Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Nos preocupa que dentro de toda esta situación del régimen de excepción, que lleva 26 veces prorrogada, y la criminalización de personas defensoras, tenga consecuencias en las juventudes, y un impacto particular en la vida de las mujeres”, dijo Alejandra Burgos, coordinadora de la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos.
En el Día Internacional de Acción Global por al Salud de las Mujeres, las organizaciones Colectiva Feminista de Desarrollo Local, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, el Centro de Derechos Reproductivos y al Sombrilla Centroamericana, emitieron una “Alerta”, por la “preocupante situación de salud integral” que enfrentan las mujeres en El Salvador.
“Tenemos la profundización en la crisis de cuidados, y observamos cómo las mujeres son quienes tienen que enfrentar la búsqueda de justicia por sus familiares encarcelados. Y cómo en estos días son las mujeres las que buscan a sus hijos desaparecidos y en diversas problemáticas, a las que tratan de invisibilizar”, manifestó Burgos.
Burgos también ser refirió a la ausencia o reserva de datos oficiales, la violencia que enfrentan las mujeres, las jóvenes o la población LGBTI, al que se suma un “discurso de profundización del odio y la hostilidad política”, contra personas defensoras de derechos humanos.
En este marco del Día Internacional por la Salud de las Mujeres, es preocupante no tener datos oficiales sobre la situación por ejemplo las estadísticas de embarazos de adolescentes, la violencia sexual que enfrentan las niñas, niños y las adolescentes, afirmó.
“Preocupa mucho más que haya discursos y leyes regresivas en materia de derechos humanos, así como los sexuales y reproductivos, en este contexto de régimen de excepción”, dijo.
También, agregó, que las mujeres enfrentan la criminalización por las emergencias obstétricas. Hemos visto como en el pasado las mujeres han sido encarceladas porque todavía no se ha regulado nuestro sistema penal, alegó Burgos.
En esa línea, las organizaciones mencionaron la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el caso de Manuela, que estableció “estándares para garantizar el derecho a la salud de las mujeres”, específicamente a aquellas que habían sido víctimas de la criminalización por emergencias obstétricas.
“Nosotras trabajamos por la salud y la vida, que observa condiciones de dignidad, pero las realidades cotidianas, los problemas concretos y la situación de falta de acceso a salud o del incumplimiento de estas políticas en esta materia de salud las enfrentan las mujeres en situación de vulnerabilidad”, alegó.
Para la coordinadora de la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, es irrelevante hablar de las normativas Nacer con Cariño y Crecer Juntos, cuando no se está garantizando los medios y todas las necesidades básicas, para que los embarazos no solamente sean llevados a buen término, si las gestantes no cuentan con información necesaria, medicamentos y procedimientos adecuados para decidir o no, llevar esos embarazos a término.
“No tenemos información científica, laica y basada en derechos humanos en los centros escolares y en los centros de salud y la atención que se necesita. Por el contrario, hay un discurso de hostilidad política y persecución a las organizaciones sociales que prestan este servicio y que acompañan estas realidades de las mujeres”, expresó.
“Eso es lo que vemos del Estado, no está preocupado por las realidades concretas que enfrentan las niñas y juventudes. Nos preocupa esta falta de información y datos oficiales. Porque tenemos decretos que se hacen en redes sociales, basta una declaración en tweet para que se tomen medidas en materia de salud o educación, esto es alarmante para garantizar salud y educación”, reiteró Burgos.
Cifras maquilladas por el Estado salvadoreño
Sobre los datos específicos sobre la salud sexual y reproductiva, Roxana Rodríguez, activista de derechos humanos, integrante de Sombrilla Centroamericana y de la Asamblea Feminista, afirmó que existen “incongruencias” en los datos oficiales de este último quinquenio.
“Datos del Ministerio de Salud, que hasta el 2021 publicó las cifras de inscripción de embarazos, señalaba que se ha reducido la cantidad de embarazos en todos las edades, pero la inscripción de embarazos en niñas y adolescentes de 10 a 19 años, sigue rondando el 20%, es decir, 1 de cada 5 inscripciones, y nos hemos estacionado allí. Y no olvidemos que la mayoría de esos embarazos son producto de violencia sexual”, señaló.
“En relación a los partos atendidos por el sistema de salud, nos llama la atención que en relación a las inscripciones maternas teníamos un 90%, que en pandemia bajó y después se tiene un dato raro (2021) en donde hubo más inscripciones que partos atendidos, esto datos es raro”, enfatizó Rodríguez.
Manifestó que ya sin contar con información oficial, pudieron obtener algunos porcentajes a través de declaraciones de los funcionarios a medios de comunicación, en donde la cifra de 69 mil 77 partos atendidos en el 2023, difieren con las 45 mil 309 inscripciones de embarazos.
“Este reporte pone en duda -lo que dicen las autoridades- es que no tiene lógica ese dato y es que cuando se dicen mentiras, el problema es que deben seguir mintiendo y constantemente, porque en cualquier momento la mentira se cae, esa es nuestra impresión”, afirmó.
“Como Sombrilla Centroamericana solicitamos información pública al Ministerio de Salud, y nos respondió que no tenían personal para procesar la información que necesitábamos. No nos brindaron los datos, entonces, hemos construído nuestros cuadros desde fuentes secundarias como el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos de ORMUSA, los datos de la Plataforma de Indicadores de la OPS y otros sitios, para armar este rompecabezas”, enfatizó Rodríguez.
Lineamientos y Protocolos en Caso Manuela
Esteban Madrigal, asesor legal senior para Latinoamérica y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, explicó que con la sentencia de Manuela, la Corte IDH estableció estándares para garantizar el derecho a las mujeres, específicamente a aquellas criminalizadas por emergencias obstétricas.
“Lo que ha sucedido con estos lineamientos (Corte IDH) es que no han sido socializados, no hay un conocimiento real de parte de las autoridades y funcionarios de salud de cómo se van a implementar”, manifestó.
“Existen todavía algunos elementos concretos que finalmente se establecen -como puertas-, para que las mujeres sigan siendo denunciadas por parte de los trabajadores de salud. Y, si bien están esos lineamientos, tampoco cumplen necesariamente con los estándares internacionales, eso observamos”, añadió Madrigal.
Una “consecuencia de esta falta de aplicación de la sentencia, es que se siguen teniendo mujeres criminalizadas por emergencias obstétricas”, con el agravante que siguen siendo denunciadas por parte de los empleados de salud, cuando la sentencia de Manuela, contempla medidas importantes para que los Estados garanticen la salud de las mujeres, “en donde hay lineamientos y protocolos como el secreto profesional y atención a las emergencias obstétricas” , concluyó Madrigal.