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“Las autoridades de justicia y seguridad se equivocan si piensan que me van a meter miedo con esto, ya saben dónde vivo, el miedo no me neutraliza, porque yo lo único que hago es defender inocentes, que los cuerpos de seguridad encarcelan”.
Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Las organizaciones que conforman el Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) denunciaron el acoso policial contra la directora del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), Ingrid Escobar.
El pasado19 de marzo de 2025, en horas del mediodía, llegaron dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) a su vivienda, solicitaron una dirección, lo cual levanta sospechas por tratarse de una reconocida defensora de derechos humanos de personas capturadas injustamente bajo el Régimen de Excepción.
Luis Rivera, abogado del Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD), dijo que la persecución en los últimos días se ha incrementado hacia los defensores de derechos Humanos en El Salvador, como método para atemorizar, callar y coartar a los ciudadanos a la libre expresión.
“El proceder de la Fiscalía General de la República (FGR) y la PNC en el caso de otros defensores de derechos humanos es el irrespeto a los debidos procesos, fabricar delitos y perseguir a las voces disidentes, condenamos el actuar de la PNC que por varios años han abandonado el objetivo de su creación, y cada vez es más instrumentalizada como cuerpo represivo”, manifestó.
El líder social hizo un llamado a la comunidad y organismos internacionales defensoras de derechos humanos a activar sus protocolos, para garantizar la protección de los defensores en El Salvador, antes que la situación se desborde en represión y conflicto social abierto.
Mientras tanto, la directora del SJH, Ingrid Escobar, detalló que dos policías del equipo 01-5085 llegaron a su vivienda y solicitaron a la persona quien le colabora al cuido de sus hijos, salir para “hacerle unas preguntas”, pero como ella estaba en la casa, salió y se limitaron a preguntarle dónde quedaba la colonia San Antonio Abad y cómo llegar caminando, lo raro que andaban en carro.
“Entendí completamente su lenguaje corporal y no supieron qué decir, llegaron hasta mi casa que es la última del pasaje y no tiene sentido que no hayan preguntado en otro lado; si lo que quieren es amedrentarme, no lo lograrán. Que les quede claro, no me voy a ir capturada sin una orden judicial y que me pongan todos los delitos que quieran por no someterme”, advirtió.
Escobar externó que debido a un dispositivo de cámaras instalado en la vivienda, pudo corroborar que los agentes no andaban a pie, sino en el vehículo equipo 01-50-85, lo cual es contradictorio porque preguntaron por una dirección para llegar caminando, cuando andaban en vehículo.
Escobar cuestionó a las autoridades si el objetivo era confirmar su lugar de residencia o tenían pensado capturarla el jueves, como generalmente la fiscalía hace las detenciones de defensores de derechos humanos en ese día.
“Están enojados porque un día antes de que llegara este vehículo de la policía a mi casa, en la noche, en un programa dijo que el gobierno de Bukele ha pactado con las pandillas durante el Plan Control Territorial, y esa negociación se les cayó, les molesta que les digamos la verdad, y por eso me están acosando de esta manera”, denunció.
Según la directora de SJH, su trabajo ha sido el ejercicio de la defensa de derechos humanos de capturados inocentemente por la PNC y militares, sin seguir el debido proceso, lo cual, no constituye delito, al contrario, es ayudarle a la institucionalidad a hacer lo que ellos deberían estar haciendo.
Guillermo García, despedido de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), pidió a la titular de esa institución, Raquel Caballero, decretar una medida cautelar a favor de Ingrid Escobar, con base al artículo 11 de la ley de la PDDH y con base al artículo 78 del Reglamento de Protección a los Derechos Humanos. Esta es una medida de carácter urgente.
“Se está hablando de la vida y la libertad de Ingrid Escobar y todos los defensores de derechos humanos, que estamos poniendo en alto la voz de la grave violación de los derechos humanos cometidas, por el régimen inconstitucional de Nayib Bukele”, sostuvo.
Silvia Navarrete, secretaria general del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de Salud (SITRASALUD), responsabilizó al Estado por cualquier daño físico o moral que se le ocasione a Ingrid Escobar, y a su grupo familiar o personas que le apoyen su trabajo.
Las instituciones del Estado son quienes deben materializar, en este caso, no sólo la PDDH, sino por ley todas las instituciones, por normas nacionales e internacionales deben materializar la protección y garantía de protección en materia de derechos humanos sostuvieron las organizaciones.
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