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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Representantes de varias organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas del conflicto armado acudieron a la Asamblea Legislativa para presentar una carta a la Comisión Política, en la que plantean que se tome en cuenta su propuesta de ley junto a la confeccionada por los diputados en lo referente al anteproyecto de Ley de Reconciliación Nacional.
Las organizaciones denunciaron que la Asamblea Legislativa continúa promoviendo la impunidad; en palabras del presidente de ese órgano, se estudiarán las dos propuestas pero el acuerdo de la Comisión Política es que se haga una reingeniería de la iniciativa presentada por los diputados, sin estudiar la elaborada por los colectivos sociales y las víctimas.
“Al parecer, como ha pasado de mayo a la fecha, solo están estudiando las propuestas que ellos presentaron que han tenido vicios de impunidad, según documentos técnicos presentados por las organizaciones, y no estudiarán la propuesta de las víctimas”, dijo Julio Magaña, miembro de Cristosal.
El representante de Cristosal destacó, que las organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas del conflicto armado buscan es que haya proporcionalidad entre las violaciones a derechos y las penas por el cometimiento de estas para proveer debida justicia.
Magaña, asimismo, expuso que la pena de prisión se debe contemplar también como un mecanismo que garantice la no repetición de las graves violaciones cometidas durante el conflicto armado salvadoreño. En el mismo sentido, David Ortiz, miembro de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) consideró que las declaraciones de Mario Ponce, presidente de la Asamblea Legislativa responden al desconocimiento de la propuesta de ley presentada por las organizaciones de derechos humanos y víctimas del conflicto armado, ya que una iniciativa que busca la justicia con otra que plantea la impunidad no son compatibles.
“Si el objetivo es unir dos propuestas que no son compatibles claramente predominará la línea que promueve la impunidad, que es la que la Asamblea Legislativa ha venido arrastrando”, sostuvo Ortiz.
Las organizaciones también solicitaron al procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, que se pronuncie de forma determinante respecto a que no se emita una nueva ley de impunidad, ya que consideraron que si bien debe emitir opinión sobre aspectos técnicos relativos a la justicia transicional, el mensaje claro debe ser que en El Salvador ya no se niegue pronta y debida justicia para las víctimas.
El representante de FESPAD agregó que con la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General de 1993 quedó validada la aprobada un año atrás, que sí contempla la pena de prisión por violaciones a derechos humanos perpetrados en el contexto del conflicto armado.
En este sentido, consideró que se debe cuestionar a Raúl Melara, fiscal general de la República, sobre el estado en que se encuentra los procesos de investigación o iniciados en los tribunales y cuáles son las metodologías de investigación que propone para estas graves violaciones a derechos humanos, ya que existen más de 200 denuncias en la FGR de delitos cometidos durante el conflicto armado.
Las organizaciones exigieron que se lleve a cabo un verdadero proceso de consulta hacia las víctimas, además de que se estudie su propuesta de ley en sintonía con lo dispuesto por la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la sentencia de inconstitucionalidad a la Ley de Amnistía General de 1993.
