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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron la persecución de integrantes de la Comunidad de Santa Marta y la Asociación para el Desarrollo Económico Social (ADES Santa Marta), quienes son “objeto de hostigamientos, vigilancia y amenazas de detención arbitrarias” por parte de cuerpos armados en sus territorios.
Las organizaciones denuncian, además, la campaña de persecución y criminalización en la que destaca el doble enjuiciamiento de cinco ambientalistas desde enero de 2023, quienes están siendo criminalizados y sujetos a un procedimiento penal injusto, ilegal y arbitrario, por defender la prohibición de la minería en El Salvador.
El 18 de octubre de 2024, el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque declaró a los defensores ambientalistas Saúl Rivas Ortega, Fidel Dolores Recinos Alas, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez y Pedro Antonio Rivas Laínez, inocentes y ordenó su libertad.
No obstante, en noviembre del mismo año, a petición de la Fiscalía General de la República de El Salvador, se invalidó el resultado del juicio y se decretó su repetición, “violentando el principio básico del debido proceso penal”, que establece que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa, y su repetición está prevista para los días 9, 10 y 11 de abril de 2025.
“En el marco de este proceso, el pasado 28 de enero, Tutela Legal y la Fundación de Estudios para el Debido Proceso solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), medidas cautelares urgentes e inmediatas para los cinco ambientalistas”, manifestaron las organizaciones.
Las organizaciones pro derechos humanos aportaron nueva información en la que evidencia el desarrollo de un nuevo proceso sin pruebas y que se ha construido para criminalizar a los defensores y que tiene como trasfondo paralizar la demanda colectiva de no retorno a la minería en El Salvador.
Asimismo, expresaron su preocupación en este mismo contexto, por lideresas y activistas de la Comunidad de Santa Marta, que han enfrentado “persecución y vigilancia por parte de personas desconocidas”.
Además, denunciaron actos de hostigamiento, acoso nocturno y la presencia intimidatoria de cuerpos armados bajo pretexto de buscar «residuos de grupos delincuenciales». Estas acciones son consideras como “actos violentos” que han generado “gran temor entre la población, que vive en zozobra ante la posibilidad de llevarse a cabo detenciones masivas”. Estas amenazas afectan a 40 activistas integrantes de la comunidad.
“Todo esto se da después de que el pasado 23 de diciembre, con los votos del partido de gobierno y sus aliados, y sin consulta popular previa, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la Ley General de Minería Metálica, la cual revierte la prohibición de esta actividad nociva para el medio ambiente, las comunidades y la población del país”, acotaron.
La prohibición de la minería metálica, conseguida en 2017, fue un triunfo histórico de la lucha popular, entre cuyos principales referentes están la comunidad de Santa Marta y la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES).
La Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos y la IM-Defensoras se sumaron públicamente al llamado de la Comunidad de Santa Marta, contra el no retorno de la minería metálica a El Salvador.
“Esta demanda ha cobrado fuerza a nivel nacional e internacional dando lugar a diversas exigencias de justicia en las que organizaciones, movimientos sociales y la población en general hacen uso de su legítimo derecho a la protesta ante una ley que pone en peligro las fuentes de agua y la preservación de la vida”, argumentaron.
“Denunciamos el uso de cuerpos de seguridad para violentar el derecho a defender derechos; así como la promoción, por parte del Estado salvadoreño, de proyectos que afectan la vida de las comunidades”, añadieron.
EL movimiento social reiteró su llamado a la comunidad internacional, movimientos sociales, instancias y organizaciones internacionales de derechos humanos a estar atentos ante lo que consideran una “escalada de agresiones contra la Comunidad de Santa Marta”, y que acompañen la demanda de protección a la vida e integridad de los defensores y defensoras ambientalistas y sus familias.
“Finalmente, exigimos al Estado salvadoreño retomar su deber de proteger a las víctimas y no criminalizar a quienes defienden derechos ambientales, respetando el derecho a la protesta y a la movilización de la población en defensa de sus derechos”, demandan.
“Permaneceremos alertas y vigilantes acompañando la demanda de no retorno de la minería metálica a El Salvador y la exigencia de protección, respeto a los derechos humanos y garantías para la personas, organizaciones y comunidades defensoras de los bienes”, concluyeron.
