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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLaitno
“Son muchos temas por los que el gobierno debe sentarse a hablar con la sociedad civil de todas las expresiones, incluso, la oposición, y no estamos pidiendo que se comprometa a algo, sino que establezca un mecanismo formal para escuchar a la ciudadanía”, expresó Héctor Carrillo, director de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), al tiempo que pidió a las Naciones Unidas interpongan sus buenos oficios para este diálogo entre gobierno de El Salvador y sus ciudadanos”, se realice.
El Sistema de Monitoreo de Libertades Cívicas (SMLC), mecanismo que registra, sistematiza y denuncia las condiciones que afectan al “espacio cívico”, reportó, en su segundo informe de enero a agosto, que se ha cometido un total de 73 vulneraciones a derechos humanos y al espacio cívico.
El SMLC indicó que 36 casos corresponden a la Libertad de Expresión, lo que representa un 49.3% del total. Mientras, que 28 casos están relacionados con la Libertad de Asociación, el 38.4%, y 9 casos relacionados con la Libertad de Reunión Pacífica, 12.3%.
“Quizás este mecanismo que proponemos no logre temas trascendentales como debería, porque hay muchos temas de país en los que tenemos que ponernos de acuerdo. Porque todos queremos un país con altos niveles de educación, mejores salarios y un sistema de pensión digna, esos son los temas importantes”, agregó Carrillo.
Para el director de FESPAD, es importante que estos “temas de nación” dejen de ser ventilados o discutidos en las redes sociales, por lo que propone un espacio colectivo para hablar entre ciudadanía, organizaciones sociales y Estado, adelantando que tal vez, en muchos temas no estén de acuerdo, pero, en otras podrían fortalecer este “mecanismo institucional”.
Los despidos y represalias laborales que han recibido representantes y participantes de los sindicatos de maestros, como el caso de la docente Idalia Zúniga, del Frente Magisterial Salvadoreño (FSM), es un ejemplo de lo anterior. Fue un representante de la Dirección Departamental de San Salvador, quien le informó el pasado lunes 21, que su “plaza como maestra 2 ya no era necesaria”.
“Como FESPAD nos preocupas estos hechos recientes que aún no están en el monitoreo que presentamos este día, pero ya son del conocimiento público. Por esto hacemos un llamado a los funcionarios a propiciar espacios de diálogo con la sociedad civil”, dijo.
“Creo que el presidente (Nayib Bukele) debería llamar a esos funcionarios que han tomado esas decisiones de despidos y pedirles cuentas del por qué están tomando estas medidas que van en contra de su discurso ante las Naciones Unidas (23/09/24), que aquí se respeta la Libertad de Expresión y no hay persecución”, señaló Carrillo.
¿Por qué monitorear el Espacio Cívico?
La decisión de realizar este monitoreo y reportarlo en informes públicos, añadió el director de FESPAD, se debe al interés de contar con una “buena gestión pública en general”, y para que este proceso suceda el Estado tendrá que relacionarse con la sociedad salvadoreña.
“Y los mecanismos para relacionarse con la sociedad salvadoreña son precisamente el derecho de asociación, el derecho a la reunión pacífica y el derecho a la libertad de expresión. Mecanismos que tiene el Estado para retroalimentarse de lo que ocurre en la sociedad”, manifestó.
“Eso también sirve para identificar hechos de corrupción, errores en la administración o señalar debilidades en las políticas públicas. Como cuando denunciamos que hay un cierre del espacio cívico o que hay agresiones a personas defensoras”, expresó Carrillo.
En cuanto a la denuncia de un “peligro real” para la buena gestión, añadió, que no necesariamente sea del actual gobierno, sino la amenaza a la buena gestión pública como “práctica de Estado”, y, por tanto, debe realizarse de la “mano con la población”, para responder con coherencia a las demandas sociales.
“Una gestión pública que garantice los derechos de cada ciudadano y ciudadana en este país. Y eso es lo que nos preocupa cuando decimos que están cerrando el espacio público. Porque hay hechos de agresiones a los derechos fundamentales de la libertad de expresión, libre asociación y la reunión pacífica”, manifestó.
