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Gloria Silvia Orellana
@Diario CoLatino
“Porque si no hay justicia no hay reparación para nosotros como familiares de víctimas de la masacre de El Mozote. Es preocupante que el Estado salvadoreño retrase el proceso”, dijo Eugenia Argueta, integrante de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (APDHEM).
El 10 de diciembre de 1981, en el caserío El Mozote, del ahora distrito de Meanguera, del departamento de Morazán, fueron apresados sin resistencia por efectivos del batallón Atlacatl, toda su población civil, y luego de pasar toda esa noche encerrados. El 11 de diciembre fueron “ejecutados deliberada y sistemáticamente por grupos”, expresa el Informe de la Comisión de La Verdad, presentado luego de la firma de los Acuerdos de Paz en 1992.
La masacre de El Mozote y sitios aledaños dejó más de mil personas asesinadas en tres días. Del total de las víctimas, alrededor de 500 eran niñas, niños, adolescentes. Esta masacre fue calificada como uno de los exterminios más mortíferos del siglo XX.
A 43 años de la masacre, las organizaciones Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, Pro Búsqueda, APDHEM y Fundación CRISTOSAL denunciaron un “estancamiento en el proceso judicial”.
Eugenia Argueta, integrante de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (APDHEM) , agradeció el apoyo a los medios de comunicación.
“Queremos que nos escuchen más allá, de los que creen que la masacre de El Mozote no sucedió, cuando son 43 años de ocurrido, y como miembros de la APDEHM, exigimos justicia, queremos que ya no retrasen el caso porque los familiares de las víctimas ejecutadas se nos están muriendo”, manifestó.
“Nos preocupa también que la señora jueza (Mirtala Portillo) diga que los abogados que nos representan, ya no nos lleven el caso, que sólo la Fiscalía será quien nos lleve el caso”, reveló Argueta.
En el marco de la conmemoración del 76 aniversario de la proclamación de Día Universal de los Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) recordó que la declaración, luego de terminar la Segunda Guerra Mundial, se proponía un “Nunca Más” a este tipo de atrocidades.
David Morales, abogado de CRISTOSAL, parte del equipo legal que ejerce la acusación en el caso de la masacre de El Mozote y sitios aledaños, manifestó que desde la destitución del juez Jorge Guzmán, en septiembre de 2021, el proceso judicial se encuentra con severos retrasos.
“La nueva juzgadora, Mirtala Portillo, ha adoptado criterios y acciones que nos parecen que evidentemente están retrasando el avance del caso a su fase plenaria final, a su fase de vista pública y sentencia”, dijo.
“Hablamos de justicia transicional con mayor cantidad de pruebas, restos óseos de casi 300 víctimas, más del 70% de niñez abajo de los 12 años de edad, con amplísima documentación, un acervo de prueba testimonial de decenas de declaraciones de testigos directos en sede judicial que han demostrado plenamente los hechos”, alegó Morales.
Morales indicó que existen las pruebas de la cadena de mando militar, que ha identificado a los culpables como el exministro de Defensa coronel Guillermo García, de un parte de pruebas periciales especializadas por personas expertas internacionales.
“Hace tres años, el destituido Juez Jorge Guzmán había registrado en una resolución que sólo se agotaría tres audiencias con peritos internacionales antes de pasar a la etapa final de vista pública, sin embargo, fue destituido. Y la jueza Mirtala Portillo, abandonó el caso y ha promovido diligencias que violan el debido proceso judicial”, señaló el abogado.
Jueza Portillo margina trabajo del equipo de la acusación particular
Otra de las irregularidades procesales que ha experimentado el equipo acusador conformado por Tutelta Legal MJH y CRISTOSAL es el “ difícil acceso a la acusación particular al expediente judicial del caso.
“No se nos permite acceso al expediente y casi en todo el año 2023 no pudimos tener acceso, ahora tenemos que solicitar copias, que actualmente son digitales y tardan meses en ser entregadas”, indicó.
“Hay expresiones en las resoluciones de la señora jueza que claramente marcan su parcialidad, su animadversión hacia la representación legal judicial, en representación de víctimas directas del caso- entre ellas- las víctimas que pertenecen a la APDHEM”, sostuvo Morales.
El retraso del proceso judicial revictimiza a sobrevivientes
Alejandro Díaz, abogado Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, afirmó que se sumaban a la denuncia y apoyaban la petición de familiares directos de las víctimas de la masacre de El Mozote y sitios aledaños, para que el caso siga su curso y cesen las acciones repetitivas del proceso.
“Es lamentablemente esta revictimización de los sobrevivientes en esta parte del proceso judicial, que es precisamente uno de los elementos de la reparación de las más importantes, ordenada en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde el año 2012”, expresó.
“También el Estado no ha cumplido las reparaciones de esta sentencia a más de 12 años (de la resolución) y a 43 años de estos hechos. Y las reparaciones que están realizando son inconsultas y abusivas, que implicó hasta expropiaciones de terrenos de las personas, esta es la tónica del Estado”, denunció Díaz.
ProBúsqueda reclama reparación de desaparición forzada
Helí Hernández, abogado de Asociación Pro Búsqueda, explicó que el pasado 6 de noviembre 2024, la jueza decidió separar del proceso judicial principal los casos de desapariciones forzadas de las niñas Emelinda Hernández, Ana Julia y Camerlina Ramírez, cuyas investigación ha sido ordenada por dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), aunque estos hechos fueron cometidos durante las mismas masacres.
“Vemos con preocupación las últimas resoluciones del juzgado que lleva el caso de El Mozote, en el sentido de que decidió separar el caso de tres niñas desaparecidas en el contexto de la masacre de El Mozote. Y funda su decisión a la base de que son casos especiales que tienen sentencias por parte de la Corte IDH, y por ser niños los decide separar la investigación”, manifestó.
“Esto contradice la sentencia de la Corte, en el sentido de que todas estas investigaciones sucedidas en tiempo y lugar similares deben investigarse en un sólo proceso. La desaparición, si bien es un delito complejo, se debe investigar, porque la principal característica de este delito es que falta lo principal, que es información e investigación de las instituciones presuntamente responsables de estas conductas”, argumentó Hernández.
Para Eugenia Argueta (APDHEM), la justicia no puede negociarse, ni ser parcial ni olvidada.
“De nada sirve que el gobierno haga muchas obras en el Mozote, cuando no son reparaciones dignas como lo dice la sentencia de la Corte IDH. Deben ser reparaciones que nos ayuden a nosotros como familiares de las víctimas a que nos sintamos representados y no olvidados”, manifestó.
“Hablar de los sucedido es difícil para nosotros porque abre heridas, pero si no hablamos nosotros ¿quién lo hará? Por eso lo hacemos nosotros mismos”, manifestó Argueta.
