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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y el Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra de El Salvador (MOVITIERRA) denunciaron el cierre de distintos accesos a la playa Costa del Sol, en el departamento de La Paz. “En ningún caso podrá privarse a un pueblo de su medio de subsistencia”, manifestaron las organizaciones.
FESPAD y MOVITIERRA expresaron que las restricciones a las playas van en contra de lo establecido en el artículo 84 de la Constitución de la República, así como contraviene el artículo 571 del Código Civil, que estipula que las playas son un bien nacional, y por lo tanto de uso público.
De siete accesos a la playa cerrados por propietarios de ranchos privados sobre el Bulevar Costa del Sol, en tres de estos las organizaciones determinaron que existen violaciones jurídicas como el cierre total o la reducción de los mismos.
Gloria Guillén de FESPAD subrayó, que ante la vulneración del derecho al acceso a las playas a las comunidad es necesario promulgar una legislación que regule el acceso al litoral, como en algunos países “que tienen ley específica para que el acceso peatonal o vehicular a la playa sea libre”, comentó.
Por su parte, Teresa Hernández portavoz de FESPAD indicó, que las investigaciones sobre las restricciones al acceso a la playa se realizaron en al menos cinco comunidades ubicadas sobre el bulevar Costa del Sol, donde las localidades afectadas serían alrededor de diecinueve.
Sobre la acción de las instituciones de Estado, las organizaciones indicaron que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) ha actuado atendiendo denuncias sobre contaminación en la zona costera, no sobre la propiedad de los accesos a la playa.
Además, FESPAD externó su compromiso por colaborar con la posibilidad de crear un proyecto de ley que consigne el derecho al acceso a las playas. Teresa Hernández añadió intentaron establecer mesas de diálogo con participación de propietarios de ranchos privados y representantes de las comunidades costeras afectadas; sin embargo, los dueños de ranchos se negaron a participar.
MOVITIERRA instó a las instancias como la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Registros y el Ministerio de Medio Ambiente a intervenir en la problemática.
