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Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
Búsqueda de la igualdad y equidad en el otorgamiento de empleos públicos, son algunos de los avances destacados por organizaciones sociales del país, en la implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción en El Salvador (CICCES).
El informe independiente y aparte del que será ofrecido por el Estado salvadoreño, fue elaborad por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Iniciativa Social para la Democracia (ISD) y la Universidad de El Salvador, el cual se en marca en la Quinta ronda de Evaluación del mecanismo de Seguimiento de la Convención.
Las organizaciones destacaron los avances positivos entre ellos, el desarrollo de una herramienta interna de trabajo, con la que las instituciones públicas gestionan los subsistemas de dotación y de capacitación de personal y recurso humano, denominado Sistema de Administración de Puestos de Trabajo, este es ejecutado por la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia. Sin embargo, este solo se aplica al órgano Ejecutivo y algunas autónomas.
También, la implementación de la Plataforma Empleo Público, lanzada este año por la Secretaría de Participación ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, con el fin de transparentar los procesos de selección de personal y facilitar al público el acceso a los mismos.
“A la fecha, según registros del portal (www.empleospúblicos.gob.sv) se han obtenido más de tres millones de visitas y sometido a concurso público un total de 498 puestos de trabajo”, explicó Loyda Robles de FESPAD.
Robles dijo que otra de as buenas prácticas, desarrolladas por el Estado, es la implementación de la modalidad “currículos ciegos”, que permite fomentar un tratamiento equitativo entre hombres y mujeres, mediante el establecimiento de criterios no subjetivos, con lo que se evita a exclusión y el favoritismo, para el otorgamiento de plazas públicas. Pese a esto, las organizaciones también recomiendan que se realicen mejoras para la implementación y cumplimiento de la Convención, entre las que destaca, retomar e impulsar la Ley de la Función Pública; Implementar política de “a igual trabajo igual salario”, realizar un ordenamiento de puestos en los gobiernos locales, aprobar una Ley de Probidad Efectiva que reduzca el enriquecimiento ilícito.
Para la elaboración del informe, se siguió la metodología aprobada por el comité de expertos en la Convención Interamericana contra la corrupción, tomando en cuenta la relación entre una remuneración equitativa y la probidad en el servicio público.
