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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y la Mesa Permanente por la Justicia Laboral (MPJL) denunciaron que en el país existe un clima hostil y la criminalización de liderazgos, quienes luchan por la defensa de los derechos laborales y sindicales.
Dichas acciones están vinculadas a un proceso de desmantelamiento que el Estado hace de los sindicatos, despidiendo a sus directivos como el caso del Sindicato de Trabajadores Municipales de la Alcaldía de Soyapango (SITRASOYA), el secretario general de Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (SIMEDUCO), y recientemente la destitución de la secretaria general del Frente Magisterial Salvadoreño.
Pese a que la población trabajadora obtiene del sistema de justicia resoluciones favorables en sus casos, estas no son cumplidas; a esto se suma normativas aprobadas por la Asamblea Legislativa y la inaplicabilidad que hace el Ejecutivo de otras leyes vigentes, impactando negativamente en los derechos de la población trabajadora.
Oscar Morales, técnico jurídico de FESPAD y miembro de la MPJL, señaló que a los trabajadores se les violan el derecho a la revisión del salario mínimo; estabilidad laboral y libertad sindical; la criminalización de los defensores de derechos laborales y sindicales, seguridad social y violaciones específica sobre el sector magisterial.
“Es lamentable que a la fecha no se haga una revisión del salario mínimo tal como lo establece la ley en el artículo 159 del Código de Trabajo, lamentamos las declaraciones del ministro donde aseguró que no existirá tal revisión
en el país”, sostuvo.
Entre las normativas que afecta la estabilidad laboral y sindical están, la “Ley Especial para la Reestructuración Municipal”, con la cual se han generado despidos masivos de diferentes municipalidades, entre ellos, 20 trabajadores de Ciudad Delgado, 23 de Cuscatancingo, 90 en San Marcos, 100 en Zacatecoluca, 11 en Panchimalco y 25 en Ayutuxtepeque.
Además, la “Ley Especial Transitoria de Compensación Económica para los Trabajadores del Ministerio de Cultura, donde hasta la fecha se han despedido a un aproximado de 1,200 empleados.
Asimismo, con la Ley de disolución, liquidación y traslado de funciones del Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP), los trabajadores aún están en la incertidumbre jurídica de su continuidad laboral, pues a la fecha el gobierno solamente les ha manifestado que se hará una evaluación.
FESPAD y la MPJL indicaron el constante acoso laboral para docentes y directores de centros escolares públicos por medio de la plataforma SALVE, instrumento de denuncia creado por el Ministerio de Educación, para la persecución del magisterio.
A la vez, exigieron la libertad inmediata para los sindicalistas detenidos arbitrariamente bajo el Régimen de Excepción; reinstalo inmediato para los trabajadores despedidos de injustamente y el cese de despidos masivos.
