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Redacción Nacionales
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Las diversas organizaciones que integran la Mesa de Protección a Periodistas denunciaron lo que consideran una “campaña de ataques y acoso contra la prensa independiente”, así lo declaró César Fagoaga, presidente de Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), al referirse a tres incidentes contra el gremio periodístico de los últimos días.
“En primer lugar, los periodistas no están obligados a revelar sus fuentes, las leyes en El Salvador y los Tratados Internacionales nos amparan. Y la protección de las fuentes es una de las bases fundamentales del periodismo, para que el oficio se ejerza con libertad y una condición necesaria para no desalentar la confianza de las personas a los periodistas, al brindar información relevante y de interés público”, argumentó Fagoaga.
La ARPAS, FESPAD, APES, MPCTI y la UCA, que integran la Mesa de Protección a Periodistas, se pronunciaron tras los hechos ocurridos que involucra a la administración del presidente Nayib Bukele contra la prensa independiente.
El primer caso está relacionado con el asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, quien lanzó una amenaza a través de la redes sociales contra los periodistas de la Revista Gato Encerrado, de abrirles un proceso jurídico a fin de que revelen las fuentes de la investigación de la noticia publicada. El artículo de la revista revela de la reunión previa entre el asesor presidencial, Javier Argueta, con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), antes que la Sala de lo Constitucional, que fue impuesta por la bancada del partido oficial Nuevas Ideas, el pasado 1o de mayo, emitiera una sentencia que da el aval a la reelección del presidente Nayib Bukele.
Karen Moreno, de la Revista Gato Encerrado, afirmó “no nos van a detener de seguir haciendo periodismo”, al señalar que las amenazas de los funcionarios públicos, incluido el asesor jurídico de la presidencia, no les detendría de informar a la población con artículos rigurosamente investigados y que cuentan con respaldo documental.
“Es de destacar que el asesor jurídico Argueta, en ningún momento negó los hechos que se han publicado en el reportaje -más bien- como hacen los funcionarios que se ven amenazados, desacreditan el trabajo periodístico en lugar de negar los hechos allí publicados”, dijo Moreno.
“Estas amenazas y tergiversación de las leyes, vienen porque hemos revelado una reunión secreta de los magistrados del TSE, en casa presidencial, sobre el documento que emitió la Sala Inconstitucional el día 3 de septiembre. Lo que cuestiona la falta de transparencia que tanto han venido criticando la administración de este gobierno”, sostuvo Moreno.
Asimismo, reiteraron que las leyes salvadoreñas y la ratificación de Convenios Regionales e internacionales de derechos humanos del Estado Salvadoreño establecen el respeto al “secreto profesional”, que incluye la no revelación de las fuentes.
“Leo todos estos artículos porque aquí el tema no es la ignorancia, aunque de esa haya bastante en Casa Presidencial. El tema aquí, es la malicia y la ilegalidad a la que está dispuesta a llegar el Gobierno, para limitar la libertad de prensa en El Salvador”, agregó.
En cuanto al caso de William Gómez, directivo de APES, rechazaron la acusación en redes sociales hechas por el presidente Nayib Bukele, como supuesto participante en la destrucción de un cajero de bitcoin.
“Casa Presidencial pretende hacer creer que un directivo de APES está involucrado en la destrucción del cajero bitcoin, esa persona en los vídeos no es William Gómez, y eso lo saben en Casa Presidencial. Usualmente, es mejor no contestar a los trolles, pero en este caso hicimos la excepción por ser el presidente (Nayib Bukele)”.
“Es un peligro para la Libertad de Expresión que un funcionario público que con semejante poder y megáfono mienta descaradamente, el Gobierno sabe que ha mentido. Y Bukele sabe que distribuye falsedades en redes sociales y sabemos que es difícil contrarrestar la propaganda oficial, pero no pararemos en desenmascarar a quien nos engaña y quien desde la soberbia pueda mentir sin consecuencias”, manifestó Fagoaga.
William Gómez, por su parte, declaró que han demostrado al gobierno que los señalamientos son falsos y que se han acreditado fotografías de la cobertura en la marcha del 15 de septiembre, la primera expresión social multitudinaria contra el gobierno del presidente Nayib Bukele.
“Yo vestía camisa negra y la de esa persona es otra; la contextura física de esa personas es más pequeño y delgado. Mientras, yo mido 1.70 y peso 168 libras. Además, los vídeos se ve cuando la persona le susurra a otra para destruir el punto Chivo, sus brazos no tienen los tatuajes que tengo en los míos”.
“Es evidente que desde CAPRES tratan de implicar a la APES, que se ha convertido en una voz disonante que condena las agresiones contra el gremio periodístico y las agresiones a la Libertad de Expresión o al sistema democrático y desde esa perspectiva le exijo al presidente de la república, una disculpa pública”, exigió Gómez.
Herbert Serafín, abogado de FESPAD, manifestó como preocupante la interpretación de las leyes a “conveniencia” desde Casa Presidencial, que podría convertirse en un ejercicio para criminalizar el trabajo periodístico, así también estigmatizar la defensa de esos derechos humanos.
“Han calificado de terroristas a estas personas, y eso da pie a que nuestra actual ley Antiterrorista sea interpretada antojadizamente para criminalizar el derecho a manifestarse. Y hemos visto los ataques hacia la APES, como gremial periodística y otras acciones de intimidación hacia FUSADES, para revocarles la declaratoria de utilidad pública y ante la Fiscalía, con avisos por supuestos casos de lavado de dinero, esto es manipular las leyes de forma antojadiza, no podemos callar ese atentado al Estado de derecho”, reiteró Serafín.
