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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
La decisión de acordonar militarmente el municipio de La Libertad, y las consecuentes peticiones de otros alcaldes para recurrir a medidas que solo reflejan “Estados de Sitios Focalizados”, en el marco de la Emergencia Nacional de Salud por la pandemia del COVID-19 eleva el riesgo de romper el orden democrático del país, afirmaron diversas organizaciones de derechos humanos y jurídicas.
Saúl Baños, director de FESPAD afirmó que con la decisión del presidente de la República, Nayib Bukele, de acordonar militarmente el municipio de La Libertad, desde el pasado viernes 17 de abril, está cometiendo desacato a las sentencias de la Corte Suprema de Justicia.
“Desde la emisión de la resolución de la Sala de lo Constitucional, en donde ordena que se dejen de practicar ciertas acciones como la privación de la libertad de personas que están en confinamiento, está cayendo en desacato en cumplimiento de resoluciones judiciales y, por tanto, son prácticas ilegales”, señaló Baños.
En cuanto al acordonamiento del Puerto de La Libertad, Baños agregó que este “Estado de sitio focalizado”, no cuenta con ningún fundamento jurídico para realizarlo y no solo afecta a la población de La Libertad.
“En principio el municipio solo tiene dos calles paralelas que es la del Litoral; segundo, es el centro de abasto de seis municipios y tercero, de esos seis municipios solo en el Puerto de La Libertad hay farmacias, oficinas del Estado, bancos, entre otras oficinas importantes. Y con esta medida en la zona Sur de la Cordillera del Bálsamo, se estaría bloqueando a las zonas más pobres del departamento como las comunidades Jicalapa, Chiltiupán, Tamanique, Teotepeque, parte de Comasagua, incluso parte de San José Villanueva”, explicó Baños.
Y sobre la petición del alcalde Salvador Menéndez, de San Luis La Herradura, departamento de La Paz, quien pidió una medida similar, Baños destacó que podría tratarse de una “estrategia o línea de acción para continuar estableciendo estos actos ilegales, “Estados de Sitio Focalizados”, ya que el edil forma parte del partido GANA que junto a Nuevas Ideas, apoyan las decisiones del Ejecutivo.
“De darse el acordonamiento en San Luis La Herradura, esto afectarían a las personas pobres del municipio y se estaría instaurando de manera ilegal los Estados de Sitio en el país. Convirtiendo cada rincón de El Salvador en una cárcel donde se tendrá privada de libertad a todas las personas. El presidente Nayib Bukele debe buscar una alternativa que respete la legalidad, la constitucionalidad y los derechos humanos de la población”, argumentó.
Mientras, las organizaciones Acción Ciudadana, CECADE, Consorcio por la Transparencia, CRISTOSAL, IIDC, TRACODA, Futuro Abierto, Multiparty Democracy, PATRIOTAS, FUDECSO y Los Sospechosos de Siempre, entre otras organizaciones de derechos humanos, demandaron de la Fiscalía General de la República una respuesta contundente para investigar las decisiones que está tomando el órgano Ejecutivo en el marco de la emergencia nacional por la pandemia del COVID-19, en los últimos días.
“Expresamos de la fiscalía las acciones que ya están realizando en relación a posibles negligencias ocurridas dentro de los centros de contención, que han derivado en la pérdida de vidas humanas. Y reconocemos que se hayan iniciado investigaciones por las lesiones ocasionadas a un ciudadano por agentes de la Policía Nacional Civil en San Julián, Sonsonate”, dijeron.
No obstante, expresaron su “preocupación” por la pasividad de la institución ante una serie de acciones del órgano Ejecutivo, que consideran “atenta contra los cimientos de la república”, así como, el desconocimiento de las facultades de los otros órganos del Estado y menoscabar derechos fundamentales, al dar paso a una serie de arbitrariedades por sobre la legalidad.
“El artículo 244, de la Constitución de la República, que cualquier infracción de las disposiciones constitucionales es penado por la ley, y en este momento ya no es aceptable la pasividad y silencio de esta institución ante los graves hechos que están sucediendo, tampoco son suficientes los exhortos a las instituciones para que cumplan con la Constitución, porque estas han declarado que nos les interesa”, acotaron.
Las organizaciones demandaron de la fiscalía, ejercer las facultades institucionales y así defender la república y aplicar la ley a infractores, como el ente fiscal encargado de perseguir el delito.
“La Fiscalía General de la República debe defender los intereses del Estado, promoviendo acción penal contra aquellos que inobservan la Constitución y de manera especial pedimos de manera específica que se investigue la ilegítimas privaciones de libertad, las medidas de cuarentena, los atropellos a derechos humanos denunciados públicamente en los centros de contención y la injustificada amenaza y falta de cumplimiento de las autoridades de las órdenes emanadas de la Sala de lo Constitucional, en el más breve plazo”, aseguraron.
El sábado se viralizó un pequeño vídeo en el que un oficial del ejército apostado en una de las entradas al Puerto de la Libertad, sitiado por orden del presidente de la República, se negó a dar información al propio Fiscal General de la República, Raúl Melara, sobre el procedimiento, y mandó al funcionario del ministerio público a buscar la información con el ministro de la Defensa.
