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Redacción Nacionales
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Con la consigna “El pueblo no se calla hasta que el dictador no se vaya”, cientos de personas se concentraron en el monumento al Salvador del Mundo, desde donde marcharon hasta la Asamblea Legislativa como muestra de descontento contra la Ley Bitcoin, el irrespeto a la Constitución y por las acciones antidemocráticas y nefastas del presidente de la República, Nayib Bukele.
A esta marcha se unieron los veteranos y ex combatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), quienes pidieron el cumplimiento de sus derechos y sea asignado el dinero correspondiente en el Presupuesto General de la Nación 2022, para el pago de pensiones, becas, proyectos productivos, salud integral y otras acciones que se comprometió a cumplir el gobierno de Bukele y hoy se niega a cumplirlo.
“Exigimos que se cumpla nuestra ley establecida en el decreto 416 el cual da los beneficios a los lisiados de guerra, nosotros nunca hemos andado lambisconeando dadivas, porque se nos enseñó la decencia, el honor y respeto, por eso queremos que se nos cumpla con lo prometido”, afirmó un lisiado de guerra que participó en la marcha.
A esta actividad también se incorporaron despedidos de algunas instituciones públicas, a quienes se les ha violentado sus derechos laborales y exigieron la reinstalación en sus puestos de trabajos.
Stanley Quinteros, secretario general del Sindicato de Empleados Judiciales 30 de junio (SEJES 30 DE JUNIO), indicó que sectores organizados y no organizados, trabajadores por cuenta propia, personas laboralmente inactivas, iglesias, sector agrícola y población en general decidieron salir a protestar y decirle al gobierno que están hartos y cansados de las políticas nefastas en contra del pueblo.
“Estamos cansados que haya un rompimiento al orden constitucional, graves violaciones a la Constitución de la República, que el gobierno de un plumazo violente debidos procesos y deseche todo lo que en este momento le estorba e incómoda”, afirmó Quinteros.
Asimismo, enfatizó que el gobierno no ha puesto la atención requerida a la gran cantidad de jóvenes desaparecidos, desde el 20 de agosto al 27 de septiembre hay 27 desaparecidos; además, luego de varios meses el caso de Chalchuapa no ha tenido ningún avance.
Las organizaciones mostraron su rechazo ante una reelección presidencial y el agravio por las reformas constitucionales. Esperan que el gobierno e instancias involucradas reafirmen su compromiso con el pueblo salvadoreño tomando acciones y escuchando sus demandas.
Jueces y abogados
Jueces, magistrados de Cámara y abogados protestaron por los abusos de poder del gobierno y exigieron el respeto al Estado de Derecho, separación de poderes e independencia judicial. El juez de Sentencia, Juan Durán, quien recientemente fue trasladado a Zacatecoluca, La Paz, retó al presidente de la República para que investigue a los jueces removidos de sus cargos, afirmó que jamás han vendido una decisión judicial.
Al contrario, el gobierno se aprovechó de la aspiración legítima de ascender en la carrera judicial, manipulado desde el Órgano Legislativo y Ejecutivo y ahora la CSJ se ha prestado a esta inconstitucionalidad.
“Nos han injuriado en redes sociales y programas de televisión atribuyéndonos hechos de corrupción, aquí se han aprovechado de la necesidad de los compañeros a un retiro digno y los han obligado a renunciar, ceder a la fuerza no es un acto de voluntad, es un acto de la necesidad por seguir trabajando. Nos pueden sancionar, remover o trasladar para callarnos, pueden intentar derrotarnos, pero la razón y el derecho están de nuestro lado”, aseguró Durán.
El juzgador dijo que esta no es una causa de los jueces por sus puestos de trabajo, sino una acción para impedir la manipulación de la administración de justicia en el país, donde las organizaciones sociales han demostrado solidaridad con los jueces y respaldan la independencia judicial.
“La propaganda y publicidad del gobierno ha tergiversado esta situación ante los ojos de la población, y está depurando a los jueces independientes para poner a los que están a favor de él; aquí resulta que los buenos somos los malos, y los malos son los buenos”, señaló el juez.
Desde tempranas horas de este jueves se denunció que la Policía Nacional Civil (PNC) instaló retenes en las diferentes carreteras para impedir el paso a buses y pick up con personas que participarían de la marcha.
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