“Lo relevante es que las y los funcionarios públicos están incurriendo en hechos que restringen el espacio público que afecta la buena gestión pública. Y en consecuencia FESPAD espera contribuir a que exista una gestión pública al servicio de la gente”, argumentó Carrillo.
Diego Vargas, técnico jurídico de FESPAD, quien presentó el informe del SMLC, señaló que el gremio periodístico y medios de comunicación han sido particularmente afectados, constituyéndose el 42.5% de los “perfiles más impactados” del monitoreo.
“En uno de los casos se evidencian ataques con relación a la investigación del periódico El Faro, sobre un esquema irregular de compra de leche, donde al menos el presidente Nayib Bukele y otros funcionarios emitieron discursos estigmatizantes, acusando al medio de manipulación y difamación”, señaló.
“En el caso de las organizaciones defensoras de derechos humanos, continuamos enfrentando discursos estigmatizantes por parte de funcionarios públicos o personas afines al actual gobierno”, indicó Vargas.
Lo relevante también en la lista de “agresores” se encuentran “funcionarios públicos”, que representan un 38.4% del total de los agresores identificados. Así también, identifican la práctica de los “retenes vehiculares” que realiza la Policía Nacional Civil (PNC) y tránsito, que obstaculiza parte de los derechos cívicos de la población.
“La garantía del espacio cívico implica permitir la participación de la sociedad civil en la defensa de sus derechos, contribuir a la construcción de política públicas y ejercer control sobre las decisiones de los poderes públicos”, agregó Vargas.
Patrones del gobierno vulneran la labor periodística
Hugo Sánchez, relator de Libertad de Expresión de la APES, compartió que desde el Centro de Monitoreo de la Asociación de Periodistas de El Salvador se ha identificado una “serie de patrones y vulneraciones sistemáticas”, que ya dejaron de ser aisladas, contra la libertad de expresión y la libertad de prensa.
“Tenemos los ataques que ha recibido el medio Redacción Regional, que da cuenta de lo sistemático y avanzado que está este manejo de vulneraciones. Hemos comenzado a ver no sólo el discurso estigmatizante contra los periodistas y el medio, ahora buscan atacar la investigación como tal”, explicó.
“El caso de la compra de propiedades, que lo reportó el Centro de Monitoreo de APES, se emitió una Alerta, por un ataque específico al sitio web de Redacción Regional, ya no sólo atacan al mensajero sino ataques tecnológicos a los sitios web, para que de una forma dejarlos fuera de línea”, denunció Sánchez.
Coincidiendo con los registros de FESPAD, APES reportó como agresores a funcionarios del Estado, expresando la preocupación que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) están “tomando atribuciones que nos les competen”, actuando como sensores del trabajo del gremio periodístico.
“No existe una ley que le prohíba a un periodista grabar el trabajo de un policía en sus funciones, como fue el último caso con una periodista en una actividad de MOVIR, en el parque Libertad, cuando intervinieron los policías en momentos de su cobertura. Y hay amenazas a colegas para que borren material, lo preocupante, no es solo la cantidad, sino lo grave es que periodistas lo están naturalizando”, opinó Sánchez.
Héctor Carrillo, director de FESPAD, reiteró el llamado al gobierno y la intervención de tres actores principales como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
Al Comisionado Presidencial para la Defensa de la Libertad de Expresión y Derechos Humanos, en el actual contexto, siendo responsables como funcionarios de sus deberes y compromiso con la buena gestión pública, que se espera trate los problemas del país de manera institucionalizada. “El tercer actor es Naciones Unidas (ONU), y particularmente queremos hacer un llamado a los relatores de Libertad de Expresión Pedro Vaca y Gina Romero, sobre el Derecho a la Libertad de Reunión Pacífica y Asociación. Les pedimos que interpongan sus buenos oficios para este diálogo entre gobierno de El Salvador y sus ciudadanos”, puntualizó Carrillo.
