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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“Nosotros haremos la lucha de calle, vamos a presionar a este Gobierno, para que cumpla con lo que prometió a este pueblo, porque solo nos ha llevado con mentiras”, reafirmó Carlos Rodríguez, del sector campesino de la Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuarios (ANTA), que integra la Mesa de Justicia Climática El Salvador.
Vía Campesina, ANTA, FECORACEN, ACUA, Mesa por la Soberanía Alimentaria, ECOS de El Salvador AMSATI, PROCOMES, Asociación de Mujeres “Mélida Anaya Montes”, Mesa de Pueblos Indígenas frente al Cambio Climático, PROVIDA, CONFRAS y Fundación Mundubat presentaron su posicionamiento desde la “Mesa de Justicia Climática El Salvador”, señalando graves retrocesos en materia social, ambiental y económica de la población salvadoreña.
En su intervención, Rodríguez expresó su preocupación por más de 250,000 campesinos que cultivan la tierra y que sufrieron los impactos de una estación lluviosa anormal, marcada por las tormentas tropicales Amanda, Cristóbal, ETA e IOTA, que van a generar inseguridad alimentaria para la agricultura de subsistencia o familiar.
“Nosotros calculamos que las pérdidas de maíz y frijol rondan el 60 % del total de alimentos y no el 20 % como dice el presidente (Nayib) Bukele. Y de las últimas tormentas (ETA -IOTA), esta pérdida es negligencia del ministro de Agricultura y Ganadería (MAG) y del de Medio Ambiente (MARN), que no alertaron a los agricultores a no sembrar entre 15 al 30 de agosto, que han tenido pérdidas del 90 %, cuando creíamos que octubre era la salida del invierno. Y los que sembraron en septiembre sus pérdidas rondan el 60 %, es una situación grave para quienes vivimos de la tierra”, sostuvo.
Mientras, Ana María Calles (de Vía Campesina) rechazó las acciones del actual Gobierno, en el marco de la pandemia por COVID-19, y la provisión de alimentos para la población salvadoreña.
“Hay muchos alimentos comprados en México, en lugar de comprarlo a los productores nacionales; -por ejemplo- he sacado 150 quintales de maíz desgranados ya, pero no tengo dónde venderlos, porque me lo compran baratísimo y no cubre el gasto invertido. Y, a la fecha, no tenemos ninguna respuesta del Gobierno de estimular a los productores nacionales que generan desarrollo para el país”, manifestó Calles.
Azucena Ortiz, directora ejecutiva de la Asociación de Mujeres “Mélida Anaya Montes”, externó la “profunda preocupación” por los impactos que ha tenido la COVID-19, los fenómenos climáticos, la seguridad alimentaria y el incumplimiento de leyes constitucionales por el gobierno del presidente Nayib Bukele.
“La deficiente gestión del presidente Nayib Bukele y su gabinete de gobierno, tanto a nivel general como particularmente ante el COVID-19, lleva a pensar que su gobierno forma parte de un proyecto empresarial que no está al servicio del pueblo, sino de un sector económico emergente que negocia con la oligarquía el control de los recursos del Estado”, afirmó.
Asimismo, señaló que el manejo irregular financiero de fondos del Estado, que en su mayoría son contratos millonarios, en su mayoría están enfocados en “campañas electorales adelantadas”, con tinte populista y así lograr llevar a diputados, diputadas y alcaldes favorables a sus intereses y terminar con los pocos controles de rendición de cuentas y transparencia.
“Este año, el Gobierno del presidente Bukele cierra con muchas deudas en políticas públicas y cumplimiento de derechos humanos. El cierre de cuatro programas de apoyo al sector agropecuario y de acuilcultura familiar; así como los paquetes agrícolas, -solo estos- han afectado a 27,000 familias campesinas. Y que debido a las tormentas tropicales de este año, la producción agrícola sufrió afectaciones y se está formando a corto plazo una crisis alimentaria”, señaló.
En el tema del medioambiente, subrayó el abuso de otorgamiento de permisos ambientales y el irrespeto a los procesos legales y los procesos de estudio del impacto de las megaobras en el territorio nacional, como la aprobación emitida por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a la empresa constructora Dueñas, que lleva a cabo un complejo urbanístico y comercial en Valle El Ángel, que afectará una zona de recarga acuífera.
“Como Mesa de Justicia Climática exigimos que el Gobierno del presidente Bukele termine con la política de ANDA de firmar convenios con las empresas constructoras para despojar del agua a las comunidades urbanas y campesinas, y exigir al Ministerio de Medio Ambiente retirar el permiso ambiental a la empresa constructora, siguiendo los procedimientos establecidos de ley, resuelva a favor del bien común”, manifestó.
Los derechos de las mujeres, y en especial mujeres campesinas e indígenas, se abordó en el pronunciamiento de la Mesa de Justicia Climática, al señalar que la salud, desarrollo social e independencia económica, de este grupo poblacional, es aún una deuda del Estado salvadoreño.
“Sin un sistema de protección social, mujeres y hombres campesinos no tendrán oportunidad a una pensión para dignificar su vejez; sin la red de Equipos de Salud (ECOS), que ha sido desmantelada el acceso a la salud es escaso… Y nos preocupan, también, los hechos de violencia contra las niñas y mujeres, en especial las campesinas que sufren, además, discriminación en diversas formas, como la falta de programas sociales de Ciudad Mujer, las Casas de Espera Materna, el Paquete de Agricultura Familiar y el Paquete Agrícola que ha dejado fuera a 30 mil familias campesinas”, argumentó.
El llamado de la Mesa de Justicia Climática El Salvador al Estado es cumplir con las leyes constitucionales, implementar políticas que garanticen los derechos humanos de la población salvadoreña, y aprobar normas jurídicas que protejan la equidad social, económica, política y cultural.
