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Oscar López
@Oscar_DCL
La Mesa contra la Impunidad en El Salvador, el Grupo Gestor por una Ley Integral de reparaciones y la Comisión de Trabajo Pro-Memoria Histórica denunciaron las intenciones de los diputados de tres grupos parlamentarios de aprobar una ley de reconciliación que en realidad es una “amnistía disfrazada”.
Óscar Pérez, miembro de la Fundación Comunicándonos expresó que la nueva propuesta es respaldada por tres partidos políticos: Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Partido de Conciliación Nacional (PCN).
David Morales, miembro de Cristosal, organización miembro de la Mesa contra la Impunidad mencionó que la iniciativa es el quinto documento “bajo formato de informe de la subcomisión Política en el que diputados pretenden aprobar una amnistía disfrazada”. Asimismo, indicó que algunos artículos de la propuesta tienen como objetivo aprobar un nuevo proyecto de impunidad. “El artículo 2, en su numeral 10, pretendiendo desarrollar el principio de seguridad jurídica da lugar a la más amplia arbitrariedad posible, establece que cualquier decisión, de cualquier autoridad aún no fuere judicial, aún se tratare de una decisión administrativa como el archivo de una investigación por parte de la fiscalía, será cosa
juzgada material y se volverá inmutable”, explicó Morales.
Por lo que la Mesa contra la Impunidad consideró que la propuesta es un intento de dar una herramienta de arbitrariedad al sistema para obstaculizar la justicia, lo que viola principios y doctrinas básicas del derecho.
“Es querer dar las herramientas para que quien tenga seguridad jurídica de impunidad sean los victimarios y las víctimas queden en la inseguridad jurídica de siempre, sin acceso a la justicia”, aseveró Morales.
De igual forma, Ima Guirola, representante de CEMUJER, organización miembro de la Mesa comentó que con la propuesta de ley se denota una “sistemática y persistente actuación inconstitucional de la Asamblea Legislativa”.
Guirola enfatizó en que desde la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía han pasado más de tres años de “desacato judicial”, esto debido a que la Asamblea Legislativa incumplió el mandato de regular los mecanismos para el acceso a la información
pública. “El presidente, como comandante general de las Fuerzas Armadas, ya no debe de dar más tuits ni más discursos, sino acción, abrir los archivos; el mecanismo de regulación de esto debe ser parte de la actuación de la Asamblea Legislativa, no existe”, enfatizó la representante de CEMUJER.
