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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Yo como madre y hermana espero que el presidente (Nayib Bukele) reaccione y deje en libertad a las personas que no tienen vínculos con pandillas”, dijo María Ábrego, familiar e integrante del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR).
“Aunque para él (presidente Nayib Bukele) todos son delincuentes, pero hay otros delincuentes de saco y corbata que sólo aprietan botones. Mi expectativa con esta audiencia con la CIDH es encontrar respuestas para nuestros familiares inocentes y su libertad inmediata”, expresó Ábrego.
María Ábrego es paciente en tratamiento por un cáncer de mama, cuya condición asmática y diabética mina su salud gravemente, pero esto no fue limitante para asistir a la presentación virtual de la “Audiencia Pública” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para escuchar sobre la temática de las graves violaciones a los derechos humanos de la población salvadoreña en el marco del régimen de excepción. Con lágrimas en los ojos recordó como Alexander Ábrego, su hijo de 37 años, la acompañaba en su proceso de consultas médicas y cuidaba de ella, así como, el apoyo económico que le brindaba de un negocio de venta de ropa usada.
“Tengo a mi hijo detenido desde el 10 de mayo de 2022, fueron dos agentes (Policía Nacional Civil) que llegaron a la casa -diciéndole que le iban a hacer unas preguntas- para sacarlo y le dijeron que ya iba a volver, pero han pasado 13 meses de eso y no ha vuelto”, expresó.
“¿No sé como está él? ¿No sé si está vivo?, la verdad es que sólo nos reciben los paquetes y no nos dan más información. Vivimos en la comunidad “La Esperanza”, anteriormente esa zona había presencia de pandillas y nosotros fuimos víctimas de esta gente porque amenazaron otros dos hijos míos, tuvieron que irse hace 13 años por el acoso de estos grupos”.
El Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) se sumó al colectivo de organizaciones de derechos humanos versus el Estado de El Salvador, en la denuncia sobre los “derechos humanos en el marco del estado de excepción”, en donde se documentó una serie de graves violaciones a los derechos fundamentales de la población salvadoreña.
En la intervención de las organizaciones de derechos humanos destacaron cifras como la de 71 mil personas capturadas, según fuentes oficiales, que “obedece a una estrategia de populismo punitivo”, como señaló Zayra Navas, abogada de CRISTOSAL, organización que ha documentado a lo largo de 13 meses una serie de graves violaciones a los derechos humanos de la población.
“El régimen de excepción se ha vuelto un régimen permanente de violaciones de derechos humanos y restricción de la población salvadoreña, cualquier persona puede ser detenida bajo el régimen de excepción; cualquier persona inocente puede ser torturada y sometida al régimen de excepción”, afirmó.
Asimismo, la denuncia incluyó que durante el estado de excepción se ha registrado la muerte bajo custodia estatal de 174 personas, y que a ninguna de estas personas se le había declarado culpable de haber cometido los delitos atribuidos por la Policía Nacional Civil, a la que sumaron la muerte de dos bebés que estaban con sus madres en la granja penitenciaria de Izalco, quienes murieron días después de haber sido dados a sus familiares.
“Estas muertes no son investigadas por el Estado con la debida diligencia, al contrario el señor Fiscal (Rodolfo Delgado) afirmó haber archivado 142 casos de personas detenidas durante el régimen de excepción el pasado 13 de junio del presente año. Y según sus palabras, fueron archivadas porque no constituyen delito de acuerdo a sus investigaciones, cuando CRISTOSAL y organizaciones hemos documentado muertes en centros penales que determinan en su mayoría, ser muertes violentas”, señaló.
Sobre las declaraciones del Estado de El Salvador, Navas señaló que estos no dieron una respuesta clara a la CIDH y a las organizaciones de derechos humanos, sobre cómo han investigado las muertes en los centros penales de estas personas bajo la tutela del gobierno.
“Lamentamos que sólo escuchamos un discurso (oficial) repetitivo, y la población salvadoreña merece tener información y estas audiencias (CIDH) se convocan precisamente porque en este país se niega el acceso a la información oficial y es por esto que las organizaciones convocamos a estas audiencias”, manifestó.
“Queda claro que sigue negando que hay víctimas inocentes del régimen de excepción, que hay muertos que no han sido juzgados, y que es muy probable que las personas más de 71 mil 400 sigan detenidas por dos años, violando la Constitución de la República y las normas internacionales”, reafirmó Navas.
La abogada de CRISTOSAL reiteró que era importante que la población conozca que las organizaciones de derechos humanos en el país, siempre han tenido como objetivo principal acompañar a las víctimas. Ya sea, cuando fueron víctimas de las pandillas y ahora como víctimas del Estado.
Mientras, Angélica Cárcamo, presidenta de la APES, hizo referencia al tema del derecho de información, la libertad de expresión, de prensa y la agresión a los y las periodistas en el país.
“En 2022 hubo 136 casos documentados de agresiones a periodistas; pero los datos más alarmantes son los del estado de excepción en donde se reportan 209 afectaciones al gremio, donde el 66% de las agresiones provienen del Estado”, informó.
“Las agresiones que más se repiten son los discursos de odio, estigmatización y difamatorios en contra de periodistas y medios que no son afines a la narrativa oficial, los ataques a la seguridad digital de dispositivos y las retenciones o ataques físicos”, reafirmó en su intervención Cárcamo.
Entre las peticiones al Estado salvadoreño por parte de las organizaciones de derechos humanos están que “el Estado transparente su política de seguridad”, así como dar acceso e información a los familiares de los detenidos durante el régimen de excepción.
No les cabe duda que es el Estado debe tomar medidas para la seguridad pública, pero por ningún motivo puede tomarlas en detrimento de la vida y derechos de la población inocente.
