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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“Exigimos se respete la jurisdicción del juez de Instrucción, Jorge Guzmán, porque hay un mandato legal”, dijo el director de FESPAD, Saúl Baños, al mencionar que el próximo 5 de octubre, fecha reprogramada en la que se realizará la inspección de archivos militares en el caso de la Masacre de El Mozote, ocurrida en diciembre de 1981 y considerada por expertos en derechos humanos como la “mayor matanza del siglo XX en Latinoamérica”.
“Con la carta que hemos presentado solicitamos al presidente de la República, Nayib Bukele, de instrucciones precisas para que el Alto Mando de la Fuerza Armada y el ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, acaten el procedimiento que va a realizar el juez de Instrucción. Recordemos que hay ocho estamentos militares que se van a inspeccionar sobre el caso. Y esperamos -también- que no se incumplan resoluciones de la Sala de lo Constitucional (CSJ)”, afirmó Baños.
El colectivo de organizaciones de defensa de derechos humanos, mujeres y memoria histórica, que integran la Mesa contra la Impunidad en el Salvador (MECIES); el Grupo Gestor por una Ley de Reparaciones y la Comisión de Trabajo Pro Memoria Histórica expresaron su descontento ante lo que califican de “bloqueo” de las inspecciones judiciales que ordenó el juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán, Jorge Guzmán, el pasado 21 de septiembre y que no se realizó.
“Desmentimos las afirmaciones que el presidente de la República hizo en la cadena nacional del 4 de septiembre pasado, en la que manifestó que el juez Guzmán, que conoce la causa de El Mozote, no tiene jurisdicción para hacer la inspección a los archivos militares, cuando el artículo 172, de la Constitución de la República, y el artículo 24 de la Ley Orgánica Judicial establecen que corresponde exclusivamente al órgano Judicial la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en materia constitucional, civil, penal, mercantil, laboral, agraria y de lo contencioso-administrativo”, señaló.
“Posiblemente haya incumplimiento de obligaciones legales; por esto, hacemos el llamado al fiscal de la República (Raúl Melara), para que investigue y deduzca si hay una responsabilidad penal, actos arbitrarios; desobediencia de resoluciones judiciales, que nosotros creemos que sí existen; pero será el fiscal general el que determine si hay incumplimiento de normativa penal y, de encontrarlos, pues que inicie los procesos penales que corresponden”, sostuvo.
Asimismo, reiteraron que al juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán, le ampara el Código Penal de 1973 (art. 116/151), que se aplica en el caso de la Masacre de El Mozote, en donde fue ejecutada población civil, de los cuales más de 600 personas identificadas eran niños y niñas, menores a los 12 años de edad, como lo establecen estudios antropológicos-forenses, que exhumaron a más de mil personas.
“Es importante no perder de vista que el Ministerio de la Defensa Nacional está sujeto al poder civil y, por tanto, debe conducir sus actuaciones en apego a la Constitución de la República y las leyes del país. Es lamentable que este episodio también constituye una transgresión de las Fuerzas Armadas a su doctrina interna y al marco democrático que ha venido construyendo desde la firma de los Acuerdos de Paz (1992); por lo tanto, hacemos un vehemente llamado al fiscal Raúl Melara para que inicie una investigación objetiva, diligente y pronta para que el proceso pueda continuar”, acotó.
En cuanto a los archivos que el presidente Bukele presentó en la conferencia de prensa del 24 de septiembre y que señaló que lo había desclasificado personalmente, Baños consideró que eso era una “burla” a las víctimas sobrevivientes y familiares de las víctimas.
“Es una burla, también, para el pueblo salvadoreño y el mundo, porque en el Caso de El Mozote, con la resolución de la Corte IDH, se estableció que era un crimen de lesa humanidad y lo que el presidente Bukele dijo ahí, que desclasificó los archivos, estaría incumpliendo con la ley, porque él no está facultado para hacer ese tipo de acto. Obviamente, se vio acorralado y fue un acto desesperado decir que estaba mostrando la información a la población; pero, cuando uno amplía esas cinco cajas que están allí, aparentemente solo hay información de los años 2015 al 2020. ¿Qué pasó con toda la información producida después de esa masacre en 1981?”, argumentó.
Por tanto, hizo un llamado a poner atención a esas declaraciones, en las cuales afirmó que se había destruido información y otros archivos fueron trasladados a otro lugar, situación que le obliga a dar respuesta a estas acciones militares. “Hay un mandato que se la ha dado a la Presidencia y al Ministerio de la Defensa que, de no haber información, pues la tiene que reconstruir y entonces está en esa obligación. Y es por esto que la Fiscalía General de la República tiene que iniciar una investigación sobre esos indicios del cometimiento de delitos; hay desobediencia a una orden o mandato judicial y posiblemente actos arbitrarios, pero está responsabilidad es del ente fiscal investigarlo e iniciar el proceso penal”, puntualizó Baños.
