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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
El Centro para la Promoción de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec” (CPDH), la Fundación Cristosal y la Asociación de Víctimas de San Esteban Catarina, denunciaron la tardanza en la aplicación de justicia y omisión de investigar, en el que han incurrido las autoridades judiciales y fiscales en el caso de la masacre de “El Calabozo”, donde más de 200 civiles fueron asesinados a manos de la Fuerza Armada en 1982.
El proceso estuvo archivado ilegalmente por la aplicación de la amnistía y prescripción, hasta que se reabrió por sentencias de la Sala de lo Constitucional en 2016, en aquel momento surgió una esperanza para las víctimas, pero ocho años después se ha desvanecido ante la disfuncionalidad del sistema de justicia que omite profundizar en la investigación de los responsables, aunque se haya logrado incorporar prueba relevante sobre el crimen por solicitudes de la acusación particular.
El tribunal a cargo del caso es el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de San Vicente, con sede en San Sebastián, antes Juzgado de Primera Instancia de San Sebastián, que ha rechazado solicitudes para requerir a la Fuerza Armada documentos sobre planes militares de guerra durante la época de la masacre y el conflicto armado, pese a que se trata de documentos de alta relevancia en la investigación.
“Hemos tenido una serie de retrasos, de violaciones al debido proceso, y prácticas de omisión de investigación por parte del Tribunal Segundo de lo Civil y Mercantil de San Vicente y de la Fiscalía General de la República (FGR) que sólo derivan en la protección de derechos de los criminales”, indicó David Morales, ex titular de la PDDH y abogado de Cristosal.
Morales explicó que el caso fue denunciado en 1992, al terminar la guerra civil, por sobrevivientes quienes vieron y oyeron de manera directa la masacre, y milagrosamente salieron libres del lugar, se hicieron inspecciones, reconocimientos médicos de personas heridas, pero en 1993 el caso fue abandonado sin ninguna resolución para archivarlo.
Sin embargo, durante 2006, después que la Corte Interamericana dictó sentencia en el caso de las hermanitas Serrano y Figueroa, ordenó al Estado de El Salvador investigar los crímenes de la guerra, y por ello se presentó una acusación particular para ejercer la acción contra los responsables, exactamente los jefes militares, pero fue rechazada.
“Estas personas fueron asesinadas durante un tremendo aguacero, había un temporal y lluvias muy torrenciales en ese momento, fueron asesinadas a orillas de un río que arrastró la mayoría de cadáveres, después las tropas del batallón Atlacat que habían cometido la masacre, volvieron para rociar ácidos y químicos sobre los cuerpos y desaparecerlos, no fue posible enterrar a la gran mayoría de las víctimas”, detalló Morales.
En 2023 un tribunal de primera instancia que conocía la jurisdicción penal y creía lo ocurrido en San Sebastián pasó de ser primera instancia, y la Corte con la reforma lo convirtió en un tribunal sin mínimas garantías, ahora una masacre de 200 personas es investigada por un tribunal que tiene la responsabilidad de ventilar todos los casos civiles y mercantiles en el departamento de San Vicente.
Para el abogado de Cristosal, hay una enorme responsabilidad de la CSJ en que el tribunal no tenga plena capacidad, entre 2022 y 2023 se dieron cinco sustituciones de jueces; pero la actuación de la jueza Claudia Rivas, que se ha mantenido ya por más de un año en el cargo, su postura es a no investigar.
Las organizaciones denunciantes reiteraron que las solicitudes para la acreditación de dos peritos especializados propuestos por la acusación particular, conformado por un experto militar y una experta documentalista, no ha obtenido respuesta desde junio de 2023; además, la jueza del caso en adelanto de criterio informó a la Cámara de San Vicente que la petición del peritaje militar estaba rechazada.
Desde los inicios del caso como es su práctica, los ministros de la Defensa en turno han negado la localización de archivos militares históricos claves para la investigación, aunque el tribunal dictó órdenes de detención contra los imputados Guillermo García y Rafael Bustillo, en septiembre de 2023, omitió girar oficios de detención a la policía, las detenciones no se hicieron efectivas y permitieron a la defensa técnica impulsar acciones dilatorias que siguen impidiendo las detenciones.
Las organizaciones aseguraron que la FGR, aunque ha solicitado algunas diligencias, después de ocho años no ha presentado resultados de investigación contra los acusados, demostrando una pasividad que no es justificable, aunque el caso se esté tramitando con el Código Procesal Penal de 1974.
Exigieron al tribunal a cargo del caso, cesar su omisión de investigación y promover las diligencias relevantes solicitadas por la acusación particular, así como abstenerse de retardar la justicia, resolviendo oportunamente las peticiones de las partes técnicas.
La masacre de El Calabozo fue perpetrada el 22 de agosto de 1982, durante la operación militar «Mario Azenón Palma», y son acusados por este crimen de guerra, Guillermo García, ministro de Defensa; Rafael Flores Lima, jefe del Estado Mayor, fallecido durante el proceso; Rafael Bustillo, jefe de la Fuerza Aérea; Sigifredo Ochoa Pérez, comandante del DM-2, también fallecido durante el proceso; y Antonio Méndez, comandante del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata (BIRI) «Ramón Belloso».
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