las disposiciones de este cuerpo de ley, la acusación contra los cinco ambientalistas es improcedente.
“El proceso penal también deber ser revertido debido a la falta de pruebas reales sobre los delitos imputados y sobre la participación de las personas acusadas. Todo apunta a que este caso es un montaje de la Fiscalía y una instrumentalización de los tribunales de justicia para criminalizar y perseguir a personas defensoras ambientalistas que se oponen a la minería metálica”, afirma en el comunicado.
“Es tiempo que la Fiscalía y el Sistema Judicial utilicen su tiempo y recursos para investigar y procesar verdaderos crímenes cometidos durante la guerra civil, entre éstos las masacres contra Santa Marta y otras comunidades del país, perpetradas por el ejército gubernamental y grupos paramilitares”, indica la Mesa.
