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Gloria Silvia Orellana
@RedacciónCoLatino
Las cifras sobre el precio de los alimentos que componen la Canasta Básica, la falta de empleos formales post Covid-19 y la falta de acceso a la tierra de las mujeres agricultoras, mantienen en vilo a miles de familias en el departamento de Sonsonate, al occidente del país.
La Fundación Maquilishuatl y la Mesa Departamental de Salud de Sonsonate, que lidera a grupaciones en 12 municipios del departamento, manifestaron su preocupación por la situación de crisis socio-económica de la población más vulnerable en la zona rural.
La iniciativa se enmarca en el proyecto de FUMA : “Mujeres Sonsonatecas mejorando sus derechos desde un enfoque integral y sostenible”, que ha priorizado la salud integral y atender las determinantes de la misma, especialmente las relacionadas a la no violencia contra las mujeres y la niñez, medio ambiente, agua, seguridad alimentaria y nutrición.
Marisol Cortez, de la Mesa Departamental de Salud de Sonsonate, afirmó que al plantearse la crisis alimentaria que viven en los municipios se evidencia porque muchas familias “están reduciendo los tiempos de comida” al día y el temor que la producción de subsistencia familiar no se logre por los impactos de las lluvias, entre otros fenómenos climáticos agrava la inseguridad social.
“Hay cantidades de maíz y frijol que se van a perder y son importantes en el tema de la alimentación de nuestras familias, y lo que traerá es un grave retroceso en la seguridad y soberanía alimentaria en las comunidades y familias en el departamento de Sonsonate”, acotó Cortez.
Entre los datos presentados señalaron que el 41.5% de la población enfrenta situaciones de pobreza alta severa y tiene baja calidad de vida. A lo que se suma que un 56.6% trabaja en condiciones de sub-empleos lo que genera inestabilidad laboral y ha aumentado el empleo informal que se refleja en que un 70.1% de la población no tiene cobertura social (ISSS-AFPs) y la mayoría son mujeres y otros grupos vulnerables.
Magdalena Cortez, directora ejecutiva de FUMA, afirmó que la decisión que tomaron para visibilizar esta problemática, parte del impacto que generó la pandemia de COVID-19, cuyas restricciones para la movilidad de las personas, la profundización de las causas estructurales y el manejo económico de país, están impactando la seguridad alimentaria de la mayoría de la población.
stricciones de movilidad, nos impulsó a desarrollar un esfuerzo sobre la soberanía y seguridad alimentaria. Hemos entregado a más de 150 familias huertos caseros, para que en sus casas cuenten con elementos básicos y también se entregaron 120 pequeñas granjas agroecológicas para que las mujeres pudieran producir aves y huevos de calidad”, informó.
FUMA también han venido desarrollando una jornada de pruebas de calidad de agua, cuyo muestreo servirá para entregar biofiltros para que las familias cuenten con agua potable para su consumo y preparación de alimentos.
“Estamos también desarrollando la iniciativa de Bancos de Semillas Criollas, de las cuales tres ya fueron inauguradas a fin de permitir a las familias no depender de una semilla que tienen que comprar (agroservicio) o de insumos que deben de comprar a un alto precio y otras acciones para fortalecer a las mujeres en sus liderazgos”, acotó Cortez.
No obstante, reconoció que el COVID-19, generó altos niveles de desempleo en estos municipios de Sonsonate, en donde destaca los altos índices de desnutrición infantil. Como lo reportó en 2020, el Programa Mundial de la Alimentación (PMA) que expresaron su preocupación que 1 de cada 6 niños, presentaban “desnutrición crónica”en el país. “Los problemas que más aquejan a estos municipios en su orden de importancia es la crisis económica, la vulnerabilidad ambiental, la contaminación del agua, contaminación de suelo, riesgos climáticos, educación, infraestructura vial, desempleo, ordenamiento territorial y seguridad ciudadana”, señaló.
Otro de los problemas, agregó la directora de FUMA, era el “acceso a la tierra y la falta de producción de autoconsumo” (seguridad alimentaria), al explicar que uno de los problemas críticos que se enfrentan es la escasez frente a una fuerte densidad poblacional (425 habitantes por km2) sumado a suelos poco fértiles, vulnerabilidad ambiental, inundaciones, deforestación y contaminación de fuentes de agua, entre otras fragilidades de los recursos naturales.
“El otro aspecto son las políticas implementadas desde hace décadas por distintos gobiernos nacionales que no han potenciado al sector terciario comerciales que incluye la venta de productos agrícolas importados, por sobre la producción nacional porque no se puede avanzar o potenciar la agricultura o autoconsumo si desmantelan el sector primario”, consideró Cortez.
Para María Méndez, de la Departamental de Sonsonate, afirmó que es importante hacer un llamado al gobierno del presidente Nayib Bukele, para que de prioridad a la producción de alimentos y que establezca una reserva nacional de alimentos a fin de garantizar la seguridad alimentaria desde la producción nacional y con un enfoque de derechos humanos.
“Pedimos que se elimine el IVA (Impuesto del Valor Agregado) a los productos de la Canasta Básica Alimentaria, dar acceso a la tierra para las mujeres agricultoras a fin de fortalecer su autonomía económica y satisfacer las necesidades básicas en alimentos de las familias más empobrecidas y redes de apoyo e intercambio justo”, afirmó.
“Se deben implementar programas nacionales y municipales que rescaten la semilla criolla, promocionar la creación del abono orgánico mediante programas de seguridad alimentaria y es urgente retomar la discusión en la Asamblea Legislativa la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria”, sostuvo Méndez.
Adela Bonilla, de FUMA , expresó la importancia de contar con otra perspectiva para garantizar el derecho humano a la población, que es una lucha desde los movimientos sociales que impulsan desde el año 2008 a la actualidad, por la “necesidad fuerte e imperante” de garantizar constitucionalmente este derecho.
“Esta iniciativa llevó a las organizaciones a unirnos y redactar un documento acorde a las necesidades de las comunidades con las que trabajamos. No es lo mismo ver la necesidad desde la mercancía, desde el lucro o que réditos tendrán, pero ahora tenemos un retroceso significativo, pero creemos que esto no puede seguir así”, acotó.
En cuanto a la Asamblea Legislativa, Bonilla, señaló, como colectivo de la Mesa por la Soberanía Alimentaria, que han tratado de entablar de nuevo, una relación de trabajo con la comisión agropecuaria, pero “solo han tenido el gusto de que les reciban un documento”, y no han obtenido respuestas. “Nosotras seguiremos buscando otras vías para llevar este tema a lo que nos importa que es un marco jurídico y aclarar que no queremos una ley más, como nos pasó con la Ley del Agua que queríamos como organizaciones y se convirtió en una Ley General de Recursos Hídricos que tiene una visión mercantilistas”, puntualizó Bonilla.
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